El ex número dos de Interior dice que la Policía controló la 'operación Kitchen' pero Fernández Díaz la conocía

El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que este jueves ha declarado como investigado en el marco de la pieza Kitchen del caso Villarejo, ha dejado la responsabilidad del operativo en el que se espió al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior, en la Policía.

Los investigadores sospechan que la denominada operación Kitchen, que se habría llevado a cabo entre 2013 y 2015, fue un encargo del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy para recuperar documentación que comprometía a altos cargos del Partido Popular y tenía en su poder el extesorero popular, para que no llegara a manos del juez que ya investigaba Gürtel.

Sin embargo, este jueves Martínez ha dejado la responsabilidad del operativo, que ha defendido que él pensó que era legal para encontrar bienes ocultos de Bárcenas en el extranjero, en manos de la cúpula de la Policía en aquél momento y de José Manuel Villarejo, quien ha dicho, según fuentes jurídicas presentes en la declaración, que a su vez informó al CNI sobre el operativo.

Martínez, que era el responsable de firmar la asignación de fondos reservados de Interior, de los que salieron casi 50.000 euros (según confirmó el Ministerio) para pagar al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, como confidente de la operación, ha sostenido que se dirigió al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, para preguntarle por Ríos a petición del ministro Fernández Díaz. Lo hizo, según ha contado, porque al ministro de Interior le llegó el rumor de que el chófer de Bárcenas era colaborador policial y quería confirmarlo. De ahí se explicaría que en los mensajes de texto intercambiados entre ambos y que obran en el sumario, el ministro hablara del chófer. De dichos mensajes se entiende que Fernández Díaz estaba al tanto de la operación y quiso saber cómo progresaba.

Sin embargo, Martínez ha tratado de alejar durante su declaración, según explican fuentes jurídicas presentes en ésta, que la responsabilidad o el impulso de ésta partiera del Ministerio de Interior. Es decir, que la orden de ponerla en marcha fuera del Gobierno. De hecho, según las citadas fuentes, Martínez ha llegado a insinuar que los mensajes intercambiados con el ministro Fernández Díaz se han seleccionado por los investigadores para el interés de la tesis acusatoria.

Reunión con Villarejo

Francisco Martínez ha reconocido que conoció al comisario José Manuel Villarejo. Ha afirmado que lo hizo a petición de Fernández Díaz y por la introducción del exdirector general de la Policía, Juan Cotino, en ese interés por conocer más datos de una operación que, según llegó a sus oídos, se había puesto en marcha desde la Policía.

Ha defendido que en ese momento no tenía datos para considerar que Villarejo fuera un "sinvergüenza" porque no había constancia de expedientes negativos hacia él.

Fondos reservados "sólo en grandes conceptos"

El exnúmero dos de Interior también ha defendido que no autorizó ni decidió nada sobre pago a confidentes, puesto que el control de la Secretaría de Estado sobre estos pagos se limita a "los grandes conceptos, jamás a los detalles". Para sostenerlo, ha afirmado que hay recibís de pagos del 1 de julio de 2013 (a pesar de que las asignaciones de fondos reservados de la Policía no se dejan nunca por escrito, según trasladan fuentes policiales) y él no se enteró hasta el día 13 del mismo mes de que Ríos era colaborador.

También ha negado que hiciera gestión alguna para que este confidente entrase en la Policía. Ha defendido que del sumario se deduce que "entró por sus méritos" y que para "colarle tendrían que prevaricar 50 personas".

Ordenador para registrar datos

Martínez también ha negado, como declaró el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, que hubiera un ordenador sin conexión en el Ministerio de Interior para volcar la información del operativo presuntamente ilegal.