España

Anticorrupción se opone a que el Supremo abra una causa a Iglesias por el 'caso Dina'

Los fiscales del 'caso Villarejo' envían un informe a la Fiscalía General con las razones por las que creen que el alto tribunal no puede investigar al vicepresidente del Gobierno con los indicios que expuso el juez Manuel García-Castellón

Los vicepresidentes del Gobierno, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, en Moncloa. EFE

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha enviado una nota interna a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la que se opone a que se abra una investigación en el Tribunal Supremo al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en relación a la pieza Dina de la causa Tándem.

Según adelanta La Vanguardia, esa nota interna se habría entregado al teniente fiscal Luis Navajas para que lo tenga en cuenta a la hora de redactar su informe definitivo sobre si procede o no abrir causa en el alto tribunal a Iglesias. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este mismo jueves en un acto organizado por el Colegio de Abogados de Madrid al ser preguntada al respecto que ella no opina y no participa en el desarrollo del informe que prepara el Ministerio Público al respecto.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press confirman que esa nota interna ha sido enviada a la FGE. En estos momentos, la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo permanece a la espera del informe fiscal (en cuya elaboración participarán ocho fiscales de Sala del Supremo) solicitado la semana pasada, para decidir si procede o no ir contra Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación a la pieza Dina.

Tras la exposición razonada de García-Castellón

Estos movimientos en el Ministerio Público llegan después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de ‘Tándem’ elevara al Supremo exposición razonada al entender que existen indicios para comenzar a investigar tanto al líder ‘morado’ como a la propia Dina Boussellham, a la vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo, a la expareja de Bousselham Ricardo Sa Ferreira y a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo.

El juez de la Audiencia Nacional señalaba que Iglesias recibió en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.

Destacaba que pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, éste se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que el líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado.

El juez ve indicios de que dañó la tarjeta

Otro punto significativo para el magistrado es el hecho de que Iglesias devolviera a la que fuera su asesora la tarjeta inoperativa y, advierte de que si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. «Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento», afirma el magistrado.

Asimismo, indicaba en el escrito que en julio de 2016 un medio de comunicación publicó durante varios días noticias acompañadas de las imágenes procedentes del dispositivo de Bousselham y que Pablo Iglesias había visto en la tarjeta de memoria. El juez subraya que Iglesias en ese momento tenía acceso a la tarjeta que guardaba en su poder por los que sabía que se estaban publicando imágenes enviadas a terceros mandadas por la asesora.

En este sentido, afirma que con la única finalidad de desprestigiar a ese medio de comunicación, y a sabiendas del origen de las imágenes publicadas, instó a «los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de simular falsariamente, una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015».

De este modo, el magistrado relataba que, bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica del partido, presentaron la desaparición del teléfono «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en el digital, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos» y así usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.

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