Política

El juez apunta a "órganos del Estado" tras el espionaje a Bárcenas para recuperar "material comprometedor" para el PP

El instructor del 'caso Villarejo' expone que el equipo "parapolicial" que habría llevado a cabo el encargo de seguir al extesorero del PP habría ocultado la información hallada al juez que ya investigaba la 'caja B' de la formación

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El juez apunta a "órganos del Estado" tras el espionaje a Bárcenas para recuperar "material comprometedor" para el PP
Luis Bárcenas, ex tesorero y ex senador del PP, dirigiéndose a la Audiencia Nacional.

Luis Bárcenas, ex tesorero y ex senador del PP, dirigiéndose a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). EP

Resumen:

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, atribuye a «Órganos Superiores y/o Directivos de la Administración General del Estado» el encargo de un supuesto «operativo parapolicial», el conocido como Kitchen, para espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y recuperar «material documental comprometedor para altos dirigentes de dicho partido» que tenía en su poder. Un operativo para el que miembros del Estado durante el Gobierno de Rajoy habrían contratado al conductor de Bárcenas como confidente del grupo de policías que llevó a cabo el encargo. Un trabajo cuyos resultados se habrían ocultado, como expone el instructor en su auto, al juez Pablo Ruz que en aquel momento investigaba la ‘caja B’ o contabilidad irregular de dicho partido.

En un auto de este lunes, el juez levanta el secreto de sumario de la pieza 7 del caso Tándem, en el que se investiga si existió dicha operación de Estado -con miembros de la Policía implicados y gasto de fondos reservados- impulsada desde el ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz para recuperar material documental en manos de Bárcenas que podía poner en aprietos a altos cargos del partido del Gobierno.

De las diligencias practicadas hasta la fecha, el juez apunta a la ejecución de un «operativo parapolicial del que serían responsables Órganos Superiores y/o Directivos de la Administración General del Estado, y cuya ejecución material encomienda a los ya investigados en la presente causa Enrique García Castaño, Jefe de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía) y José Manuel Villarejo Pérez». Asume así la línea acusatoria a la que apunta la Fiscalía Anticorrupción.

«En este caso el encargo que se habría llevado a efecto al menos en los años 2013 a 2015 consistiría en la captación, y la manipulación como colaborador-informante del Cuerpo Nacional de Policía, de Sergio Javier Ríos Esgueva, a la sazón conductor de Rosalía Iglesias Villar, esposa de Luis Francisco Bárcenas Gutiérrex, ex tesorero del Partido Popular», prosigue la explicación del auto.

«El objetivo de dicha misión podría ser, aparentemente, la obtención por medio de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio, de información -concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del Partido Popular, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la pieza separada de las Diligencias Previas nº 5 de la Audiencia Nacional», se puede leer en el auto.

La Fiscalía pide imputar a Cospedal y Fernández Díaz

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez García-Castellón la imputación del exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, por su responsabilidad y conocimiento de la denominada operación Kitchen. Una decisión que el instructor deberá tomar en los próximos días.

La solicitud de investigación al exministro de Interior se basa, principalmente, en el contenido de cuatro mensajes de texto que la Policía Judicial se llevó del domicilio del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, un día antes de declararse el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Mensajes que se habría intercambiado con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz de los que se entiende que controló la operación de espionaje a Bárcenas y pidió a Martínez que supervisara los pasos que se debían seguir, así como del papel de confidente que debía tener el chófer del extesorero en el operativo.

Martínez es el único cargo político del Gobierno investigado en esta causa. Él era el responsable de autorizar el reparto de fondos reservados con lo que se pagaron parte de los servicios de la operación que se llevó, presuntamente, al margen de la ley, como las mensualidades de 2.000 euros al mes, durante dos años, al chófer de la familia Bárcenas al que se captó como confidente de la cúpula policial encargada del operativo e imputada.

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