El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha dirigido un escrito al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en el que denuncia una campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que asegura está sufriendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que le sitúan en una situación de indefensión y de descrédito profesional.

Mensajes que, afirma, se repiten desde que este miércoles elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo proponiendo investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres presuntos delitos.

El magistrado afirma en dicho escrito que los mensajes contra su persona son “repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional”.

Este jueves, el vicepresidente Iglesias concedió una entrevista a Rac1 en la que afirmó que «es inconcebible que sea imputado» y atribuyó a «la derecha y ultraderecha» una campaña para hacer caer el Ejecutivo en la que utilizan «las cartas a mano».

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«Intimidar a los jueces»

El juez del caso Tándem propuso al Supremo investigar al vicepresidente y líder de Podemos por presuntamente utilizar la investigación abierta en su Juzgado contra el comisario en prisión preventiva José Manuel Villarejo para presentarse como víctima de su supuesta «red mafiosa policial» con «fines electorales» fingiendo que el robo del móvil de su asesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, fue la vía de filtración a la prensa de mensajes entre miembros de Podemos contenidos en su interior a pesar de que sabía que los compartió ella misma, según el instructor.

Por este motivo pidió al alto tribunal investigar a Iglesias por supuesta denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos.

En el escrito remitido al órgano de Gobierno de los jueces, que reproduce El Independiente, el juez se refiere a una campaña mediática que se ha intensificado después de tomar dicha decisión y que asegura «pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña,  además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de “una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política».

El juez lamenta que «en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel» y recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo “no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida”.

García-Castellón adjunta a la denuncia que presentó este jueves ante la Policía «por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona» en redes sociales y que podrían revestir carácter de infracción penal.

Rosa Díez dirige la queja del juez a Von der Leyen

La exdiputada en el Parlamento Europeo y exfundadora de Unión Progreso y Democracia (upd), Rosa Díez, ha remitido el escrito presentado por el juez ante el Consejo General del Poder Judicial a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y al Parlamento Europeo.

Díez ha querido poner en conocimiento de las dos instituciones europeas «como ciudadana española el acoso y las gravísimas amenazas contra su vida y su integridad que está sufriendo por parte de destacados miembros del Gobierno de España» el juez García-Castellón.

«La situación es de tal gravedad en términos democráticos que es preciso y urgente que Europa y sus autoridades conozcan lo que está ocurriendo en España. Cuando un juez, en el ejercicio de su responsabilidad y de sus funciones, es amenazado por miembros del Gobierno y de los partidos que lo sustentan por instruir casos que les implican en graves actos de corrupción es que algo muy
peligroso está ocurriendo en España. Somos un país miembro de la UE cuya democracia está siendo amenazada por un Gobierno que actúa como si él y sus miembros estuvieran por encima de la ley, que se considera intocable y que quiere eliminar uno de los poderes básicos de la democracia, la Justicia. Y cuando no consigue doblegar a los jueces a través de la Fiscalía General del Estado ( a cuyo frente ha situado a una ex ministra del PSOE) amenaza a los jueces», ha denunciado Díez.

La expolítica, que remite a las instituciones europeas el escrito del juez y una noticia de prensa, afirma que «ha vivido la última etapa de la dictadura en España, que ha sufrido la persecución de ETA y que ahora mismo y con este Gobierno, solo puedo mantener la esperanza de que Europa y sus instituciones nos defiendan. No les
pido solidaridad; les pido que tomen conciencia de lo que está ocurriendo en España y actúen en consecuencia como europeos y en defensa de otros europeos que somos los españoles. Destruir el sistema democrático desde dentro de las instituciones democráticas tiene antecedentes; lo que está ocurriendo en España hoy ya ocurrió antes en Venezuela y en otros países del mundo. Si triunfa la pulsión totalitaria y absolutista del Gobierno que preside Pedro Sánchez y que está compuesto por una coalición entre socialistas, comunistas y populistas bolivarianos lo pagaremos
todos los europeos, no solo los españoles. Apelo a su conciencia y a su responsabilidad, a su espíritu europeo y democrático. Les pido que actúen no solo por solidaridad sino en legítima defensa», dice en su escrito.