La Fiscalía General del Estado, con Dolores Delgado al frente, ha archivado las diligencias de investigación sobre el hallazgo de cadáveres presuntamente «conviviendo» con otros ancianos en residencias que denunció la pasada semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que soldados de la Unidad Militar de Emergencias comenzaran a entrar en estos centros de toda España, donde se han multiplicado los infectados y fallecidos por coronavirus. Puesto que las fiscalías provinciales de Valladolid y Barcelona ya han abierto diligencias de investigación sobre los hechos concretos, Delgado decidió este martes archivar las de la Fiscalía General «sin perjuicio de mantener en lo sucesivo y con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación».

El Ministerio Público anunció el pasado 23 de marzo que abría diligencias de investigación «dirigidas a determinar la gravedad de los hechos y su relevancia penal» tras la denuncia del Ejército, desde donde se afirmó que «se habría detectado la existencia de personas ancianas, algunas de ellas enfermas, residiendo en situaciones extremas y malas condiciones de salubridad, así como residentes fallecidos». El fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Dolz, centralizaría la investigación, según se anunció.

Fuentes de Guardia Civil y Policía afirmaron después de que la noticia sobre dicho hallazgo se publicara en la Cadena Ser y de que la ministra Robles la confirmara en unas declaraciones públicas a medios de comunicación que no habían sido advertidos de tales hechos para actuar según sus competencias. Robles afirmó que «se han podido ver ancianos, mayores, absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas».

Investigación en las comunidades autónomas

Ahora, la fiscal general decide archivar la investigación puesto que ya hay diligencias abiertas en las fiscalías provinciales de Barcelona y Valladolid, donde se dieron los casos puntuales más graves. Delgado expone en el decreto fechado este martes al que ha tenido acceso El Independiente que las diligencias «deben por tanto ser archivadas sin perjuicio de mantener en lo sucesivo y con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».

En el documento que lleva su firma, la fiscal general explica que «el objeto de las referidas diligencias era recabar información urgente y centralizada en relación con los hechos conocidos a través de una información periodística difundida por la emisora de radio Cadena Ser, en la que se hacía referencia a que, en algunas residencias de ancianos -sin especificar más-, miembros del Ejército y/o de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en cumplimiento de las funciones que les han sido encomendadas con ocasión del estado de alarma declarado para hacer frente a la pandemia por COVID-19, habían detectado la existencia de personas ancianas, algunas de ellas enfermas, residiendo en muy malas condiciones de salubridad, llegando incluso a afirmarse en la información – citando fuentes de Defensa- que «hay escenas durísimas en algunas residencias, de ancianos muertos en sus camas y el personal desaparecido».

Delgado aclara que, a pesar de que la noticia «no concretaba, siquiera mínimamente, la ubicación de las residencias de ancianos donde se habían producido los hechos», éstos «tal y como eran relatados revestían una gravedad extrema, circunstancia que hacía exigible la adopción inmediata de medidas tendentes a su esclarecimiento».

Ahora, tras la apertura de las investigaciones en las fiscalías territoriales correspondientes a las residencias donde se encontraron las situaciones descritas, decreta «el archivo de las presentes diligencias, debiendo mantenerse el cauce de comunicación con la Fiscalía General del Estado para la gestión y remisión de la información a la fiscalía que resulte competente a través de la Secretaría Técnica y por medio del mecanismo de la dación de cuenta del art. 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».