PSOE y Podemos han registrado este martes en el Congreso de los Diputados su proposición de ley para reformar el Poder Judicial con la que pretenden desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin contar con el apoyo del Partido Popular.

Los dos partidos de Gobierno han optado por esta vía -la de que sean los grupos parlamentarios quienes registren la propuesta- para que su aprobación (que exigiría la mayoría absoluta de la Cámara Baja, 176 diputados) sea más rápida y no requiera de los informes preceptivos del propio Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado que harían falta en caso de partir la propuesta de reforma del Gobierno.

Según la proposición a la que ha tenido acceso El Independiente de fuentes parlamentarias, PSOE y Podemos pretenden que los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial puedan ser elegidos con una mayoría absoluta en lugar de con los 3/5 del Congreso y el Senado que ahora exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto sería posible, según la nueva redacción del artículo 572 de la ley que quieren sacar adelante, en una segunda votación en caso de que la primera sea fallida.

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«Cada una de las Cámaras elegirá, en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial de entre aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el presente título».

«Si en la primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis Vocales del turno judicial por mayoría absoluta».

El documento registrado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial también contempla la limitación de las funciones del órgano de Gobierno de los jueces una vez éste haya cumplido su mandato por cinco años.

La proposición, que han registrado en el Congreso la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra, y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se presenta con el «objeto», según su exposición de motivos, de «adecuar el sistema de designación de Vocales del turno judicial al pluralismo existente en el seno de la sociedad española y en el seno del Poder Judicial». Quienes la impulsan se han apoyado, de hecho, en un tramo de la sentencia de agosto de 1986 del Tribunal Constitucional en el que el Alto Tribunal dedujo «la existencia de un consenso implícito sobre la necesidad de que los doce vocales procedentes de la Carrera Judicial expresasen no sólo diferentes niveles de experiencia por su función y su edad, sino las distintas corrientes de pensamiento existentes en aquélla, pero ese consenso no parece extenderse hasta la determinación del procedimiento adecuado para alcanzar tal resultado, de forma que no se constitucionalizó una fórmula correcta, sino que los constituyentes se limitaron a remitirla a una futura Ley Orgánica».

«Queda, por tanto, encomendada al legislador orgánico -afirman los representantes de PSOE y Podemos en su proposición- la adaptación del sistema de elección de estos vocales a la realidad del momento, lo que habrá de hacerse, remarca el Tribunal Constitucional, con el objetivo principal de ‘asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial'».

«Laguna jurídica» que debe ser corregida

Respecto a la «superación del plazo máximo del mandato del Consejo» que se alcanzó a finales de 2018 y no se ha conseguido desbloquear por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar a los vocales, Unidas Podemos y PSOE consideran que se trata de una situación «extraordinaria» en la que el órgano de Gobierno de los jueces no puede conservar las mismas funciones. Hace dos semanas, sin ir más lejos, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial hizo distintos nombramientos de la cúpula judicial ante la falta de renovación, remitiéndose al «mandato constitucional» a pesar de las críticas del Gobierno, que echó en cara al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que retomara los nombramientos.

Para PSOE y Podemos, «esta laguna jurídica constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido». Por ello, consideran que «partiendo de que lo deseable será siempre que la renovación del CGPJ se produzca de manera inmediata a la finalización de su mandato debe, no obstante, preverse un régimen jurídico completo y adecuado para cuando tal circunstancia no se de». Proponen, por tanto, limitar las funciones del órgano de Gobierno de los jueces una vez finalizado su mandato y que el Pleno del CGPJ no pueda realizar nombramientos llegado ese momento.