España AUDIENCIA NACIONAL

Las mentiras de Iglesias para sacar "rédito electoral" al caso Dina, según el juez

Manuel García-Castellón pide al Tribunal Supremo investigar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por hacer un "uso torticero del proceso penal" para "lograr un rédito electoral aparentando ser víctima de una actuación del señor Villarejo"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso. EFE

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ve claro que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, planeó una estrategia para simular una campaña de las cloacas del Estado para perjudicarle a raíz del robo del móvil de su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham.

El instructor de la Audiencia Nacional encuentra indicios suficientes para pedir al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno por denuncia falsa o simulación de delito; descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos.

1. «Dijo que el origen fue un robo y sabía que no»

El juez está convencido de que Iglesias mintió al presentarse como perjudicado del presunto robo del móvil de su asesora por parte de Villarejo y la filtración de los mensajes que había en su interior al digital Okdiario para «desprestigiarle» porque, según considera, el líder de Podemos sabía desde el principio que fueron miembros de su partido quienes filtraron los mensajes que acabaron publicados en prensa. De hecho, expone que sospechaba de que fue la propia Bousselham quien difundió las conversaciones entre sus compañeros de partido.

Aún así, concluye el juez, Iglesias «vio en la aparición» de una copia del móvil en casa de Villarejo «una oportunidad para lograr un rédito electoral aparentando ser víctima de una actuación del Sr. Villarejo» utilizando la investigación de la Audiencia Nacional. Para ello ordenó, según expone, a las abogadas Gloria Elizo y Marta Flor Núñez «repetir la denuncia en la que se simule la conexión material y temporal entre la desaparición de los objetos de Dina Bousselham y la publicación de las imágenes en el digital Okdiario«.

En la exposición razonada dirigida al alto tribunal, Manuel García-Castellón afirma que el equipo jurídico de Podemos -al que también pide investigar- hizo, por orden de Iglesias, un «uso torticero del proceso penal» aprovechando la denuncia que interpuso Bousselham en 2015 por el robo de su móvil y la investigación del Juzgado Central de Instrucción 6 a Villarejo.

«El señor Iglesias sabía de antemano que ni había hurto, ni conexión entre la sustracción y la publicación, ni delito de descubrimiento y revelación de secretos, pues había visto el contenido de la tarjeta y la tenía en su poder, por eso, probablemente meses después se la devolvió a su propietaria inservible; porque sabía que ella era el origen de la publicación», afirma García-Castellón.

2. «No quería esclarecer el delito»

Para constatar que la intención del líder de Podemos, su equipo, y finalmente también de Dina Bousselham y su pareja Ricardo Sa Ferreira -a los que el juez también considera se debe investigar por falso testimonio- no era la de aclarar un robo sino beneficiarse políticamente de la investigación, el instructor destaca la falta de interés del partido en la causa abierta a raíz del propio robo en un juzgado de Alcorcón (Madrid), a diferencia del interés y la proactividad que sí mostraron ante la Audiencia Nacional.

«Sólo así se entiende, como hemos señalado, que ni Podemos ni su secretario general se implicaran en el procedimiento pese a denunciar una finalidad política en la sustracción y que el señor Iglesias no revelara ni que había visto el contenido de la tarjeta en enero de 2016 ni que tenía la tarjeta en su poder». «El punto máximo de esta incoherencia procesal se alcanza cuando se constata que, tras el dictado del auto del 7 de mayo de 2018 en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid, la organización política no hace absolutamente nada pese a que se advierte la posibilidad de poder actuar por la intromisión ilegítima ante la jurisdicción competente, porque eran conscientes de que las imágenes publicadas eran el resultado de una filtración».

3. «No buscaba proteger a Dina Bousselham»

Pablo Iglesias argumentó en una entrevista en Radio Nacional de España que a pesar de que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah, le entregó una copia de la tarjeta del móvil de Bousselham en enero de 2016 tardó meses en devolverla a su propietaria para «protegerla» y «evitarle la tensión de saber que el contenido íntimo de su interior estaba en manos de gentuza sin escrúpulos».

El juez, sin embargo, ve claro que la intención era otra: ocultar que ella misma había filtrado las conversaciones y que, por tanto, su estrategia de atribuir el robo a Villarejo no se podía sostener.

El juez cree que vio también «la oportunidad de actuar contra el medio de comunicación Okdiario y su cúpula directiva», pues estaba enfrentado a su director Eduardo Inda en otras causas judiciales. Sabía, considera García-Castellón, que «la filtración a la prensa se había dado en el contexto de una batalla interna del partido».

Para constatarlo, se refiere a una reunión de altos cargos de Podemos que tuvo lugar a finales de julio de 2016 en la que Iglesias «explicó que sabía que las imágenes publicadas eran fruto de una filtración de gente del propio partido»; que «sabía que sabía que las imágenes publicadas en el medio digital Okdiario eran capturas de pantalla que había realizado Dina Bousselham con su propio teléfono móvil» y confirmó «que las publicaciones no tenían una finalidad política contra Podemos». Aunque el juez no especifica cuál ha sido la vía de obtención de estos indicios, fue la explicación que le dio el abogado expulsado del partido, José Manuel Calvente, cuando acudió a declarar como testigo tras afirmar públicamente que el caso Dina fue un «montaje» de Podemos.

4. «Dijo que los daños en la SD ‘no cambian nada'»

En la misma entrevista anteriormente citada, Iglesias no contestó a si la tarjeta de Bousselham estaba «inservible» en el momento en que se la devolvió. El juez cree que «existen elementos suficientes para poder atribuir al Sr. Iglesias los daños sufridos por la tarjeta SD», de ahí que pida al Supremo que se le investigue por daños informáticos además de por descubrimiento y revelación de secretos por quedarse durante «un periodo de tiempo que no ha sido posible concretar» con el dispositivo.

Para el juez, «es precisamente durante ese tiempo cuando, en un momento dado, el señor Iglesias, con ánimo de dejar la tarjeta inservible para su destino natural, procedió a inutilizar el dispositivo, impidiendo con ello tanto el almacenamiento de información como la posibilidad de acceder y recuperar los datos allí guardados».

A pesar de que la Policía Científica no logró determinar si fue Iglesias quien dañó la tarjeta, el juez ve que ésta es «la única explicación posible» puesto que Bousselham declaró (aunque luego cambió su versión) que aunque su jefe le dijo que pudo ver el contenido del dispositivo, cuando se la devolvió ella no pudo hacerlo. Después, su novio se dirigió a una empresa galesa de recuperación para tratar de arreglarla.

El magistrado reconoce que ha sido imposible recabar «una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado, Sr. Iglesias» por la «interrupción de la investigación tras el a auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 16 de septiembre de 2020». En éste, los magistrados corrigieron al instructor y acordaron devolver a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en el caso Villarejo.

La Sala concluyó que los únicos indicios del caso son los que apuntan a Villarejo por la aparición de una copia del volcado del móvil de Bousselham en su domicilio y que «el juez no pudo basarse sino en la aceptación como verosímil» de que la publicación de los mensajes «tuviese como fuente a la organización del señor Villarejo», así como «la apreciación de la virtualidad de la difusión de esos contenidos para causar un quebranto al señor Iglesias».

Los magistrados no dieron validez al resto de «hipótesis alternativas» o nuevas vías de investigación abiertas por el instructor y afirmaron que éstas, en todo caso, no deberían investigarse en la Audiencia Nacional. Ahora, el juez las envía al Tribunal Supremo en una exposición razonada, partiendo de un posible delito de denuncia falsa como subyacente de una estrategia orquestada por el vicepresidente y afirma que él ya ha concluido su parte de la investigación. Deja así en el tejado del alto tribunal la decisión de abrir o no una investigación contra el líder de Podemos.

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