España

Las incógnitas del 'caso Iglesias' que quedan en manos del Tribunal Supremo

El juez cree que fue el líder de Podemos quien dañó la tarjeta telefónica de su ex asesora y pide al alto tribunal que lo cite para que lo aclare / La instrucción tampoco ha podido determinar cuánto tiempo tuvo el soporte antes de devolvérselo a Bousselham

Pablo Iglesias, llegando a la Audiencia Nacional el 27 de marzo de 2019 para declarar ante el juez del 'caso Dina'.

Pablo Iglesias, llegando a la Audiencia Nacional el 27 de marzo de 2019 para declarar en el 'caso Dina'. EP

La instrucción del caso Dina se cierra en la Audiencia Nacional después de año y medio de pesquisas sin haber resuelto dos incógnitas sobre la participación en los hechos de Pablo Iglesias: cuánto tiempo tuvo en su poder la tarjeta de memoria del teléfono móvil robado a su antigua asistente y qué intervención pudo tener en la inutilización de dicho soporte de almacenamiento de datos.

La Sala de lo Penal del Supremo deberá valorar ahora si ve motivos para abrir causa contra el líder de Podemos y la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, después de los indicios que el juez Manuel García-Castellón ha reunido y que detalla en la exposición razonada de 63 páginas que le enviará. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional considera que ambos diputados han podido delinquir, pero no es competente para investigarlos al gozar aquéllos de aforamiento.

Iglesias recibió «en buen estado» la tarjeta SIM de Dina Bousselham en la tarde del 20 de enero de 2016 de manos del presidente del Grupo Zeta (Antonio Asensio Mosbah), a quien se la habían entregado dos periodistas de la revista Interviú (Alberto Pozas y Luis Rendueles). El hoy vicepresidente segundo del Gobierno pudo ver su contenido en la sede de la editora, según reconoció cuando declaró como perjudicado ante el juez García-Castellón en vísperas de las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Cuando meses Pablo Iglesias se lo entregó a Bousselham, el soporte estaba inutilizado y su propietaria no pudo por tanto acceder a su contenido. «No consta que nadie más entrara en posesión de la tarjeta», ha concluido el instructor, que apunta a la «participación» del secretario general de Podemos «en la producción de los daños».

El magistrado considera que «una de las primeras diligencias» que debería acordar el Supremo si abre causa es citar a declarar a Iglesias para que explique «cómo se causaron» los desperfectos. «La única explicación posible para entender la inoperatividad de la tarjeta es que los daños se causaron mientras estaba en poder del Sr. Iglesias», razona García-Castellón, que señala al líder de Podemos como posible autor de un delito de daños informáticos.

Iglesias recibió la tarjeta «en buen estado» y cuando Bousselham la recibió meses después ya no pudo acceder al contenido

Durante la fase de instrucción, el juez ordenó la práctica de dos diligencias para tratar de aclarar esta cuestión y depurar eventuales responsabilidades penales. De un lado, pidió a la Sección de Ingeniería e Informática Forense de la Policía Nacional -perteneciente a la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica- un informe que determinó que, si bien no se apreciaban «fracturas externas sobre la superficie de la tarjeta», resultaba imposible determinar «el mecanismo usado para impedir su lectura».

Tampoco el juez ha considerado convincentes las explicaciones que, en respuesta a su comisión rogatoria, ha recibido de los responsables de la empresa galesa a la que la pareja de Dina Bousselham envió la tarjeta en septiembre de 2017 para tratar de abrirla y recuperar los datos que en ella se almacenaban. La compañía consideraba que era «irrecuperable» y que sería precisa la intervención de su departamento de su I+D, opción que declinó el cliente.

De víctima a ¿investigado?

García-Castellón entiende que tiene que ser el Tribunal Supremo el órgano que investigue cómo se dañó la tarjeta y quién lo hizo, dado que se trata de una diligencia «incriminatoria» que requiere previamente una imputación formal. Y él no podía llamar al procedimiento en calidad de investigado a Pablo Iglesias -sobre el que hace recaer todas las sospechas- por falta de competencia jurisdiccional.

Existe una segunda razón. El juez ha tenido que interrumpir la investigación después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigiera el pasado 16 de septiembre su decisión y restituyera a Iglesias la condición de víctima de la presunta organización criminal comandada por el comisario Villarejo que García-Castellón le había retirado a finales de mayo a instancia de la Fiscalía Anticorrupción. 

Esa resolución ha impedido al magistrado recabar «una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado», según subraya en la exposición razonada que ha enviado al alto tribunal. Como informó El Independiente, Manuel García-Castellón tenía previsto desplazarse personalmente en septiembre a Gales -donde está la sede central de la empresa a la que se envió la tarjeta para que recuperara su contenido- al no haber quedado satisfecho con las explicaciones que le ofrecieron tras la comisión rogatoria que tramitó.

La decisión de la Audiencia Nacional de restituir a Iglesias la condición de víctima ha impedido al juez practicar nuevas pruebas

La otra gran incógnita que la instrucción tampoco ha podido despejar en año y medio es el tiempo que Pablo Iglesias tuvo en su poder la tarjeta de memoria antes de devolvérsela a su propietaria. El líder de Podemos la recibió el 20 de enero de 2016, cuando se la entregó Antonio Asensio en las instalaciones del Grupo Zeta. Ese dato ha quedado acreditado de forma incontrovertible tras las testificales practicadas.

Lo que se desconoce con precisión es cuándo tuvo lugar la entrega. Bousselham no recuerda cuándo la recuperó, si bien lo relaciona con la decisión de su pareja -Ricardo Antonio de Sa Ferreira- de contactar con la empresa de recuperación. A las 18.48 horas del 23 de agosto de 2017, aquél envió un correo electrónico a la compañía preguntándole si podría dejarles esa semana el soporte en la oficina madrileña del Campo de las Naciones.

De esta forma, Pablo Iglesias detentó presumiblemente durante cerca de un año y medio la tarjeta SIM de su ex colaboradora, tras descubrir que el soporte -junto a fotografías privadas y otros documentos- guardaba archivos que revelaban que Bousselham «había capturado imágenes de conversaciones en las que intervenía el aforado».

«No someterla a más presión»

Durante una entrevista concedida a RNE el pasado 3 de julio, el vicepresidente segundo del Gobierno mantuvo que custodió durante meses la tarjeta del teléfono de su ex asesora para «no someter a Dina Bousselham a más presión». «Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas acaban en manos de [el periodista] Eduardo Inda», añadió.

Esta cuestión volvió a salir a relucir al ser entrevistado por la SER el pasado 8 de septiembre. Según declaró, creyó a Antonio Asensio cuando le dijo que había una sola copia y que era la que él le entregaba. «Poner a una persona en la tensión de saber que esas fotografías podían estar en manos de gentuza (…)», justificó.

El juez está convencido de que Iglesias mintió al presentarse como perjudicado por el presunto robo del móvil de su antigua asesora por parte de Villarejo y la filtración de los mensajes que había en su interior a Okdiario para «desprestigiarle». En su opinión, el líder de Podemos sabía desde el principio que fueron miembros de su partido quienes filtraron los mensajes que acabaron publicados en la prensa en el verano de 2016.

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