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Euskadi estudia una 'ley vasca anti Covid' ante la resistencia a cambiar el decreto de alarma

Urkullu ha solicitado de modo reiterado a Sánchez que dote de mayores garantías juridicas a las Comunidades Autónomas, la últimas tras el revés del TSJPV por el cierre de la hostelería.

Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu, en La Moncloa.

Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu, en La Moncloa. EFE

El Gobierno vasco contempla ya la aprobación de una ley vasca anti Covid ante la falta de seguridad jurídica en la que le sitúa el actual decreto del Estado de Alarma y la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a modificarlo. El coordinador de la Comisión Técnica del LABI, el comité asesor del Gobierno de Urkullu, Jonan Fernández, ha avanzado que se trabaja ya en la redacción de una norma propia que permita dotar de mayor margen de actuación y adopción de medidas contra la expansión del coronavirus.

En este sentido, ha apuntado que actualmente hay decisiones que no se pueden adoptar por las limitaciones del decreto del Estado de Alarma contra el covid, como es el adelanto del ‘toque de queda’ que el Gobierno vasco siempre ha querido imponer pero para el que carece de herramientas normativas.

El anuncio se produce una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tumbara una parte del último decreto del Gobierno vasco en el que se obligaba al cierre de la hostelería. La medida cautelar que permite desde el pasado miércoles la repaertura de la hostelería en las zonas de mayor incidencia de contagios, finalmente no será recurrida por el Gobierno vasco pese a que ha mostrado su disconformidad por la resolución del tribunal. Más aún tras las declaraciones del juez ponente, Luis Angel Garrido, en las que cuestionaba la formación de los epidemiólogos.

Fernández ha recordado, como ya hiciera el lehendakari, que desde Euskadi se ha solicitado «reiteradamente» al presidente del Gobierno un cambio en el decreto del Estado de Alarma sin que hasta ahora se haya adoptado ninguna modificación. El propio Urkullu avanzó que el pasado miércoles, un día después de la resolución del TSJPV, envió una carta a Sánchez en la que le solicitaba más «garantías jurídicas» y herramientas para que los gobiernos autonómicos tengan margen normativo para adoptar medidas contra la proliferación del virus.

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