España

"La inmersión como la hemos conocido muere con esta sentencia"

Las entidades que defienden la escuela bilingüe exigen a Gobierno y Generalitat el cumplimiento de la sentencia del TSJC que obliga a fijar un mínimo del 25% para catalán y castellano en la enseñanza

Alumnos de un colegio catalán EFE

«La inmersión lingüística tal como la hemos conocido hasta ahora muere con la aplicación de esta sentencia». Las asociaciones de defensa de la educación bilingüe son contundentes sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el uso del castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. Un dictamen que la Generalitat ya ha dicho que piensa recurrir y que no aplicará a la espera de la entrada en vigor de la Ley Celaá.

Esta sentencia «nos facilita mucho» el camino de los recursos judiciales contra los proyectos lingüísticos monolingües, explica José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano. Si hasta ahora estos recursos se hacían a petición de alumnos concretos y sólo se aplicaba la resolución judicial al grupo del alumno solicitante, ahora podrán exigir que se modifique el proyecto lingüístico del conjunto del centro, evitando situaciones discriminatorias.

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, resalta que la sentencia del TSJC «cambia el ámbito al que afecta respecto a sentencias anteriores», en las que los recursos provenían de padres y se amparaba a unos niños en concreto. «Esta sentencia tiene ámbito general, afecta a todos los colegios de Cataluña».

Obligación de la Generalitat

En una resolución que recoge la jurisprudencia sentada tanto por el Tribunal Constitucional como por el propio Superior de Justicia de Cataluña, el TSJC ha resuelto la «obligación de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias» para «garantizar» que los alumnos catalanes «reciban de manera efectiva e inmediata» la enseñanza «mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».

En otras palabras, relata Domingo, «el tribunal dice que efectivamente la Generalitat tendría que haber dictado normas para hacer factible el modelo de conjunción lingüística». Todo ello, después de que la Abogacía del Estado denunciara en 2016 la falta de la adecuación autonómica a sentencias anteriores.

Recurso de la Generalitat

El Departamento de Enseñanza de la Generalitat ha anunciado ya que recurrirá la sentencia, que no es firme. Y añade que cuando entre en vigor la Ley Celaá quedará sin efecto. Pero Domingo niega esta valoración, recordando que la sentencia «prevalece sobre la ley orgánica», porque recuerda explícitamente el tribunal que se basa en jurisprudencia asentada en la Constitución y el Estatut.

La Generalitat lamenta además que «diez años después aun se estén sufriendo las consecuencias de la Ley Wert» que introdujo el reconocimiento explícito del castellano como lengua vehicular en la educación. Según Carles Martinez, número tres de la Consejería de Educación, «lo que toca ahora es proteger a nuestro alumnado de unos efectos que tienen poco que ver con lo educativo».

Martínez ha criticado además que «el alto tribunal quiere hacer de parlamentario» y defiende que no existe una demanda de más castellano en la educación.

Doctrina del Constitucional

«Tendrían que reformar la Constitución y el Estatut» para invalidar esta sentencia, responde Domingo, convencido de que la decisión judicial permite por tanto revertir la educación «monolingüe» en Cataluña. «Todos los artilugios que están creando entorno a la reforma de la Ley de educación se caen porque la sentencia deja claro que el origen no está en la LOE sino en Estatut».

Así, «por mucho que reformen la LOE con la intención con que la están planteando no va a servir de nada porque la sentencia deja claro que deriva de la Constitución y el Estatut», concluye el líder de Impulso Ciudadano. Tanto desde esta entidad como desde la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) han reclamado a la Generalitat que aplique ya la sentencia del TSJC. Una reclamación a la que se han sumado PP y Cs.

No confían en Celaá

Pero desde IC reconocen que tienen pocas esperanzas de que el Ministerio de Educación exija la ejecución de la sentencia a la Generalitat, vista la negociación de la Ley Celaá, en la que el PSOE aceptó eliminar la mención del castellano como lengua vehicular a petición de Esquerra.

Eso sí, tanto padres como asociaciones están legitimadas para pedir a los centros que cambien los proyectos lingüísticos. Y entidades como la AEB se preparan ya para recurrir aquellos proyectos lingüísticos que no cumplan el mínimo del 25%.

El presidente del PP, Pablo Casado, por su parte, exige al Gobierno de Pedro Sánchez que «vele por que esta sentencia se cumpla de inmediato» para respetar el «derecho» de los alumnos a recibir las clases en catalán y castellano, porque es «fundamental que haya convivencia de las dos lenguas cooficiales».

El castellano, ha subrayado, «debe seguir siendo lengua vehicular» en Cataluña, pese a que la ministra de Educación, Isabel Celaá, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «lo quieran cambiar».

Según el líder de los populares, el Gobierno aún «está a tiempo de cumplir con esta sentencia y no culminar el proceso legislativo» para la aprobación definitiva en las Cortes de la llamada ley Celaá, que prevé que el castellano deje de ser lengua vehicular en la enseñanza.

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