Ibrahima vivía en la nave incendiada la noche del miércoles en Badalona. Era uno de los cien jóvenes de entre 24 y 30 años que convivían en un espacio que él mismo reconoce insalubre, pero no tenía opción a más. Procedente del norte de Senegal, lleva once años en España, buena parte de ellos trabajando como chatarrero.

Ahora ha conseguido regularizar su situación y trabajar como vigilante de obras, pero seguía viviendo en la nave siniestrada porque en una habitación alquilada no podría haber seguido con su otra ocupación: Comprar bienes de segunda mano, sobre todo calzado y ropa, que enviaba a su país para vender y proporcionar recursos a su familia. «Donde lo habría metido en una habitación».

Acogida temporal

Asegura que el Ayuntamiento no les ha ofrecido una salida viable. Sí les han ofrecido cobijo en un albergue municipal «pero por dos o tres días, y después qué» se pregunta. En Senegal era pescador «pero con las cuotas de pesca con la Unión Europea ya no queda pescado, quién querría dejar África para venir a vivir así aquí si tuvieramos otra opción».

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, anunciaba poco después un acuerdo con la Generalitat para garantizar un alojamiento estable «al menos durante todo el invierno» para las víctimas del incendio. Aunque solo 60 del centenar de ocupantes de la nave se identificaron tras el incendio ante los servicios municipales, y de ellos solo 15 aceptaron de entra la oferta de acogida en un albergue de los servicios sociales.

Albiol ha anunciado además que el Ayuntamiento iniciará este mismo viernes los trabajos de derribo del edificio siniestrado. «Bajo el mando de bomberos y mossos, que marcarán los tiempos» para garantizar la seguridad de los trabajos y de la investigación sobre el incendio. Pero Ayuntamiento y Generalitat coinciden en que es urgente iniciar el derribo porque el edificio es peligroso por su fragilidad tras el incendio.

Mas allá de ese acuerdo, y superadas las primeras horas de la tragedia, Generalitat y Ayuntamiento se señalan mutuamente como responsables. El conseller de Interior, Miquel Sàmper, aseguraba ante los medios que la responsabilidad sobre este tipo de situaciones es municipal. Albiol respondía que nada se puede hacer con el actual marco legislativo cuando se trata de un edificio okupado como vivienda habitual.

Control municipal

Desde verano se han realizado 25 operaciones de control de la nave, ha explicado este jueves Albiol. Operaciones que para los ocupantes de la nave eran intentos de hostigamiento por parte del gobierno municipal. Así lo asegura Idris, otro vecino que había vivido también en la nave, aunque ya hace tiempo que la dejó. Con situación regular y trabajo estable, estalla contra las primeras declaraciones de Albiol tras el siniestro. «Había venido tres veces en cinco meses a amenazar a los que vivían aquí, diciéndoles que los echarían» asegura.

La decisión del Ayuntamiento de cortar el agua para forzar la desocupación de la nave es señalada ahora como uno de los factores clave de la tragedia. Sus ocupantes relatan que el fuego se inició con una vela, que prendió en un colchón. «Pero si hubiéramos tenido agua, podríamos haberlo apagado» asegura Ibrahima.

«No era la primera vez, pero con agua podríamos haberlo apagado, ahora tenemos que ir a un kilómetro para conseguir agua, quién puede vivir sin agua», añade el senegalés.

Guerra política

La ex alcaldesa de la CUP, Dolors Sabater, señala también al actual primer edil y recuerda que durante su mandato habían ofrecido ayudas -mantas, algo de comida y acompañamiento a través de la Cruz Roja en el proceso de empadronamiento- a los ocupantes de la nave. «La ex alcaldesa Sabater debería ser más prudente» le responde Albiol, señalando que «estamos repasando todos los expedientes» de este asentamiento, tras casi una década de ocupación.

El alcalde de Badalona es especialmente crítico con la propiedad del edificio, a la que acusa de haberse desentendido de la situación, pese a los intentos del consistorio de ponerse en contacto con ellos. Los propietarios no respondieron a los requerimientos del Ayuntamiento, que ha abierto expediente sancionador.

El Consistorio era plenamente consciente del riesgo que entrañaba la situación en la nave, en la que la crisis provocada por la pandemia había provocado también un aumento de ocupantes y peleas entre ellos.

Peleas y miseria

Los vecinos del barrio del Gorg confirman que se en los últimos meses se habían reproducido los incidentes. Y las ONG que dan apoyo a colectivos inmigrantes señalan a las consecuencias de la pandemia como detonantes.

Angelina Lecha, de Stop Mare Nostrum, relata como convivían en habitáculos separados por plásticos y cartones, altamente inflamables, con un solo retrete pero sin agua corriente. Asegura que se trataba de un asentamiento de entre 60 y 80 personas «pero ahora no sabemos, con la pandemia todo se ha complicado». «Durante el confinamiento no podían salir a trabajar, tampoco a coger agua de las fuentes municipales, cerradas por las medidas sanitarias».

«Yo entiendo a los vecinos» afirma Ibrahima al respecto, «pero que me entiendan ellos a mi». «Nadie quiere vivir en estas condiciones» asevera Lamin, otro de los afectados, que tacha a Albiol de racista.

Mansur, miembro del sindicato mantero, lo confirma. «Es una verguenza que las primeras palabras del alcalde sean que se vendía droga» afirma este senegalés, que cedió su «habitación» en la nave a un compatriota cuando consiguió un alojamiento mejor. Mansur asegura que la policía había hecho redadas en la nave en busca de droga «y no la encontraron». Todos reconocen, eso sí, peleas y conflictos en los últimos meses.