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El juez viajará a Gales en septiembre tras el fiasco con el informe de la empresa que analizó la tarjeta de Dina

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El juez viajará a Gales en septiembre tras el fiasco con el informe de la empresa que analizó la tarjeta de Dina

La ex asesora de Podemos Dina Bousselham, a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE

Resumen:

El Juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón viajará personalmente a Gales durante la primera semana de septiembre al considerar que el informe realizado por la empresa británica sobre la tarjeta móvil de Dina Bousselham no aporta datos satisfactorios para la instrucción de la pieza, según han detallado fuentes jurídicas a El Independiente. En dicho documento, la compañía aseguró que la tarjeta era inaccesible, sin aclarar por qué. Esta cuestión es fundamental para esclarecer si el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pudo manipular la tarjeta de su ex asistente y, desde hace unos meses, directora del periódico digital La Última Hora.

En las últimos meses el procedimiento ha dado un giro de guión. Iglesias ha pasado de tener condición de víctima a jugarse la imputación por el Tribunal Supremo. Pero, para entender como ha llegado a este punto, hay que retroceder hasta el origen del caso. El 1 de noviembre de 2015, Dina y su pareja, Ricardo De Sa Ferreira, perdieron supuestamente un abrigo en el IKEA de Alcorcón. En la chaqueta se encontraba el móvil Sony Xperia Z2 de la entonces asesora de Podemos. Como no lo encontraron, la pareja denunció el hurto.

La tarjeta acabó en manos de la desaparecida Interviú. Contenía información personal de Dina, fotografías íntimas y datos del partido. La revista decidió no publicarlo y avisó a Iglesias para que fuera a recogerla. El 20 de enero de 2016 el dirigente morado acudió a la sede del Grupo Zeta, propietaria de la cabecera, y comprobó el material. Dos periodistas de Interviú, en cambio, facilitaron al comisario Villarejo un USB con el contenido del teléfono.

A mediados de 2016 varios medios, como Ok diario, comenzaron a publicar informaciones que perjudicaban a Podemos. El partido relacionó estas noticias con el desaparecido móvil de Dina y acusó a las «cloacas del Estado» de estar detrás del robo. Podemos afianzó su versión tras la detención de José Manuel Villarejo en noviembre de 2017. En el registro de la casa del comisario, la Policía Nacional halló varios documentos que procedían del móvil de Bousselham.

El ‘caso Dina’ llegó a los tribunales en 2018. Cuando Iglesias regresó de su baja paternal, en marzo de 2019, se personó como perjudicado en la pieza y utilizó la causa para su beneficio político. Pero la declaración que el pasado 18 de mayo hizo Dina ante el juez García-Castellón puso en entredicho al dirigente. Bousselham contó al magistrado que Iglesias tardó varios meses en devolverle la MicroSD. Cuando lo hizo, la joven no consiguió acceder a su contenido. La tarjeta estaba dañada.

El juez, descontento con el informe

El magistrado trata de aclarar ahora qué hizo Iglesias con la tarjeta. Sí se confirma que la dañó y la ocultó durante meses, estaría dispuesto a solicitar al Supremo —donde Iglesias está aforado— que le investigue por los posibles delitos de revelación de secretos y de daños informáticos. Aquí es donde entra en juego el papel de Recuperación Express, una empresa de Madrid con sede central en Gales.

Cuando Dina recibió de Iglesias la tarjeta dañada, su pareja, Ricardo De Sa Ferreira, contactó con esta compañía para recuperar el material. Los técnicos recibieron la MicroSD en septiembre de 2017, pero no lograron acceder al contenido. Ferreira prefirió no gastarse más de 600 euros en un nuevo análisis de la tarjeta y pidió a la empresa que se la enviaran de vuelta a España.

El juez viajará a Gales a la vuelta del verano. El informe deja en el aire cuestiones clave, como el origen de los daños a la tarjeta

A principios de julio, García-Castellón se planteó viajar a Gales para averiguar que actuaciones realizó Recuperación Express. Lo hizo por medio de una comisión rogatoria, que tuvo el visto bueno de las autoridades británicas. Pero la compañía envió un informe a la Audiencia Nacional y el magistrado no llegó a trasladarse.

En el documento, al que accedió El Confindecial, explicaron que el dispositivo estaba «físicamente intacto» cuando la recibieron. «No presentaba cortocircuitos y no se pudo acceder al mismo mediante nuestro ‘software’ especializado en recuperación de datos», expuso Arron James, director de la firma tecnológica. También se responsabilizaron de parte de los daños que sufrió la tarjeta. En las 40 páginas del informe no aclararon una cuestión crucial: ¿Por qué la MicroSD era inaccesible cuando llegó a manos de sus técnicos? Este detalle ayudaría al juez a esclarecer si Iglesias pudo dañar intencionadamente la MicroSD antes de entregársela a la joven.

El magistrado no está satisfecho con dicho informe. Las incógnitas que deja en el aire, como el origen de los daños en la tarjeta o el hecho de que no se haya podido acceder al contenido, no ayudan a la instrucción de la Audiencia Nacional. Ante tal situación, García-Castellón viajará finalmente a Galés al la vuelta de vacaciones, en la primera semana de septiembre. Una vez en suelo británico, solicitará a la empresa la información sobre sus actuaciones con la tarjeta de la ex asesora.

«La patraña del caso Dina»

«Mi calvario empezó cuando en febrero de 2019 me negué a participar en la patraña del caso Dina. Avisé de que se convertiría en el caso Iglesias. Acerté. No me lo perdonan». Estas palabras, escritas en Twitter el sábado, son de José Manuel Calvente, el abogado despedido de Podemos en 2019. El origen de su denuncia es otro de los varios flecos que forman parte del ‘caso Dina’: el del equipo legal de la formación morada.

Calvente aterrizó en Podemos en 2014. Junto a Gloria Elizo, hoy vicepresidenta tercera del Congreso, coordinó la estrategia legal del partido. Calvente actuó como letrado en las principales causas por corrupción en las que Podemos se presentaba como acusación popular. El año pasado, la dirección le despidió y le acusó de acoso sexual y laboral sobre Marta Flor, otra abogada del partido.

Esta semana, el ex coordinador del equipo legal ha sido noticia por varias razones. Una de ellas, el archivo de la causa abierta contra él por acoso sexual. Otra, por declarar en el juzgado que el partido de Pablo Iglesias tenía una ‘caja B’ y pagaba sobresueldos irregulares a sus miembros, según adelantó El Mundo. El broche final fue el tuit de este sábado donde calificó de «patraña» el ‘caso Dina’.

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