El ministro de Justicia Juan Carlos Campo espera que el Consejo de Ministros apruebe el próximo martes el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) con la que se busca dejar en manos de los fiscales las investigaciones judiciales bajo la vigilancia de un juez de garantías.

Así lo ha transmitido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados Campo, quien ha avanzado algún trazo más de la reforma con la que se sustituiría, en caso de salir adelante tras los informes preceptivos y el trámite parlamentario, a una ley con 138 años de historia.

Entre estas novedades, estará la «regulación de las comunicaciones con los medios de comunicación» para «garantizar su acceso a informaciones con un claro interés social», explicó el titular de Justicia, quien también afirmó que igualmente se establecerán «limitaciones» a ese acceso a las investigaciones por parte de los medios.

El texto del anteproyecto de ley, que ha adelantado El Español, también recoge que los partidos políticos y los sindicatos no puedan ejercer la acusación popular de causas penales, como ocurre ahora, para evitar que hagan una utilización política de la información a la que accedan.

El principal cambio que introduciría la reforma legal sería dejar en manos de los fiscales el impulso de las investigaciones. Una pretensión que lleva años sobre la mesa y que la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en su anterior cargo como ministra de Justicia también defendió. Precisamente una de las pegas que desde el mundo judicial se pone a que la reforma se impulse ahora es que la independencia del Ministerio Público está en entredicho. En este sentido, según han aclarado fuentes del Gobierno, los fiscales que asuman las investigaciones formarían parte de un equipo concreto, formado al efecto, y un juez se encargaría de garantizar el proceso.