Sanidad tramitó de urgencia la compra de 200 respiradores y tardó cuatro meses en recibirlos

El Ministerio de Sanidad tardó cuatro meses en recibir un lote de dispositivos de ventilación mecánica cuya compra había tramitado por el procedimiento de emergencia debido a la situación de "extrema urgencia" provocada por la pandemia del coronavirus. El proveedor no ha sufrido penalización alguna por la tardanza en servir el pedido, una posibilidad que no se reflejó en el contrato.

La adquisición se formalizó el pasado 6 de abril, en pleno pico de la primera oleada. El director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez Palacios, firmó aquel día electrónicamente la memoria justificativa correspondiente a la adjudicación a TEC Pharma Europe SL del suministro de 200 respiradores por 9.922.000 euros (a razón de 49.610 euros cada uno, impuestos incluidos). Entonces no había entrado en vigor aún el real-decreto ley que fijaba un tipo del cero por ciento de IVA para las importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la pandemia cuyos destinatarios fueras entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios.

Esta remesa de ventiladores correspondían concretamente al modelo Eternity SH300, del fabricante chino Beijing Eternity Electronic Technology Co. Ltda. La empresa que firmó el contrato con Sanidad era un mayorista de distribución e importador de medicamentos de uso humano radicado en la localidad granadina de Armilla y que había comenzado a operar en enero de 2019.

El Ministerio justificó en abril la adjudicación a TEC Pharma porque le entregaría los equipos con la "premura" requerida

En el documento, el Ingesa justificaba la elección del procedimiento de emergencia como fórmula de tramitación de la contratación por el "avance exponencial" de la covid-19, que en aquellas fechas se había cobrado ya más de 13.000 vidas en España y mantenía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de hospitales del país a casi 7.000 contagiados. No se establecía un plazo de entrega, si bien Sanidad confiaba en disponer de los equipos con la mayor celeridad posible a la vista de la rapidez con que se estaba propagando el virus y la cada vez mayor demanda de atención hospitalaria.

"Se entiende que la empresa indicada responderá a la situación de emergencia de salud pública de forma adecuada y con la premura que dicha situación requiere y, por ello, ha sido seleccionada", razonaba Jiménez Palacios. Y añadía: "Tener a disposición del Sistema Nacional de Salud estos equipos debe considerarse como una prioridad en estos momentos, ya que permitiría proporcionar a los pacientes en los centros hospitalarios, especialmente los más graves, la asistencia adecuada".

En respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, el director del Ingesa ha precisado que los 200 ventiladores se recibieron "el 5 de agosto de 2020", justo 121 días después de que se hubiera formalizado el encargo. Alfonso María Jiménez también ha confirmado que, tras verificarse la conformidad "en los términos pactados", el suministro "no ha dado lugar a la imposición por el Ministerio de Sanidad de penalidad alguna a dicha empresa".

Los 9,92 millones en que se cerró el trato se pagaron por adelantado 24 horas después de que se hubiera adjudicado el contrato, según ha reconocido Sanidad en contestación a una pregunta del grupo del PP en el Senado. Era la sexta compra de respiradores que llevaba a cabo el Ingesa desde el 26 de marzo.

Repartidos en agosto

El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad -uno de los dos que se ha encargado de la adquisición de material para la lucha contra el coronavirus junto con la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia- ha detallado que entregó los 200 equipos "a los distintos Servicios Regionales de Salud y al propio Instituto Nacional de Gestión Sanitaria" los días 5 y 7 de agosto, no teniendo constancia hasta la fecha de que alguno "se haya estropeado".

En el sector ha sorprendido el elevado coste que Sanidad ha abonado por estos dispositivos. Distribuidores consultados por este periódico han asegurado que el precio de este equipo antes de que se declarara la pandemia se situaba en unos 12.500 euros, importe que se elevó por encima de los 18.500 euros conforme el virus se iba a expandiendo por todo el mundo y aumentaba la demanda. Aun así, esa cantidad representa menos de la mitad de lo que ha abonado el Ingesa al distribuidor que ha intermediado en la operación, TEC Pharma Europe.

Sanidad pagó casi 50.000 euros por cada respirador, una cantidad considerada excesiva por empresas del sector

Meses después de aquella venta, la empresa granadina ha intentado sin éxito volver a suministrar material a Sanidad con ocasión de la compra centralizada que, con un presupuesto de más de 2.578 millones de euros, el Ingesa promovió a principios del pasado mes de agosto a fin de garantizar una reserva estratégica para la segunda ola.

En concreto, TEC Pharma ha optado a diez de los 11 lotes en que se dividió el procedimiento. Su propuesta fue excluida en nueve de ellos -los relativos al suministros de batas quirúrgicas no estériles desechables tanto de prestación estandar como alta, batas de protección, test moleculares, guantes de nitrilo, gafas de protección y mascarillas quirúrgicas, FFP2 y FFP3- por no cumplir las especificaciones del concurso y sólo fue valorada su oferta de kits de extracción, pero fue finalmente descartada.

Licencia de importación

Como informó Newtral y ha confirmado este diario, la compañía granadina no figura en el registro público de empresas que disponen de licencia previa de funcionamiento de fabricación, agrupación, importación y esterilización de productos sanitarios. "No se han encontrado empresas con esos criterios", aparece en el buscador habilitado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) en su web cuando se introduce el NIF de este distribuidor.

La compra de 200 equipos de ventilación mecánica invasiva a TEC Pharma Europe fue una de las nueve operaciones que cerraron tanto la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia como el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria durante el primer estado de alarma. En total, los dos organismos dependientes de Sanidad encargaron 7.328 unidades (de ellos 5.000 p0rtátiles) por un importe superior a los 71 millones de euros.

En marzo, el Ministerio dirigido por Salvador Illa entendía que, de acuerdo con la experiencia de otros países en los que la pandemia estaba teniendo una incidencia similar y con la información recabada en centros sanitarios, sería necesario adquirir hasta 4.000 respiradores para poder dar respuesta a las necesidades de las UCI.