Los políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo por sedición, malversación y desobediencia por impulsar el proceso independentista catalán estudian al detalle la sentencia de la Audiencia Nacional que ha absuelto al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y la cúpula de la Policía catalana.
Fuentes de la defensa de los condenados por la Sala Segunda consultadas por El Independiente la ven como una "oportunidad" para presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo aludiendo a la "contradicción entre los hechos declarados probados en la sentencia del Supremo y los declarados probados en la sentencia de la Audiencia Nacional cuando sea firme". Y para este punto será clave la decisión de la Fiscalía, acusación de la causa contra la cúpula de los Mossos d'Esquadra, para recurrir o no el fallo.
Las citadas fuentes destacan que, partiendo de los mismos hechos y pruebas similares -como la testifical del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos que coordinó el dispositivo policial para el referéndum del 1 de octubre- el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional llegan a una conclusión muy distinta. Mientras el alto tribunal concluyó que los Mossos se sometieron a las intenciones de los políticos independentistas, la Audiencia Nacional dicta que no hay pruebas de un acuerdo de la Policía catalana para servir al procés.
El papel de Forn
En este sentido, el miembro del Govern de Puigdemont condenado que más podría aludir a esa contradicción por alusiones es el consejero de Interior, Joaquim Forn, sobre el que pesa una condena de 10 años y medio de prisión por sedición. El Tribunal Supremo dictó que él fue quien consiguió que los Mossos se "ordenaran" con la estrategia independentista con una falsa actuación de obediencia a las órdenes del coordinador del dispositivo del 1-O.
Sin embargo, la Audiencia Nacional concluye que Trapero, como responsable de los Mossos, y el Cuerpo bajo sus órdenes, actuaron con "proporción y prudencia" para evitar males mayores el día del referéndum y obedeció a las órdenes fiscales y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También tacha de "fracaso" la coordinación de los cuerpos policiales por parte de Diego Pérez de los Cobos y descarta valorar como indicios contra Trapero la declaración del coronel de la Guardia Civil al que recuerda que "discrepar no es incumplir".
En cuanto a la orden que habría dado Forn a Trapero para que hablara con el líder de la entidad soberanista ANC, Jordi Sànchez, para desalojar a los 40.000 manifestantes de la concentración que éste convocó contra el registro de la consejería de Economía catalana el 20 de septiembre de 2017, la Audiencia Nacional concluye: "No parece plausible aceptar como elemento incriminador que un líder social, dirigente de una organización que había convocado la manifestación, fuera nombrado mediador. En puridad no era un mediador sino una de las partes del conflicto: en el proceso de mediación aparece como uno de los interlocutores, identificado por los agentes policiales que llevaban a cabo la tarea de mediación, la otra parte -en sentido figurado- la conformaban los agentes policiales antidisturbios, que podían intervenir como
último recurso si el diálogo fracasaba y utilizar la fuerza idónea, necesaria, imprescindible y proporcionada".
En este sentido, si la interlocución entre Trapero y Jordi Sànchez no se entiende como una mediación política, como una prueba de su relación con los impulsores del proceso independentista, también se podría analizar este extremo como uno de los puntos clave de un futuro recurso.
Puigdemont también lo utilizará
La defensa del expresidente catalán fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont, también afirmó la semana pasada que incorporará la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional sobre Trapero, aunque se limite a la actuación de los Mossos en el procés, a las causas en las que está personado ante instancias europeas.
Para el abogado Gonzalo Boye, según afirmó la pasada semana tras una vista en el Tribunal Supremo sobre el recurso de Puigdemont contra la decisión del juez Llarena de mantener la euroorden contra él, que los dos tribunales hagan una lectura tan distinta de los hechos indica la "intencionalidad" que tenía el Tribunal Supremo, motivo que alegará en sus recursos ante Europa, según recogió Vilaweb.
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