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El Gobierno de Pedro Sánchez no pretende renunciar a la creación de una tasa que grave determinados servicios digitales (la conocida como tasa Google) para forzar a que los gigantes tecnológicos paguen impuestos por su actividad en el país. El Ejecutivo español apoya la propuesta de la OCDE de lanzar un impuesto a escala internacional, pero no quiere esperar a que haya un acuerdo global y se decanta por aprobar su propio tributo cuanto antes.
“El Gobierno sigue firme en su voluntad de aprobar este impuesto. Cuando se aprueba una iniciativa común [en el marco de la OCDE] se adoptará”, ha sentenciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Montero ha presumido de que el Ejecutivo ha estado durante el último año “a la vanguardia de Europa” contra la “injusticia fiscal” que supone que los gigantes digitales se libren de tributar en muchos países centralizando formalmente su actividad sólo en países con ventajas fiscales.
Hacienda estudia la propuesta lanzada esta semana por la OCDE para gravar a las multinacionales de manera armonizada a escala internacional (en la organización se integran 134 países), en la que encuentra “muchas similitudes” con la tasa Google planificada por el Gobierno español e incluso detecta cuestiones en la que la propia OCDE “va más allá”.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya quiso aprobar la denominada tasa Google de manera unilateral en España la pasada legislatura, pero el no a los PGE y la convocatoria de elecciones impidieron su creación. Con el Gobierno en funciones y a la espera de que haya una investidura tras el 10-N, el Ejecutivo confirma su intención de gravar la actividad de los gigantes digitales en España.
Un hachazo de 1.200 millones
El Gobierno pretendía dar un hachazo fiscal a los gigantes tecnológicos que operan en nuestro país a través de los presupuestos generales del Estado (PGE) que el Congreso acabó por rechazar, lo que llevó al Presidente a disolver las Cortes y convocar elecciones. El Ejecutivo quería que en los PGE de 2019 se incluyera ya la denominada tasa Google, un tributo específico para grandes grupos de la economía digital.
La previsión del Gobierno es que la recaudación de la conocida popularmente como tasa Google se eleve hasta los 1.200 millones de euros al año, una cifra que a todo el sector tecnológico y a buena parte de la oposición política les pareció siempre exagerada e inalcanzable.
El nuevo tributo sólo tenían que pagarlo las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España que superen los 3 millones de euros. Google, Amazon, Facebook, Apple… eran algunos de los gigantes que tendrían que tributar más en España. El impuesto gravaba al tipo del 3% los servicios de publicidad e intermediación online y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
El impuesto digital era, de hecho, una herencia recibida del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ya pretendía haber empezado a aplicarlo en los anteriores PGE. La previsión de Montoro pasaba por recaudar 600 millones en 2018, pero teniendo en cuenta que sólo se iba a aplicar en la segunda mitad del año. La estimación del actual Gobierno de ingresar 1.200 millones al año venía pues a replicar los cálculos del Ejecutivo anterior.
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