España | Política Caso Villarejo

El juez sitúa en el "centro nuclear" de la operación Kitchen al exministro de Interior

La declaración como investigado de Jorge Fernández Díaz en la Audiencia Nacional será clave para determinar el conocimiento del expresidente Mariano Rajoy sobre el supuesto espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2011 y 2016.

Jorge Fernández Díaz, en una comparecencia informativa durante su etapa como ministro del Interior. MINISTERIO DEL INTERIOR

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, encuentra ya indicios para considerar que entre 2013 y 2015 existió un operativo ilegal encargado desde el Ministerio de Interior a un grupo de policías con el fin de que recuperaran material comprometedor para altos cargos del Partido Popular en manos del extesorero de dicho partido, Luis Bárcenas, una vez entró en prisión preventiva tras estallar el caso Gürtel.

Este operativo policial -«internamente denominado Kitchen o Cocinero» y del que el exnúmero dos de la Policía, Eugenio Pino, estaba al tanto- habría perseguido precisamente encontrar la información sensible que guardaba el extesorero. Entre ésta, los implicados sospechaban que se encontraban grabaciones de conversaciones con Rajoy y María Dolores de Cospedal en la sede central del PP y querían evitar, supuestamente, que llegaran a manos del juez Pablo Ruz. En aquél momento, éste ya investigaba los papeles de Bárcenas, como se denominó a las anotaciones en las que habría reflejado la financiación irregular o caja B del PP.

De las investigaciones practicadas hasta la fecha, el juez llega a la conclusión de que el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, no sólo conocía el operativo sino que habría participado directamente en su dirección y coordinación. Así lo expuso en el auto de este viernes con el que acordó citarle a declarar como investigado el próximo 30 de octubre: «La presencia de Jorge Fernández Díaz resulta necesaria, útil y pertinente, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio de Interior, desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente, con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad [Francisco Martínez]».

Enfocada la investigación en esta línea, la siguiente incógnita a despejar será la de si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaba al tanto de la operación «parapolicial» que denuncia la Fiscalía Anticorrupción. Una duda que sólo podrá despejar Fernández Díaz, máximo órgano político de Interior que tenía vía directa con expresidente del Gobierno.

El comisario José Manuel Villarejo, en uno de los audios que la Policía encontró en su domicilio, dijo que Kitchen fue «una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que le comprometían al Presidente». El comisario hizo esta afirmación durante una conversación con Enrique García Castaño, otro de los altos cargos policiales reclutados por Interior para el operativo presuntamente ilegal.

Precisamente las conversaciones encontradas al comisario en prisión preventiva en los registros de su domicilio constituyen uno de los principales indicios con los que cuenta el juez, además de la información de fondos reservados aportada por Interior y los mensajes de móvil intercambiados entre Fernández Díaz y su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, de los que se extrae que el primero estaba al tanto de los avances en el espionaje a Bárcenas.

Martínez, que hasta la fecha era el único político investigado, se negó a ser el mártir de la operación orquestada presuntamente desde el Gobierno y decidió registrar ante notario los mensajes intercambiados con su jefe cuando vio que éste se desentendía públicamente de los hechos.

Aunque cuando fue citado por el juez se acogió a su derecho a no declarar, Martínez trasladó hace unos días al diario El País que se quedó «atónito» cuando Fernández Díaz le detalló la operación para espiar a Bárcenas, según publicó dicho diario. Algo que el juez, que le vuelve a citar el próximo 29 de octubre, le afea: «Se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez Vázquez, quien en una primera citación no quiso declarar, acogiéndose a su derecho constitucional a no hacerlo, y quien ha manifestado su voluntad de comparecer de nuevo en presencia judicial, y con mayor razón ahora debe procederse a su citación, una vez que ha podido acceder al contenido del sumario. Esta voluntad parece también evidenciarse de sus manifestaciones ante los medios de comunicación que recientemente se han publicado», reprocha el instructor.

Villarejo recibió «influencia», no dinero a cambio

Según repasa el juez en su auto, desde el primer oficio policial de la causa los indicios apuntan a que «personas vinculadas al Ministerio del Interior» encargaron al comisario José Manuel Villarejo, que tenía la condición de una especie de agente encubierto, que obtuviera información y documentación en manos de Bárcenas.

El juez destaca que Interior no encargó el trabajo a Villarejo a través de su empresa privada Cenyt, sino que «su intervención en esta operación se debe exclusivamente a su condición de comisario» y que «no se observa un pago directo al investigado por su intervención en esta operación, sino que la retribución se transforma en una suerte de influencia frente a quienes le encargaron la actuación».

Para llevarla a cabo, según repasa el instructor, Villarejo habría captado al también investigado Sergio Ríos Esgueva, en aquel momento chófer de Luis Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias, y persona de máxima confianza de ambos. A cambio de facilitar información, se le compensó con una mensualidad de 2.000 euros durante dos años «con cargo a fondos reservados, siendo también parte del pago por los servicios prestados la obtención de una plaza como agente del Cuerpo Nacional de Policía».

El Ministerio de Interior ha corroborado que se destinaron casi 50.000 euros de fondos reservados para pagar al confidente Ríos Esgueva. Para el juez, estos últimos hechos son indicadores de la participación de la cúpula del Ministerio de Interior en el operativo: «Especialmente revelador de la importancia de la cúpula del Ministerio en el desarrollo de esta operación es el pago a Sergio Ríos Esgueva de cantidades mensuales abonadas, al parecer, con cargo a los fondos reservados procedentes de Interior, lo que evidencia el conocimiento de estos hechos por parte de mandos superiores del organismo. También resulta revelador la obtención, por parte del señor Ríos de una plaza como funcionario del Cuerpo Nacional de la Policía, tras la superación de un proceso de oposición, extremo que requería necesariamente la participación de cargos con capacidad de influencia suficiente en el Ministerio».

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