Justo cuando Pedro Sánchez estaba presentando en directo desde Moncloa el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que, entre otras lecturas, blinda la coalición gubernamental al menos hasta agotar legislatura, un enorme jarro de agua fría caía sobre Moncloa: el juez del 'caso Dina' ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno por delito de denuncia falsa, revelación de secretos y delitos de daños informáticos dentro de la citada causa.

La primera reacción del PP ha llegado de la mano de su presidente, Pablo Casado, que ha exigido a Sánchez el cese "inmediato" del líder de Podemos, tras la petición del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de sentar al vicepresidente ante el Supremo. "Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura", ha escrito el jefe de la oposición.

En este mismo sentido se han expresado otros dirigentes del PP, como la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra o el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que han pedido "ejemplaridad" al Gobierno y han vuelto a tirar de hemeroteca para recordarle a Iglesias que hace años acorralaba al PP de Rajoy por el mismo motivo por el que ahora se le investiga a él.

Con motivo de la petición al Supremo por parte de García- Castellón, este martes ha comparecido de forma extraordinaria el máximo mandatario de Justicia en el PP, Enrique López, quien ha insistido en la idea de que "Pablo Iglesias estaría hoy imputado si no fuera por el aforamiento de la Constitución". Tras una reunión con los ex ministros del ramo de los gobiernos del PP -Ángel Acebes, Jose María Michavila, Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá-, López ha pedido de nuevo el cese del vicepresidente segundo, porque ante la actuación "mendaz y falsaria" de Iglesias solo cabe, a su juicio, la destitución o "la dimisión de Pedro Sánchez". El PP llevará al Congreso la próxima semana la reprobación de Pablo Iglesias, una votación que alimentará con los últimos hechos que acorralan al dirigente de Podemos.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha anunciado que su formación ha registrado de nuevo en la Cámara Baja una petición para la comparecencia del vicepresidente segundo, aunque ha evitado en este caso pedir el cese de Iglesias, una petición que no trasladará hasta que no se firme su imputación formal. No obstante, sí ha vinculado la formación naranja las "sombras de corrupción" de Iglesias a todo el Gobierno. "Le pregunto directamente a Sánchez. ¿Qué va a hacer ahora?", pronunciaba Bal.

Como su condición de aforado impide a García-Castellón imputar a Iglesias por los citados delitos, el magistrado ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que explica que el vicepresidente del Gobierno habría instrumentalizado la investigación del caso Villarejo para presentarse como víctima de la trama policial del comisario. El caso Dina investiga el robo del móvil a la ex asesora de Podemos, Dina Bousselham, la filtración de mensajes aparecidos en su interior y la aparición de una copia en la casa de José Manuel Villarejo. El pasado mes de mayo, el juez dio un giro de 180 grados y retiró a Iglesias la causa de perjudicado en la investigación, ante las múltiples contradicciones en que había incurrido el vicepresidente segundo en torno a los hechos. Sin embargo, el pasado mes de septiembre la Sala de lo Penal acordó readmitir al líder de Podemos como perjudicado en el caso Dina.

Entre los indicios que acorralan a Iglesias está el hecho de haber tenido en su poder la tarjeta de su ex asesora durante meses sin devolvérsela ni comunicárselo a su legítima propietaria, que recibiría la SIM mucho más tarde y dañada. Según el auto del juez García-Castellón, el vicepresidente tenía la tarjeta antes de que fuesen hallados los archivos en casa del comisario Villarejo.