La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de apelación de Pablo Iglesias contra la decisión del juez del caso Villarejo de retirarle la condición de perjudicado en la pieza Dina, donde se investiga el robo del móvil de su exasesora, Dina Bousselham, la publicación de conversaciones contenidas en su interior en prensa y la aparición de una copia del volcado de la tarjeta en casa del comisario en prisión preventiva, José Manuel Villarejo. Los magistrados corrigen la decisión del instructor y ordenan que devuelva al secretario general de Podemos su condición de perjudicado.

Consideran que los elementos por los que comenzó la investigación y por los que el juez ofreció a Iglesias figurar como víctima de la presunta organización criminal de Villarejo aprovechando su condición policial para acceder a documentación restringida y hacer seguimientos a personas o intervenciones sin autorización judicial continúan. También añaden que en el registro del domicilio del comisario apareció una copia del volcado del móvil de Bousselham después de que denunciara el robo y de que las publicaciones de conversaciones entre miembros de Podemos guardadas en éste se publicaran en el digital Okdiario.

Así, concluyen que los indicios continúan apuntando a Villarejo y a su presunta organización criminal. Explican que el juez «no pudo basarse sino en la aceptación como verosímil con arreglo a lo actuado hasta esa fecha, del hecho de que la publicación de los archivos inicialmente almacenados en el teléfono de la señora Bousselham tuviese como fuente a la organización del señor Villarejo, objeto de investigación en estas diligencias previas unida tal aceptación a la consideración como eventualmente delictiva de la obtención y/o difusión de la información y a la apreciación de la virtualidad de la difusión e esos contenidos para causar un quebranto al señor Iglesias”. Por tanto, consideran que los elementos que permitieron su personación como perjudicado, continúan.

«Hipótesis alternativas

Cuando García-Castellón tomó declaración a Iglesias como perjudicado, éste atribuyó a las cloacas policiales del Estado, es decir, a Villarejo y a la presunta organización «parapolicial» que lideraba, según se investiga en la Audiencia Nacional, la filtración de los mensajes contenidos en el móvil de Bousselham para perjudicarle a él y a su partido, que en el momento de la publicación (julio de 2016) se perfilaba como segunda fuerza política en las encuestas. Un relato de los hechos que el instructor agradeció e indicó a Iglesias que en la causa (en la que también se investiga la existencia del operativo policial Kitchen) aparecen «implicaciones del Ministerio de Interior muy serias».

Sin embargo, puesto que Bousselham reconoció que ella misma había enviado los pantallazos con las conversaciones de su móvil a terceras personas, el juez abrió la vía (en la línea de las peticiones de los imputados en la causa por entregar una copia del móvil de Bousselham a Villarejo y del propio comisario) de nuevas «hipótesis» de la filtración. También comenzó a reunir indicios contra Iglesias por presunta revelación de secretos y daños informáticos por recibir una copia del volcado del móvil de Bousselham y no entregarlo a su propietaria hasta seis meses después, así como porque ésta no pudiera ver su contenido al recibirlo.

En uno de sus autos, el juez indicó que no podía establecerse una relación entre Villarejo y la filtración de los mensajes a Okdiario, el digital que los publicó, por el relato que hizo Bousselham, reconociendo el envío de pantallazos de su móvil a otras personas.

Sin embargo, la Sala concluye que no hay pruebas que sustenten que los hechos ocurrieron por alguna de las nuevas vías que abre el instructor, sino que los indicios que existen siguen apuntando únicamente a Villarejo: «Nos encontramos ante meras hipótesis que no desvirtúan la ya referida conexión del recurrente Sr. Iglesias con el objeto del proceso en virtud de la cual -con arreglo a la valoración provisional que corresponde efectuar en esta fase procesal y sin perjuicio de lo que en su día pudiera resultar acreditada- se le reconoció la legitimación como parte en calidad de perjudicado y para actuar en defensa de sus derechos e intereses”, afirman.

De esta manera, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal cierra la posibildad de que el juez proponga que se investigue a Iglesias por daños informáticos o revelación de secretos e insta a continuar la investigación contra Villarejo. En relación con las «hipótesis alternativas» planteadas por el juzgado de instrucción respecto del origen de las informaciones publicadas, así como la naturaleza y autoría de los desperfectos de la tarjeta que Iglesias entregó a Bouselham, el tribunal indica que no serían competencia de la Audiencia Nacional al haberse cometido presuntamente los hechos fuera de la organización criminal investigada y por personas ajenas a ésta, por lo que las eventuales infracciones penales carecerían de la conexidad requerida para el enjuiciamiento conjunto, por lo que deberían ser investigas en otro órgano judicial.   

La Sala concluye que «el hecho de que esta pieza separada del caso Villarejo continúe abierta no puede obedecer sino a la existencia de indicios compatibles con la atribución a la organización investigada de la obtención ilícita y/o la publicación de los datos de la sra. Bouselham, lo que a su vez resulta compatible a expensas de lo que resulte en su día acreditado, con el eventual perjuicio del señor Iglesias”.