El hemiciclo del Congreso de los Diputados, vacío EFE

Política

De la derogación de la ley Wert a la 'tasa Google': el Parlamento, en 'stand by' por la crisis

La presión de la oposición para acabar con la determinación del Gobierno de someter a la Cámara Baja a una suerte de «cuarentena democrática» en tiempos de pandemia finalizó este martes, cuando la Mesa del Congreso acordó levantar finalmente la suspensión de los plazos reglamentarios para tramitar iniciativas parlamentarias -solo desde que comenzó la crisis, en PP y Vox se cuentan por miles, relacionadas sobre todo con la gestión del coronavirus– y la Junta de Portavoces aprobó someter de nuevo al Ejecutivo a una sesión de control el próximo miércoles 15 de abril.

La actividad en la Cámara se redujo al mínimo desde que se confirmó el primer positivo de la clase política, el del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, mientras que la última sesión de control se remonta al pasado 26 de febrero. Y aunque se reactive ahora el control al Ejecutivo, previsiblemente con un hemiciclo prácticamente vacío y en medio de medidas de higiene rigurosas, aún quedan centenares de propuestas de los grupos parlamentarios y varias tramitaciones legislativas que meses atrás monopolizaban el debate político, ahora en stand by por la situación de emergencia en que entró el país hace más de un mes y la hibernación de la actividad en el Congreso.

La virulenta irrupción del Covid-19 ha dejado en pausa por ejemplo una de las disputas políticas más tensas de la era anterior al virus: las propuestas para reformar el Código Penal e incluir la revisión de los delitos de sedición y rebelión, entendida entonces como una decisión vital para mantener el apoyo de ERC al Ejecutivo. Proponía Sánchez debatir la posibilidad de suavizar las penas de los mencionados delitos hasta un máximo de 15 años, lo que implicaría la salida de prisión prematura de los líderes independentistas presos por el procés catalán.

Se enmarcaba esta reforma en mitad de las reuniones entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, coincidiendo además con la puesta en marcha de la mesa de diálogo con el Govern, una de las condiciones que exigía Esquerra para alumbrar la investidura del Ejecutivo de coalición.

Sobre la reforma del Código Penal versaban también otras iniciativas desligadas del conflicto catalán, como la del consentimiento en las relaciones sexuales, el endurecimiento de las penas por delitos de odio a propuesta de Unidas Podemos o las modificaciones relacionadas con infracciones medioambientales, todas ellas diluidas por la emergencia sanitaria.

La ‘tasa Google’ y la ‘tasa Tobin’

La irrupción del virus en España ha provocado una paralización de los planes tributarios del Gobierno, que se centra ahora en armar una economía de guerra con medidas de contención excepcionales para la incipiente crisis de deuda que está por venir.

La reforma fiscal pactada en el acuerdo entre Sánchez e Iglesias para afianzar el déficit y la aprobación de nuevos impuestos o la creación de otros nuevos está congelada. Es el caso de uno de proyectos de ley como el del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o ‘tasa Google’, que siguen en la cola de tramitaciones de la Cámara Baja tras el ‘sí’ del Consejo de Ministros. Este nuevo tributo suponía gravar el 3% de los servicios de publicidad en línea, de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario o la venta de metadatos.

Queda en el aire también la ‘tasa Tobin’ o Impuesto sobre las Transascciones Financieras, destinado a gravar el 0,2% de las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Ambas tasas implicaban un ingreso aproximado de hasta 2.000 millones de euros.

En el ámbito fiscal, el Ejecutivo había planteado una ambiciosa reforma para el Impuesto de Sociedades -con un tipo mínimo del 15%-, así como una subida del IRPF para las rentas más altas, iniciativas que ahora quedan encapotadas por la crisis y la necesidad de mirar hacia unos Presupuestos «de reconstrucción económica y social» para los que solicitará el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias y diluirá el bloque político de la investidura.

Derogación de la LOMCE

La derogación de Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), más conocida como ‘ley Wert’, aprobada por el Consejo de Ministros y cuyo debate va ya con retraso por el último adelanto electoral, se entiende como uno de los estandartes prioritarios en los objetivos del Gobierno de coalición. La reforma fue aprobada el pasado 3 de marzo, si bien debía abrirse en el Congreso el plazo de enmiendas y habilitarse su paso por la comisión de Educación, un proceso de varios meses que ahora se demorará aún más.

La ahora conocida como Lomloe, entre otros puntos, permite obtener Bachillerato con una asignatura suspensa; elimina los itinerarios educativos del PP; trata de evitar la segregación por sexo en las escuelas concertadas para formar en la igualdad a todas las etapas educativas; suprime las polémicas reválidas; y la asignatura de Religión deja de ser una materia específica en Bachillerato, por lo que no cuenta para la nota y se añade la Educación en Valores Cívicos y Éticos como obligatoria.

Ayudas al campo y despidos, a tiempo

Tramitaciones del Covid-19 a parte, en el Congreso aparecen registrados varios reales decretos entre los que se encuentran la derogación de los despidos por sucesión de bajas médicas intermitentes y justificadas como parte del desmantelamiento de parte de la reforma laboral del PP; o las ayudas urgentes para los agricultores, tras las protestas del sector del campo que capitalizaron titulares hace un par de meses y que exigían la garantía de precios justos para los productores y la eliminación de las ventas a pérdidas. Ambas se convalidaron en un pleno telemático el pasado 24 de marzo: la Junta de Portavoces habilitó la sesión extraordinaria en mitad del estado de alarma porque se agotaba el plazo de convalidación de ambos decretos.

La paralización parlamentaria afecta también a algunas proposiciones de ley que guarda el grupo parlamentario socialista, de momento en un cajón, como la referente a la memoria histórica, para «desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó», con medidas como la exhumación de las víctimas de la dictadura que continúan en fosas comunes o la retirada de simbología franquista; pero también trastoca los planes del PP: en el aire se ha quedado la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal por el que los de Casado trataban de evitar que se repitan casos como el de Dolores Delgado y haya más ex ministros de un Gobierno al frente de la Fiscalía General del Estado.

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