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Anticorrupción pide imputar a Cospedal y Fernández Díaz por la operación Kitchen

El juez y la Fiscalía investiga en esta pieza del 'caso Villarejo' presunto espionaje y seguimientos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con cargo a los fondos reservados para recuperar documentos que comprometían a altos cargos del partido

María Dolores de Cospedal, en un acto del PP.

María Dolores de Cospedal, en un acto del PP durante su etapa como secretaria general. EP

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, que cite a declarar como investigados al ex ministro de Interior Jorge Fernandez Díaz y a la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal en la pieza de investigación Kitchen.

El instructor y los fiscales abordan en la mencionada pieza una supuesta campaña de espionaje y seguimientos con cargo a los fondos reservados realizada por un grupo de policías (la denominada policía patriótica) al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas para recuperar documentos que comprometían a altos cargos del PP en el momento en que la Justicia ya había abierto una investigación al partido del Gobierno por su financiación irregular o ‘caja B’ constatada años después en la sentencia del caso Gürtel.

Tras analizar mensajes de texto incautados al responsable de autorizar el reparto de los fondos reservados, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también investigado, los representantes del Ministerio Público han solicitado la imputación de los dos políticos, según ha adelantado eldiario.es y confirman a El Independiente fuentes jurídicas.

A lo largo de la investigación (bajo secreto sumarial hasta el próximo lunes) se ha conseguido despejar que dicho grupo «parapolicial», según lo define la Fiscalía, habría contratado a colaboradores para recuperar presuntamente la documentación que afectaba al PP con cargo a los fondos reservados de Interior. Entre dichos colaboradores estuvo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que llegó a cobrar 2.000 euros mensuales durante dos años por sus trabajos.

La cúpula policial y el secretario de Estado, imputados

En la pieza Kichen, además de Martínez, que se ha acogido en dos ocasiones a su derecho a no declarar ante el juez para no incurrir en delito de revelación de secretos oficiales y que está pendiente de ser citado nuevamente, está investigada la cúpula policial durante el Gobierno de Rajoy. Por el juzgado han pasado a declarar el ex número dos de la Policía o ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino; su subordinado, Bonifacio Díez Sevillano; el ex jefe de la Unidad de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño; el comisario Andrés Gómez Gordo, que trabajó como responsable de Seguridad de Cospedal cuando ésta fue presidenta de Castilla-La Mancha; el inspector jefe de la Policía, José Ángel Fuentes Gago y el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

Tanto Pino como García Castaño sostuvieron ante el juez que la operación Kitchen no existió como tal sino que se trató de una investigación policial a Bárcenas para hallar fondos ocultos suyos en el extranjero. Sin embargo, dicha información nunca se entregó al juez Pablo Ruz que ya investigaba la presunta financiación irregular del PP.

García Castaño llegó a reconocer que él mismo entró en un estudio de restauración utilizado por la mujer de Bárcenas en el centro de Madrid haciéndose pasar por un marchante de arte para tratar de recuperar documentos en su poder. También que el chófer del ex tesorero le hizo entrega en una cafetería de Madrid de dos móviles que fueron clonados y cuyo contenido entregó posteriormente a Francisco Martínez.

Ni rastro de la operación en Interior

El Ministerio de Interior corroboró en un informe remitido al juez Manuel García Castellón que no existe rastro de ninguna operación policial en 2013 denominada ‘Kitchen’, ‘K’ o ‘Cocinero’, los nombres con los que el comisario investigado, José Manuel Villarejo, denominó al operativo.

El próximo lunes se levanta el secreto de la investigación y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez tendrá la posibilidad de declarar ante el juez sobre las materias reservadas que afirmó no tener problema en aclarar cuando el secreto, al tratarse de información sobre fondos reservados, no le afectara.

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