El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite las 20 querellas y 30 denuncias presentadas tras los primeros meses de la pandemia del coronavirus contra el presidente Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus.

La Sala Segunda considera que en éstas no está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo.

Sin embargo, no rechaza de plano investigar los hechos sino que remite las denuncias a los juzgados ordinarios porque considera que hay extremos, como la omisión de medidas de seguridad para sanitarios o policías, la contratación de material fallido y las muertes de ancianos en residencias que deben investigarse.

En este último caso, los magistrados destacan la «gravedad» de lo ocurrido en estos centros, aunque, en relación a la responsabilidad de los aforados, explican que no es suficiente la mera atribución competencial de la gestión al departamento, ministerio o consejería dirigido por uno de los querellados para imputarles por estos hechos. «Es necesario que existan datos objetivos que permitan imputar los concretos resultados lesivos producidos en cada caso y sobre cada persona afectada, lo que exige la evaluación, aunque sea provisional, de las circunstancias concretas en la que estos resultados se produjeron».

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«Cuando los juzgados evidencien indicios»

Así, puesto que al Tribunal Supremo sólo le corresponde investigar los hechos presuntamente delictivos cometidos por aforados ante la Sala Segunda, como se recuerda en el auto con fecha de este viernes, los magistrados no rechazan investigar a miembros del Gobierno más adelante. «Cuando las diligencias que practiquen esos juzgados evidencien la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, será el momento de que el juez de instrucción, en su caso, eleve una exposición razonada sobre ellos al Supremo».

En este sentido, el presidente de la Sala y ponente del auto Manuel Marchena y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Pablo Llarena y Vicente Magro argumentan que «se impone demostrar que entre las acciones u omisiones – infracción del deber- y el resultado mortal o lesivo existió una concreta, precisa  e inequívoca relación de causalidad». «Esta relación de causalidad -añade la Sala- no puede construirse en términos genéricos difusos».

«Para considerar a los querellados responsables de un delito de homicidio o de lesiones por imprudencia, no bastaría con acreditar que se ocultó información procedente de organismos internacionales y que esos informes técnico-sanitarios ya eran disponibles por el Gobierno. Ni siquiera sería suficiente con demostrar que la no adopción de medidas tendentes a evitar las aglomeraciones masivas pudo incrementar el número de contagios. Nuestro sistema no conoce un tipo penal en el que se castigue a la autoridad o funcionario público que, de forma intencionada o negligente, oculte información relevante para conocer el verdadero alcance de una pandemia que amenaza con causar un grave peligro para la sanidad colectiva. En ausencia de un delito de riesgo que criminalice la desinformación que pone en peligro la vida o la integridad física de las personas, sólo podría ser objeto de un proceso penal la investigación de esas conductas de ocultación si existe posibilidad de demostrar que entre esa desinformación y el resultado lesivo o mortal hubo una precisa relación de causalidad», se expone en el auto.

Dirigen a lo Contencioso-Administrativo

Los magistrados también señalan que existen otras formas de reparación al alcance de las víctimas en otros órdenes jurisdiccionales, como son el contencioso-administrativo, donde son indemnizables los daños ligados al funcionamiento anormal de un servicio público, o el civil, por acciones u omisiones en que haya habido culpa o negligencia.

Las querellas y denuncias contra el Gobierno se presentaron por delitos contra la seguridad de los trabajadores, homicidios imprudentes, lesiones imprudentes, prevaricación y omisión del deber del socorro, entre otros. Las pusieron distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y el partido político Vox.