Imagen: Carmen Vivas

Política

Fernández Díaz y Cospedal, último capítulo de la guerra de las "cloacas policiales"

El 'caso Kitchen' cobra una nueva dimensión tras pedir Anticorrupción al juez que impute el ex ministro del Interior y a la ex 'número 2' del PP / El sumario reúne a dos antiguos mandos enfrentados: Villarejo y Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos

El caso Kitchen, procedimiento que instruye la Audiencia Nacional para determinar si el Ministerio del Interior ordenó la puesta en marcha de una operación para robar presuntamente documentación comprometedora para el Partido Popular al ex tesorero de dicho partido Luis Bárcenas, está a un paso de cobrar una nueva dimensión después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido al juez que cite a declarar en calidad de investigados al ex ministro Jorge Fernández Díaz y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Después de casi dos años de pesquisas en secreto, el Ministerio Público quiere que Fernández Díaz -titular de Interior en el primer gobierno de Rajoy- y De Cospedal acudan a declarar asistidos de abogado para responder por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y descubrimiento y revelación de secretos. La petición se produce tres días antes de que se alce el secreto de las actuaciones y en vísperas de que se fije nuevamente fecha para la declaración de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad ya imputado en esta pieza separada de la macrocausa que tiene a Villarejo como principal investigado (Tándem).

El principal elemento incriminatorio que ha reunido hasta ahora la instrucción que dirigen el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción es la constatación de que Interior -en la etapa de Fernández Díaz y Francisco Martínez al frente del departamento- pagó 48.000 euros en fondos reservados al ex chófer de Bárcenas (Sergio Ríos Esgueva) -a razón de 2.000 euros al mes durante dos años. Los policías investigados han defendido ante el juez que fue a cambio de información que ayudara a conocer dónde escondía el dinero el antiguo tesorero de los populares, motivo por el que sostienen que se puso en marcha la operación, pero dicen que ésta fue oficial y no se llamó Kitchen. Según sus versiones, la aportación del confidente fue de escasa relevancia.

Los hechos que se investigan tienen su origen en 2013, cuando miembros de la Policía Nacional, a los que la Fiscalía se refiere como grupo «parapolicial» pusieron en marcha un dispositivo para intentar averiguar dónde ocultaba el dinero Luis Bárcenas, quiénes eran sus socios y cuáles eran sus testaferros, según defendieron ante el juez los investigados. Para el Ministerio Público, la operación tenía como objetivo recuperar documentos que comprometían a altos cargos del PP.

La secretaria general del partido era María Dolores de Cospedal, hoy socia del bufete Albiñana & Suárez de Lezo tras dejar la política. De Cospedal dimitió tras conocerse que había encargado al comisario Villarejo a través de su marido que investigara a Javier Arenas, con el que estaba enfrentado a cuenta de la protección que el político andaluz defendía que había que brindar a Luis Bárcenas cuando ya se conocían los vínculos del tesorero del partido con la trama Gürtel.

A la espera de que se aclare la eventual responsabilidad de los dirigentes políticos en los hechos que se investigan, el caso Kitchen representa la última batalla de la guerra de las «cloacas policiales». El sumario de este procedimiento reúne a todos los mandos -la mayoría ya jubilados- que protagonizaron una encarnizada lucha en el seno de la Policía bajo acusaciones cruzadas de haber hecho una utilización política del Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy.

Fernández Díaz y De Cospedal se sumarían al ex ‘número 2’ de Interior Francisco Martínez, ya investigado en la causa ‘Kitchen’

La batalla que se libra ahora es el último capítulo de un enfrentamiento que se remonta a 2013, cuando el comisario José Manuel Villarejo era un agente operativo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) -entonces ocupada por Eugenio Pino, también imputado en la causa que dirige el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional- y el comisario principal Marcelino Martín-Blas dirigía la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

Martín Blas asegura que «no he estado en una guerra con nadie, sino que he denunciado lo que tenía que denunciar y hecho lo que tenía que hacer», pero su distancia con Villarejo es evidente. El momento clave que situó a los dos comisarios a ambos lados del ring tuvo lugar en septiembre de 2013, cuando el primero presentó un informe ante la Fiscalía Anticorrupción en el que exponía una supuesta connivencia de varios comisarios de Policía -entre ellos Carlos Salamanca, próximo al segundo- con la presunta organización criminal del empresario chino Gao Ping. También incluyó en esa relación presuntamente delictiva al hijo de Villarejo, José Manuel Villarejo Gil.

Lo hizo meses después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) detuvieran en el marco de la operación Emperador al inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo –ya propuesto para ir a juicio como miembro de la organización de Gao Ping– y nadie le informara de dicha detención a pesar de ser el responsable de las investigaciones internas del Cuerpo, según sostiene Martín-Blas.

A partir de entonces, el mando sospechó que Eugenio Pino y Villarejo le tendieron trampas para tratar de atribuirle comportamientos irregulares en su trabajo. Por ejemplo, afirma que le pusieron a trabajar en la averiguación de un robo de ordenadores y documentos a Victoria Álvarez -ex novia de Jordi Pujol Ferrusola- en el que supuestamente habrían participado policías y en la denuncia de un empresario indio que afirmó que estaba siendo amenazado por policías que resultaron ser intérpretes de la Unidad de Delitos Violentos.

La petición de investigar a Salamanca y Villarejo junior no prosperó, pero aquel episodio marcó un punto de no retorno en la relación entre ambos policías. Lejos de reconducirse la situación, el encargo de Eugenio Pino al jefe de Asuntos Internos a principios de octubre de 2014 para que investigara a un joven (Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el ‘Pequeño Nicolás’) que se hacía pasar por asesor de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) terminó agravando las hostilidades entre los dos.

La pieza en la que se investiga si hubo una operación de Estado en la etapa del PP para robar papeles a Bárcenas reúne a dos viejos enemigos: Villarejo y Martín Blas

Aquella investigación iba a tener consecuencias tanto para Villarejo como para Martín-Blas. El trabajo le costó a éste el puesto como jefe de Asuntos Internos, después de que enviara al juzgado que instruía las diligencias un informe «falso a sabiendas» -según dijo Eugenio Pino- en el que identificaba a Villarejo como la persona que aparecía junto a Gómez Iglesias en un parque madrileño. El entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, firmó su destitución el 26 de marzo de 2015.

Menos de un mes después de que el número uno de la Policía lo hubiera cesado, el entonces titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid (Arturo Zamarriego) dictó una providencia por la que comisionó a Martín-Blas y al inspector jefe Rubén Eladio López para que siguieran con la investigación del caso del Pequeño Nicolás, prohibiéndoles comunicar a sus superiores cualquier dato que consiguieran como consecuencia de sus pesquisas.

Otra de las razones por las que Pino había pedido que el director general apartara a Martín-Blas como jefe de Asuntos Internos fue su participación sin autorización en una reunión con dos agentes del CNI -celebrada en la tarde del 20 de octubre de 2014– que fue grabada y posteriormente difundida por los medios de comunicación. El esclarecimiento de la autoría de dicha grabación centró el trabajo de la comisión judicial, cuya disolución había solicitado sin éxito el fiscal del caso en varias ocasiones al apreciar falta de apariencia de imparcialidad: dos de los tres policías víctimas de la grabación eran los que investigaban los hechos. Sólo se desmanteló tras la marcha de Zamarriego a la Sección 23 de la Audiencia de Madrid en marzo de 2017 y la llegada de una nueva magistrada al juzgado.

La grabación de la reunión con el CNI

Previamente, en un informe presentado antes del verano de 2016, Martín-Blas había pedido al instructor que citara a declarar como investigados tanto a Eugenio Pino como a José Manuel Villarejo por su participación en la grabación y difusión del citado encuentro con los agentes de los servicios de Inteligencia, entonces dirigidos por Félix Sanz Roldán. Éste cesó en su puesto en julio de 2019, ejerciendo desde el pasado 30 de junio como asesor del presidente de Iberdrola.

Para sustentar esa diligencia, Martín-Blas mantenía que se había analizado el tráfico de llamadas y la única que «había entrado en el entorno de esa reunión a esa hora y ese día» procedía de un periodista de Información Sensible (Carlos Mier), diario digital vinculado a la esposa del comisario José Manuel Villarejo. Ello demostraría, desde su punto de vista, que el policía hoy preso estaba detrás de esa grabación.

Durante la instrucción, el fiscal Alfonso San Román mantuvo una posición muy crítica con el juez Zamarriego, al que llegó a acusar de llevar a cabo una «investigación prospectiva», y llamó la atención sobre el hecho de que los informes periciales habían puesto de manifesto que el móvil de Martín-Blas «no contiene aplicaciones maliciosas».

Villarejo denunció en febrero de 2015 que se hicieron operaciones «con fondos públicos para pasar información a dirigentes del PP». Entonces nadie se interesó

En su escrito de acusación, sin embargo, el representante del Ministerio Público mantuvo que al llamar el periodista al comisario se «activó algún tipo de aplicación informática sin que pudiera ser advertido por el sr. Martín-Blas». Fue después de que una empresa proveedora del Centro Criptológico Nacional (CCN) expusiera genéricamente en un informe que hay programas que permiten instalar software espía en los teléfonos.

«El registro definitivo se efectuó por vía aérea, utilizando el acusado Carlos Mier un dispositivo grabador que aproximó a su teléfono móvil. De esta forma se grabó la conversación mantenida entre los funcionarios del Cuerpo Nacional y los agentes del CNI», expuso en su escrito el fiscal, que pide cuatro años de prisión para Villarejo como autor de delitos de descubrimiento y revelación de secretos en concurso con otro de violación de secretos. Los hechos no se han enjuiciado todavía.

El enfrentamiento entre Martín-Blas y Villarejo llegó a su culmen en la investigación relativa a la causa del ‘Pequeño Nicolás’. Desde entonces, el ex jefe de Asuntos Internos considera que se generó una campaña mediática contra él por la influencia que el antiguo agente encubierto tenía en la prensa.

A ese presunto intento de intoxicación en su contra achaca que Eugenio Pino afirmara en sede judicial que él entregó pagos con fondos reservados al antiguo chófer de Bárcenas, lo que desencadenó su imputación en el caso Kitchen. Martín-Blas niega rotundamente que realizara pago alguno y que participara en dicha operación, que desconoce si existió o no como operación del Gobierno del PP para recuperar documentos en manos de Bárcenas.

La denuncia de Villarejo

A principios de febrero de 2015, casi cuatro años antes de que el juez García-Castellón abriera esta pieza separada de la macrocausa Tándem, Villarejo presentó una denuncia ante el juzgado que investigaba el caso del Pequeño Nicolás, en el que aseguraba que agentes adscritos a Asuntos Internos -dirigida entonces por Martín-Blas- «han estado manipulando pruebas en investigaciones relacionadas con casos de corrupción y habrían llevado a cabo operaciones sufragadas con fondos públicos para pasar información a dirigentes del PP».

No se aludía a ninguna Operación Kitchen, pero los supuestos hechos denunciados por el controvertido policía entonces recuerdan al objeto de la causa que, bajo secreto de sumario, instruye el magistrado García Castellón desde finales de 2018. Ningún órgano jurisdiccional se interesó por la denuncia de Villarejo. Tampoco la oposición promovió entonces iniciativas de control al Gobierno en sede parlamentaria.

Después de casi dos años de instrucción, en la causa hay seis policías con la condición procesal de investigados, cuatro de ellos ya jubilados: José Manuel Villarejo; Marcelino Martín-Blas; Eugenio Pino; Enrique García Castaño El gordo, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), y los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago (ex director del gabinete de Pino) y Bonifacio Díez Sevillano.

Una de las acusaciones populares personadas en la causa es la que ejerce Podemos, que desde hace años defiende la existencia de una «policía patriótica» que hizo un «uso partidista» del Ministerio del Interior para perseguir a políticos soberanistas y a otros rivales políticos. Ésa fue la conclusión a la que llegó en 2017 la comisión de investigación constituida en el Congreso de los Diputados, que puso nombres y apellidos a los responsables: Jorge Fernández Díaz, Ignacio Cosidó y Eugenio Pino.

La formación que lidera Pablo Iglesias, que en julio de 2016 se personó en la causa en la que ha sido encausado Villarejo por la grabación de la reunión entre los policías de Asuntos Internos y los agentes del CNI, atribuye a esa «brigada política» la elaboración del falso informe PISA (Pablo Iglesias, S.A.) sobre cuentas en paraísos fiscales del líder de Podemos y la financiación de esta formación política. Los líderes del partido achacan a la trama de las «cloacas policiales» ésta y otras actuaciones con la intención de perjudicarles, un relato que explotaron especialmente en la campaña de las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019.

Podemos entra en escena

Como acusación popular del caso Villarejo, Podemos ha pedido 42 años de cárcel para el policía jubilado y hoy preso en los escritos de acusación correspondientes a las tres primeras piezas separadas de la macrocausa -concretamente las denominadas Iron, Land y Pintor– que ya se han terminado de instruir.

Martín-Blas rechaza una connivencia con dicho partido. Considera que, al estar personados en el caso Nicolay, descubrieron la trama policial que presuntamente lideraba el comisario Villarejo y por la que ahora se le investiga en la Audiencia Nacional. Afirma que el término «guerra de comisarios» lo utilizó por primera vez el inspector jefe de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, cuando se dirigió al juez Zamarriego para pedirle que le aparta del equipo investigador del caso Nicolay alegando que provocaría una «guerra entre comisarios».

Años después de que empezaran las hostilidades, la batalla se libra en la Audiencia Nacional, que deberá determinar si hubo una operación Kitchen promovida por la antigua cúpula de Interior para robar documentación a Luis Bárcenas o si la ‘cocina’ sólo funcionó en la mente del comisario Villarejo.

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