La defensa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo utilizará parte del contenido de la sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid hecha pública esta semana para argumentar que no se puede separar la actividad personal o privada en su empresa Cenyt y los trabajos que hacía para los distintos gobiernos de la democracia como agente encubierto cuando estaba en activo en la Policía.

Esa es la principal razón que el comisario en prisión preventiva desde noviembre de 2017 -cuando fue detenido en el marco de la operación Tándem- ha tratado de esgrimir ante la Fiscalía Anticorrupción y el instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para pedir que dejen de investigarle como presunto líder de una "red mafiosa policial" o "red parapolicial" que se habría lucrado de sus contactos en la Policía y la información a la que podía acceder gracias a ellos para realizar dosieres de espionaje por encargo de empresas del Ibex 35 que le habrían dado beneficios millonarios. Dichas empresas le habrían hecho los encargos a cambio de tener información clave de la competencia.

La macrocausa que se investiga en la Audiencia Nacional cuenta ya con 30 piezas distintas de investigación y en casi todas se parte de un presunto delito de cohecho cometido por Villarejo y otros policías de su órbita por aprovechar su condición de funcionarios para lucrarse.

"En peligro su seguridad y la de sus contactos"

Pero Villarejo sostiene que los responsables gubernamentales y de la Policía que le confiaron operaciones como agente encubierto o secreto conocían la existencia de su empresa y en ocasiones se sirvieron de ella para los trabajos "delicados" que desarrolló.

Para esta línea de defensa, su abogado considera importante la sentencia absolutoria por los delitos de injurias y denuncia falsa contra el CNI dictada por el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid que se hizo pública este lunes y que es recurrible por la Abogacía del Estado que ejercía la acusación en representación de los servicios secretos españoles.

En la resolución se establece que Villarejo no injurió al servicio de Inteligencia al decir que su exdirector Félix Sanz Roldán amenazó de muerte a Corinna Larsen, examante del rey emérito, en una entrevista en televisión puesto que únicamente reprodujo lo que ésta (que declaró como testigo y lo ratificó) le había contado previamente. También que no incurrió en denuncia falsa contra el CNI al decir que filtró a El País una fotografía suya bajando de un avión e Melilla tras participar en una operación contra el terrorismo yihadista y que, haciéndolo, puso en peligro tanto su seguridad como la de sus contactos.

Para el magistrado Jesús de Jesús Sánchez que dictó la resolución, Villarejo siempre creyó que dicha versión de los hechos, su versión, era la verdadera y por tanto no tuvo ánimo de injuriar al CNI ni a su director.

Sin embargo, durante el juicio sí quedó en evidencia -gracias a la declaración de distintos testigos como fue el caso del ex responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) y también policía José Luis Olivera- que Villarejo participó en una operación secreta en la que ambos intervinieron como agentes encubiertos en el contexto de una infiltración para la detección y neutralización de amenazas terroristas yihadistas. En la sentencia, el juez da credibilidad al carácter "oficial" de dicha operación y al papel de ambos agentes en ésta. De ahí que Villarejo entendiera que la publicación de la fotografía que le identificara podía ponerle en peligro tanto a él como a sus contactos.

"En Afganistán he sido tratante de caballos, en Somalia traficante de armas, en otros sitios cuando detuvimos a Oubiña fui un comerciante que tenía barcos..." declaró Villarejo ante el juez para tratar de demostrar que su papel en distintas operaciones era "sensible" y no podía desvelarse para no poner en peligro tanto éstas como los fines que se trataran de salvaguardar con ellas.

Así, su defensa previsiblemente utilizará dicha sentencia para argumentar en la causa Tándem que muchos de los trabajos que realizó para el Estado fueron secretos, los realizó desde sus empresas y no hay delito de cohecho ni organización criminal en éstos. Ya lo intentó con la presentación de tres cartas firmadas por tres directores adjuntos de la Policía que reconocieron dicho papel secreto por escrito y posteriormente se desdijeron en sede judicial. Algo que el comisario les ha reprochado en los últimos escritos remitidos al Juzgado Central de Instrucción 6.