El juez de la Audiencia Nacional que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por tres posibles delitos en el ‘caso Dina’, aprecia una agravante de género en la actuación del vicepresidente del Gobierno respecto a su exasesora Dina Bousselham.

El magistrado Manuel García-Castellón pide al Alto Tribunal que investigue a Iglesias por denuncia falsa, daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos, delito este último en el que aprecia el agravante «por razones de género».

En la página 19 de las 63 que componen su escrito, el juez de la Audiencia Nacional argumenta que Iglesias podría haber incurrido en el delito contemplado en el artículo 197.2 del Código Penal, castigado con penas de uno a cuatro años de prisión, y multa de 12 a 24 meses, para quien «sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero».

«Este magistrado entiende que en el presente caso concurriría además la circunstancia agravante del artículo 22.4 del Código Penal, al entender que el hecho se habría cometido por razones de género», añade el juez García-Castellón.

El magistrado acusa a Iglesias en su escrito de haber recibido una copia del volcado del móvil de su asesora con fotos íntimas suyas y no habérsela devuelto durante al menos seis meses.