Política ANTICORRUPCIÓN CARGA CONTRA LOS COMISARIOS DE LAS CLOACAS

La Fiscalía dice que hubo una "organización criminal asentada en la cúpula de la Policía"

El juez García-Castellón sostiene en un auto que la organización criminal no se consideró en un principio “suficientemente acreditada” se ha revelado “innegable” con el avance de las pesquisas,.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017. EFE

El avance de la investigación lleva a la Fiscalía Anticorrupción a sostener que en la cúpula de la Policía en España hubo «una organización criminal» cuya actividad delictiva se prolongó en el tiempo. El Ministerio Público entiende que el comisario José Manuel Villarejo -en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como presunto líder de un clan mafioso- y el comisario principal Enrique García Castaño -conocido en los círculos policiales como El Gordo e imputado también en la causa- eran «miembros de una organización criminal asentada en la cúpula de la Policía».

Así lo expone el Ministerio Público en el escrito en el que pedía el pasado 24 de enero al titular Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que acumulara en la pieza principal las diligencias abiertas para investigar las actividades presuntamente delictivas de García Castaño.

Asimismo, en el auto donde se daba respuesta a dicha solicitud, el instructor del caso Tándem García Castellón subrayó que el «entendimiento» existente entre ambos comisarios se ha constatado «incuestionable» en el marco de la pieza denominada Kitchen, alusivo al dispositivo que la Policía Nacional puso en marcha en 2013 para robar presuntamente al ex tesorero del PP Luis Bárcenas documentación comprometedora para la antigua cúpula de dicha formación.

Intervinieron en el espionaje a Bárcenas

«La relación directa de ambos investigados con quienes intervienen en el proyecto, principalmente Sergio Ríos Esgueva [antiguo chófer de Bárcenas] y Andrés Gómez Gordo [inspector de Policía], no resulta explicable sino dentro de este marco colaborativo. Ambos reconocen haber intentado contactar con Sergio Ríos por diversos medios, ambos se involucran en el operativo, se interesan en el resultado del operativo y gestionan una información que nunca llegaría ser judicializada», observa el juez. Y añade: «Esta colaboración por sí sola presenta una coordinación en el tiempo que les sitúa muy próximos a la organización delictiva, pero que en todo caso cualquiera que sea su denominación determina necesariamente una investigación conjunta».

De esta forma, el actual instructor del caso Tándem juzga que si bien la integración en la organización criminal no se consideró en un principio «suficientemente acreditada» se ha revelado «innegable» con el avance de las pesquisas, de ahí que haya atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y haya optado por acumular las diligencias sobre García Castaño en el procedimiento principal.

El Gordo, pieza clave

El análisis de la documentación y de las grabaciones intervenidas a Villarejo en los registros de sus viviendas tras su detención en el otoño de 2017 llevó a la apertura de una pieza separada para investigar los pagos supuestamente recibidos por Enrique García Castaño -ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)- «como contraprestación» por la «información reservada» que habría facilitado al comisario jubilado hoy en prisión para los «informes de inteligencia» que realizaba a través de su entramado empresarial. Esa colaboración consistía básicamente en la obtención de datos bancarios y tributarios y listados de tráfico de llamadas telefónicas de terceros -de acceso restringido y que requerían de autorización judicial- «prevaliéndose de su condición policial».

En concreto, las alertas del «carácter estable» de la colaboración entre Villarejo y El Gordo se activaron para los investigadores policiales a raíz de encontrar un documento de Excel en uno de los ordenadores que le fueron intervenidos al comisario hoy encarcelado en el que se detallaba la identidad de usuarios de vehículos de la estructura empresarial y uno de ellos era ‘Big’, gordo en inglés. Dos de esos coches -un BMW Z4 Cabrio y un BMW 320D- estaban vinculados a la pareja y a una hija de García Castaño.

El juez García-Castellón dice que la ‘operación Kitchen’ demuestra el «incuestionable» entendimiento entre ambos comisarios

Anticorrupción sostenía que la separación en piezas diferentes cobraba menos sentido aún desde que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional entregó un oficio a finales del pasado mes de noviembre en el que daba cuenta de la investigación patrimonial realizada sobre García Castaño y su entorno familiar. De Egea mantenía que la relación de ambos comisarios en las actividades objeto de investigación eran de «carácter ocasional» y era partidario de que los sumarios continuaran instruyéndose de forma independiente.

Lejos de respetar el criterio del anterior instructor, el juez Manuel García-Castellón se aviene a la tesis defendida por la Fiscalía y constata que la colaboración de Enrique García Castaño respecto al entramado empresarial de Villarejo -a través del grupo Cenyt- «presentó no sólo una asiduidad mayor» de la que se creía en los inicios de la investigación sino que la figura del comisario aún en activo «está siempre presente».

«Vínculos personales y materiales»

«Presentaba vínculos personales y materiales que dotaban de contenido y sustantividad a dicha relación, con distribución de funciones entre unos y otros y sobre todo con una permanencia en el tiempo que no sería explicable sino dentro de un marco colaborativo entre ambos investigados», concluye el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el auto por el que el pasado 1 de febrero acordó integrar las diligencias previas abiertas sobre la actuación de García Castaño a la pieza principal del caso Tándem.

El juez García-Castellón considera que la declaración que el comisario prestó en calidad de imputado los días 16,17 y 18 de enero «no ha desvanecido los indicios racionales que se han presentado desde un primer momento» contra el ex jefe de la UCAO sino que «confirman la existencia de los presupuestos exigidos para afirmar la vinculación estable con el entramado profesional de José Manuel Villarejo y la conexión delictiva» que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para su «enjuiciamiento conjunto».

 

 

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