Pablo Iglesias, durante una intervención en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.

Pablo Iglesias, durante una intervención en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. EP

España

Cronología del 'caso Dina': los 20 meses que acechan a Pablo Iglesias

La declaración judicial de Dina Bousselham en la que admitió que compartió pantallazos de su móvil y que no pudo acceder a la tarjeta que le entregó el líder de Podemos desató todas las sospechas del juez sobre el vicepresidente del Gobierno

Faltaban 32 días para las elecciones generales del 28 de abril, las primeras a las que se enfrentaba Pedro Sánchez después de desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa tras prosperar la moción de censura. El 27 de marzo de 2019, Pablo Iglesias declaró como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que ocho días antes había abierto una investigación para determinar si el el comisario Villarejo estaba detrás del robo del teléfono móvil a su ex colaboradora Dina Bousselham. «Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías, medios de comunicación y grandes empresarios», dijo a los periodistas al término de su comparecencia.

Año y medio después, el mismo magistrado que le ofreció la condición de perjudicado ha pedido al Supremo que abra causa contra él -al gozar de aforamiento por su condición de vicepresidente segundo del Gobierno- como presunto autor de delitos de denuncia falsa, daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos. Según el instructor, Iglesias urdió una conspiración con la única finalidad de conseguir «rédito electoral».

A la espera de que el Supremo analice la exposición razonada que ha recibido del juez Manuel García-Castellón y determine si hay indicios de delito, el caso Dina se ha convertido ya en el caso Iglesias. Ésta es la secuencia de hechos que comprometen al líder de Podemos.

2015: a Bousselham le roban el móvil

El robo del móvil de la asesora de Iglesias a finales de 2015 -investigado en la Audiencia Nacional como el punto inicial del caso Dina tras la aparición de un volcado del móvil en casa del comisario Villarejo– permaneció dormido para Podemos durante más de medio año. O, al menos, en ese periodo de tiempo el partido no relacionó el suceso con ninguna campaña de las ‘cloacas policiales del Estado’ contra su líder. Esa conexión no se denunció hasta que los mensajes del móvil de Bousselham aparecieron publicados en el digital Okdiario en julio de 2016.

Lo que sí ocurrió en ese espacio de tiempo -concretamente el 20 de enero de 2016- es que Pablo Iglesias recibió una copia del volcado del móvil de su antigua colaboradora de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah, quien le indicó que ésta había llegado a la revista Interviú por medio de un anónimo y que no publicarían nada de lo que contenía el dispositivo por tener carácter íntimo. Así lo confirmó Iglesias también ante el juez Manuel García-Castellón el 27 de marzo de 2019, cuando fue a declarar como testigo y el magistrado le ofreció figurar como perjudicado o víctima de la presunta organización criminal comandada por Villarejo.

Aquél día, estando la pieza de investigación aún bajo secreto sumarial, Iglesias afirmó que no le extrañaba que el comisario jubilado estuviera detrás del robo del móvil de Bousselham y la filtración a la prensa de los mensajes entre miembros de Podemos contenidos en aquél para «perjudicarle», igual que otros miembros de la cúpula policial durante el Gobierno de Rajoy habían tratado de colar informes falsos sobre él (informe Pablo Iglesias SA, PISA) a los medios de comunicación. Indicó que esos mensajes se habían difundido precisamente cuando las encuestas situaban a su partido como segunda fuerza política.

El juez escuchó la versión de Iglesias e incluso se la agradeció. «Me alegro de que lo haya explicado usted así, tan bien que yo lo haya entendido, porque efectivamente en el procedimiento que aquí se sigue, que usted conocerá por la prensa, respecto al señor Villarejo aparecen implicaciones del Ministerio de Interior muy serias, la investigación es muy amplia, indicó el instructor.

En ese momento, en otra pieza separada del caso Tándem se investigaba si, durante el Gobierno de Rajoy, Interior encargó a un grupo parapolicial -con Villarejo a la cabeza- requisar al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas documentos comprometedores para altos cargos de dicho partido a espaldas de la Justicia, según se ha conocido una vez levantado el secreto de la causa (Kitchen). De ahí que el juez se refiriera a que se estaban investigando «implicaciones del Ministerio del Interior muy serias».

Archivos en casa de Villarejo

El juez tomó declaración a Pablo Iglesias días después de abrir una pieza de investigación (el 19 de marzo de 2019) en el caso Villarejo en la que se abordaría el robo del móvil de Bousselham, la filtración de mensajes contenidos en su interior a la prensa y la aparición en casa del antiguo agente encubierto -en prisión preventiva desde noviembre de 2017- de un volcado con archivos procedentes de la tarjeta de memoria de la ex asistente de Iglesias.

Precisamente este último hecho es vital para la causa. Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía encontraron los archivos Dina 3 y 4 en los registros de casa del comisario investigado cuando fue detenido (noviembre de 2017). Un año después, en noviembre de 2018, Bousselham (quien continuaba vinculada laboralmente a Podemos) prestó declaración ante los agentes de Asuntos Internos sobre el robo.

Meses después, los fiscales Anticorrupción del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, solicitaron al juez abrir la pieza de investigación sobre el robo del móvil sobre la hipótesis de que Villarejo pudo estar detrás de éste y también de la filtración de los mensajes entre miembros de Podemos a la prensa para perjudicar a Pablo Iglesias. Podemos, que es acusación popular en el resto de piezas del caso Villarejo, pidió la personación y que se practicara una serie de diligencias. Entre éstas, la de incorporar a la causa el informe policial PISA contra Iglesias como otro de los documentos difundidos por las ‘cloacas policiales’ para desestabilizar a dicho partido. El juez admitió incorporarlo y posteriormente lo sacó de la causa.

El 18 de mayo de 2020, una nueva declaración de Dina Bousselham ante el juez hizo cambiar el rumbo del caso y supone el principio de todos los problemas que ahora acechan a Pablo Iglesias. Es preguntada por un informe policial incorporado en la causa a petición de la defensa de Villarejo, del que se extrae que ella misma compartió los pantallazos de las conversaciones entre miembros de Podemos en 2014 que acabaron publicadas en Okdiario. En éstas, Pablo Iglesias afirmaba que «azotaría hasta que sangrara» a la presentadora de televisión Mariló Montero y miembros del partido se mofaban de Pablo Echenique.

Los ‘pantallazos’ de Dina dinamitan la causa

La ex asesora de Iglesias, que cinco días antes de esta nueva declaración fue nombrada directora del medio propagandístico del partido morado La Última Hora, reconoció ante el juez que envió los mensajes «a terceros». No sólo eso. También afirmó que Pablo Iglesias le devolvió la tarjeta de su móvil meses después de haberla recibido de manos del presidente del Grupo Zeta y que, cuando trató de ver el contenido del dispositivo, no pudo al estar dañado. Por eso, confesó que ella y su pareja, Ricardo Sa de Ferreira, se dirigieron a una empresa de Gales para tratar de recuperarla.

Aquella declaración levantó todas las sospechas del juez y también de los fiscales. Se dieron cuenta de que surgía una vía alternativa por la que los mensajes hubieran llegado a la prensa y no que los hubiera entregado Villarejo. De ahí que los fiscales solicitaran al juez retirar la condición de perjudicado a Villarejo, a lo que éste accedió.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional comenzó a sospechar de las intenciones de Pablo Iglesias en el manejo de la tarjeta de su asesora y de las razones por las que habría tratado de inutilizarla. Fue a partir de ese momento cuando comenzó a reunir indicios de dos presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos contra él.

Trata de rectificar, pero ya es tarde

Después de la declaración que puso en apuros a su jefe, Bousselham presentó una carta ante el juez en la que se desdecía abiertamente. En el documento, que llevaba también la firma de la abogada Marta Flor Núñez que representaba a Iglesias y a Podemos, Bousselham sostenía que cuando éste le entregó la tarjeta en realidad «funcionaba y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono», a pesar de que había dicho lo contrario días antes. Esta matización es importante por cuanto se produce cuando el juez le había retirado ya la condición de perjudicado al líder de Podemos.

La actuación de Bousselham enfadó al magistrado García-Castellón, que sintió que se estaba burlando de él. Incluso valoró pedir que se le investigara por falso testimonio, según pudo conocer El Independiente. Sin embargo, lo que decidió finalmente fue darle mayor protección frente a Iglesias ante el que creyó que «podía estar indefensa» por presentarse un conflicto de intereses dado que compartían abogada. Llegó a prohibir a Marta Flor Núñez que representara a los dos a la vez.

Pasados los meses, se entiende que el juez protegiera más todavía a Bousselham puesto que la investigación abierta en la Audiencia Nacional afectaba a la organización criminal presuntamente liderada por Villarejo. Así se lo recordó recientemente la Sala de lo Penal. Si García-Castellón hubiera expuesto indicios de delito contra Bousselham antes de haber concluido su investigación a Villarejo en esta pieza, tendría que haberlos enviado a un juzgado de instrucción de Madrid, perdiendo el control de los hechos que finalmente ha expuesto contra el líder de Podemos ante el Tribunal Supremo en la exposición razonada que le ha elevado esta semana para que se le investigue.

Y mientras Iglesias y Bousselham presentaban escritos para que el juez rectificara en sus decisiones, el comisario José Manuel Villarejo denunció la presunta connivencia entre los fiscales del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, y la acusación Podemos.

El fiscal ‘Ironman’ y la abogada de Iglesias

En junio de 2020, El Confidencial desvela mensajes intercambiados por miembros del equipo legal de Podemos, de los que se extrae que la abogada Marta Flor Núñez pudo acceder a datos de la investigación Dina antes de que el juez iniciara las actuaciones por su «relación» con el fiscal Ignacio Stampa, al que se refería como «Ironman» en dichos mensajes con sus compañeros. Según publicó el mismo diario, la acusación popular y los representantes de la Fiscalía tuvieron varias reuniones en las que «acordaron» la estrategia para implicar a Villarejo en la difusión de los mensajes del móvil de Bousselham.

Por esas fechas, la letrada Núñez mantenía denunciado por acoso laboral y sexual en un juzgado de Madrid a su ex compañero en el equipo jurídico de Podemos José Manuel Calvente. Este abogado fue expulsado del partido en diciembre de 2019 y había denunciado internamente que Flor Núñez pondría en peligro la instrucción del caso Dina por su «relación íntima» con el fiscal Stampa. La juez de Madrid que le investigaba archivó la causa por acoso contra él al no apreciar indicios de delito.

La Fiscalía General del Estado anunció una investigación interna a Stampa tras las informaciones publicadas sobre el caso Villarejo y una querella de Vox contra él por estos hechos provocó que la Fiscalía de Madrid abriera unas diligencias para ver si propone al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le investigue.

El pasado 1 de agosto, el abogado Calvente -cuyas denuncias sobre las irregularidades que afirma conoció en Podemos también han derivado en la apertura de una investigación por administración desleal y malversación a la cúpula del partido– afirmó en una entrevista concedida al diario El Mundo que el caso Dina fue un «montaje». Tras esta declaración pública, el juez Manuel García-Castellón le citó a declarar como testigo.

El testimonio de Calvente

Calvente se ratificó en sede judicial y afirmó que el montaje para presentar a Iglesias como víctima de las ‘cloacas policiales’ lo gestó la cúpula del partido -con el conocimiento y aprobación del equipo jurídico- tras publicarse los mensajes del móvil de Bousselham en Okdiario. Dijo que en el verano de 2016 hubo una reunión de la cúpula de Podemos en la que Iglesias afirmó saber que los mensajes eran fruto de una filtración interna porque ya habían pasado las dos elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016 y, por lo tanto, con ellos no se buscaba hundirles pero aún así pidió que se ampliara la denuncia sobre el robo del móvil de Bousselham para atacar al diario digital que dirige Eduardo Inda, con el que mantiene un enfrentamiento público desde hace años.

Sin embargo, según declaró Calvente, ocultó que tuviera en su poder la tarjeta. El juez dio credibilidad a la versión del testigo y, de hecho, reproduce su relato en la exposición razonada en la que pide investigar a Iglesias y a los miembros del equipo jurídico de Podemos en aquél momento, Gloria Elizo y Raúl Carballedo, por presentar la denuncia y relacionar el robo con las publicaciones a sabiendas de que era falso.

El juez considera que todos, bajo las órdenes de Iglesias, orquestaron una estrategia para utilizar la investigación contra Villarejo en la Audiencia Nacional como una «oportunidad política» en busca de «rédito político» al presentarse el líder de Podemos como víctima de las ‘cloacas policiales’. Por eso ha pedido al Supremo que abra causa contra el hoy vicepresidente segundo del Gobierno y la ex coordinadora jurídica de Podemos y actual vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, por presuntos delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos.

Iglesias, beneficiado ahora por el aforamiento que criticaba cuando estaba en la oposición, ya ha adelantado que no piensa renunciar a sus cargos y que es «inconcebible» que el alto tribunal lo impute. «No dimitiré ni como simple hipótesis. Todavía no han condenado a nadie en España por sus ideas», ha proclamado. La última palabra la tienen los cinco magistrados que integran la Sala Segunda del Supremo.

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