El juez del caso Tándem ha citado para el próximo 28 de noviembre a declarar en la Audiencia Nacional a tres antiguos responsables policiales que firmaron sendas cartas en enero de 2018 en las que manifestaron que «conocían y autorizaron la actividad privada de Villarejo cuando era comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía».

Se trata de los ex subdirectores generales operativos de la Policía Agustín Linares Molina y Pedro Díaz-Pintado, a los que el instructor cita como testigos el próximo jueves a las 9.30 y 10 horas de la mañana, y el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino al que el juzgado cita como investigado el mismo día a las 10.30 horas. Pino también está imputado en la pieza Kitchen del presunto espionaje del Gobierno de Rajoy al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas sin autorización judicial y utilizando medios y personal de la Policía en beneficio del partido y sus dirigentes.

A petición de los fiscales

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende así a la petición de los fiscales Antiocorrupción que buscan despejar si José Manuel Villarejo tenía autorización para realizar trabajos de espionaje en su empresa Cenyt mientras era comisario en activo, según ha adelantado Eldiario.es y confirman fuentes jurídicas a El Independiente. Se trata de la pieza angular del caso que se investiga en la Audiencia Nacional, pues el delito de cohecho por la información privilegiada que tenía por sus contactos en la Policía es el eje de todas las piezas de la instrucción.

«Amparado por los Gobiernos»

Desde que comenzó a estar investigado por cohecho, entre otros graves delitos en la Audiencia Nacional, el comisario ahora jubilado ha mantenido que «su actividad privada (en la empresa Cenyt) estaba amparada por sus mandos policiales y era conocida por los responsables políticos de la seguridad del Estado desde que en el año 1993 se incorporó desde la excedencia voluntaria a prestar servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, con el empleo de Inspector Jefe y destino en la Comisaría General de Información».

Desde dicha empresa habría realizado los famosos informes de espionaje que han llevado a particulares e importantes empresas a estar investigados por cohecho en la Audiencia Nacional por los encargos que hicieron al comisario mientras estaba en activo: BBVA; los miembros de la familia García-Cereceda, herederos del propietario de la lujosa urbanización madrileña La Finca; los empresarios navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura; los propietarios del despacho Herrero & Asociados o Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, su hermano y sus socios, entre otros.

La defensa del comisario jubilado aportó tres cartas en las que sus responsables Linares, Díaz-Pintado y Pino reconocían que contaba con permiso de la Policía para llevar a cabo la doble actividad.

Sin embargo, Anticorrupción cuenta con un informe del 2 de junio de 2017 de la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda y Función Pública) según el cual no consta que el comisario José Manuel Villarejo Pérez «haya solicitado en algún momento desde la entrada en vigor de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas».

Esta contradicción entre lo que él dice y lo que sostienen las autoridades nacionales ha llevó a los fiscales a pedir al juez que cite a sus responsables policiales para que expliquen si verdaderamente tenía autorización para la doble condición de agente y detective y en qué términos. Es decir, si esa doble condición le legitimaba para acceder a datos confidenciales sin autorización judicial y utilizarlos en sus trabajos privados con ánimo lucrativo.

Piedra angular de la investigación

Precisamente que los responsables de la Policía conocieran o no la actividad privada de Villarejo desde su empresa privada y la autorizaran constituye la base de la investigación contra él.

El delito de cohecho tanto contra Villarejo como contra el resto de investigados sostiene el resto de graves delitos que se le imputan, como el de pertenencia (como líder) a organización criminal, falsedad o blanqueo, entre otros.

Los fiscales sostienen que el comisario se benefició de su condición de Policía y de los vínculos judiciales, económicos y con otros miembros del Cuerpo que ésta le daba para ofrecer a clientes privados trabajos de espionaje en los que utilizaba datos confidenciales y de los que sólo él y sus socios se beneficiaron. Es el denominado «clan mafioso policial» por los investigadores, y en el que incluyen a otros policías en segunda actividad o ahora jubilados que también han tenido que pasar por la sala de declaraciones de la Audiencia Nacional como investigados.