Política 'OPERACIÓN KITCHEN'

La Fiscalía sostiene que el Gobierno encargó quitar a Bárcenas "información comprometedora" de Rajoy y Cospedal

El juez también apunta a que "órganos superiores del Estado" encargaron a un grupo "parapolicial" espiar al ex tesorero del Partido Popular y recuperar "material comprometedor" para "altos dirigentes del PP" que tenía en sus manos

María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy, en un acto del partido. EP

La Fiscalía Anticorrupción considera que el anterior Gobierno puso en marcha una operación con cargo a fondos reservados del Estado para recuperar «información comprometedora» en manos del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas para altos cargos de dicho partido como su presidente, Mariano Rajoy, o su secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Para ello, según expuso el Ministerio Público en el informe presentado el viernes pasado al juez del caso Villarejo, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz habría supervisado un dispositivo «parapolicial» encargado a los comisarios de Policía Nacional José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño del que tuvieron conocimiento también tanto Eugenio Pino, entonces número dos de la Policía, y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Este último, segundo cargo más importante en el organigrama del Ministerio de Interior, habría autorizado el pago con cargo a fondos reservados del Estado para compensar como confidente al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, al que la Policía captó como colaborador por 2.000 euros al mes durante dos años.

El Ministerio Público llega a estas conclusiones en el escrito de más de 50 páginas en el que pidió la imputación de Cospedal y Fernández Díaz por presuntos delitos de prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la denominada operación Kitchen. En el caso de la primera, Anticorrupción considera que estuvo a favor del supuesto espionaje de Estado ordenado por el Gobierno al margen de la ley a Bárcenas porque sabía que tenía información sobre ella misma y, en el caso del segundo, argumenta que hay indicios sobre su participación en los hechos «muy numerosos y concluyentes», principalmente los mensajes que se intercambió con el secretario de Estado de Seguridad en 2013, cuando se llevó a cabo supuestamente la operación y que su subordinado registró ante notario.

Estos mensajes, en los que Fernández Díaz facilitó el nombre del chófer de Bárcenas o dijo que alguna de las operaciones «se hizo con éxito», también se encontraron en los móviles que fueron requisados a Martínez por la Policía Judicial en su domicilio el pasado 13 de marzo a petición del juez García-Castellón.

Para los fiscales del caso Villarejo, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, lo que se buscó con esta operación urdida por miembros del Gobierno y del Partido Popular fue requisar a Bárcenas esa información tan delicada, evitando que acabara en «la investigación que se llevaba a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional», la causa de la financiación irregular o ‘caja B’ del PP.

El juez debe decidir si atiende a la petición de los representantes de la Fiscalía para imputar a los dos ex altos cargos populares. De momento ya ha asumido su relato de los hechos en el auto con el que levanta el secreto sumarial de la pieza 7 o Kitchen del caso Villarejo, en la que se investiga si existió tal dispositivo y cómo se llevó a cabo.

Ocultar información a la Justicia

El instructor expone que en la causa se investiga «un operativo parapolicial del que serían responsables Órganos Superiores y/o Directivos de la Administración General del Estado» que se habría llevado a cabo entre 2013 y 2015 para «la obtención por medio de dicho colaborador (Sergio Ríos), en cuanto persona de la máxima persona de confianza del matrimonio de información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material comprometedor para altos cargos dirigentes del Partido Popular, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial».

Quienes componen los órganos superiores del Estado son los ministros y los secretarios de Estado. De esta manera, el auto del juez también cerca la responsabilidad del encargo del operativo a los miembros del Gobierno de Rajoy, incluyéndole a él, y a «altos cargos dirigentes» del PP como María Dolores de Cospedal, que era su principal responsable como secretaria general.

También tiene condición de secretario de Estado el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y no es baladí recordar que uno de los mensajes que Martínez intercambió con Fernández Díaz y registró ante notario fue uno en el que hablaron de «un contacto en los Cecilios», como en el ámbito policial suele llamarse a los miembros de los servicios secretos, por lo que tampoco se descarta la participación de la Inteligencia del Estado en el operativo.

«Tenemos grabaciones entre Bárcenas y Rajoy»

El Ministerio Público aporta en su escrito ante el juez distintos indicios que apuntan a que la información que el Gobierno trataba de sacar de escena también afectaba al ex presidente del PP y del Gobierno Mariano Rajoy. Por un lado, esos indicios son los mensajes de texto enviados por Martínez y que le fueron requisados. Él mismo se dirigió directamente al presidente del PP para pedirle que no le dejaran «tirado» como único investigado en la causa.

En otro de los mensajes, que remitió al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, tras la declaración en sede judicial del comisario principal Enrique García Castaño, Martínez dijo: «Si tengo que declarar porque me impliquen, también irán Fernández Díaz y probablemente Rajoy». Martínez también se dirigió al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, al que confesó que su error fue «ser leal a miserables como Jorge (Fernández Díaz), Rajoy o Cospedal».

Por otro lado, los fiscales se refieren al contenido de grabaciones de conversaciones requisadas durante los registros a Villarejo. En una de ellas, mantenida con el empresario Adrián de la Joya, Villarejo afirmó: «Tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda, las tenemos». «Me ordenaron a mí, a mi gente, quitarla de un agujero, de un zulo que había…». Con ese zulo se refería al estudio de restauración que la esposa de Bárcenas tenía alquilado en el centro de Madrid y a donde Enrique García Castaño confesó que entró haciéndose pasar por un marchante de arte para tratar de recuperar información comprometedora.

En otra, García Castaño cuenta a Villarejo que el chófer de Bárcenas le transmitió que su «jefe» había grabado conversaciones con Rajoy en las que le amenazó con desvelar información que tenía guardada de la ‘caja B’: «(Bárcenas) se enfada y le amenaza y le dice: Oye, que yo tengo de Cospedal… y le dice el presidente: ¿Cómo tienes tú eso guardado? Tengo eso y mucho más». Parte de la información que los policías buscaban por encargo del Gobierno llegó a ser retirada a Bárcenas, según exponen los fiscales en su escrito.

El marido de Cospedal le presentó a Villarejo

Los representantes del Ministerio fiscal también solicitan al juez que cite a declarar al marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, porque él fue quien puso en contacto a Villarejo con el inspector de la Policía Andrés Gómez Gordo, responsable de Seguridad de su esposa cuando era presidenta de Castilla-La Mancha y quien habría captado al chófer de Bárcenas como colaborador, puesto que le conocía previamente.

López del Hierro también fue quien presentó a Villarejo a Cospedal años antes, y juntos habrían hecho «encargos para el PP», según la Fiscalía, al comisario al menos desde 2009. Unos contactos que ella también habría intentado evitar que salieran a la luz.

Precisamente José Manuel Villarejo atesoraba la grabación de un encuentro entre Cospedal, López del Hierro y el comisario en 2009, justo cuando estalló la operación Gürtel contra el PP, que se publicó en 2018 en el digital Moncloa.com y provocó la dimisión de Cospedal.

La reunión secreta en Génova, 13

Cuatro años antes de que se pusiera en marcha la operación Kitchen, Cospedal se reunió en secreto con José Manuel Villarejo en la sede central del PP de la calle Génova. El encuentro tuvo lugar en la tarde del 21 de julio de 2009 y el único testigo fue del Hierro, quien se encargó de los preparativos de la cita. La reunión se produjo meses después de que el juez Baltasar Garzón hubiera ordenado la detención de los cabecillas de la trama Gürtel y en plena guerra entre María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas por la implicación de éste en el caso.

Tanto Villarejo como la dirigente popular acordaron que el encuentro se mantuviera en secreto. “No puede trascender”, se oye decir a la número dos del PP en la grabación subrepticia realizada por el entonces comisario en activo y difundida en octubre de 2018 por el portal Moncloa.com.

Justo dos meses después de aquella primera toma de contacto, Villarejo volvió a verse con López del Hierro. En ese encuentro, el polémico policía recibió el encargo de investigar a Javier Arenas, con quien Cospedal estaba abiertamente enfrentada a cuenta de la protección que el político andaluz defendía que había que brindar a Luis Bárcenas cuando ya se conocían los vínculos del tesorero del partido –hoy en prisión– con la trama Gürtel.

Semanas después de que trascendiesen esas grabaciones, la ex presidenta de Castilla-La Mancha dimitió como vocal del comité ejecutivo del PP –primero– y luego como diputada para que el escándalo no desgastara al partido, ya bajo la dirección de Pablo Casado. Inicialmente volvió a su plaza de abogada del Estado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y posteriormente fichó como socia del bufete Albiñana & Suárez de Lezo.

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