España

Las líneas de investigación que cercan a Podemos

La Fiscalía pide al juez abrir una nueva pieza en el 'caso Neurona' para investigar supuestas irregularidades internas del partido, como la contratación de una trabajadora como niñera de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, en el Congreso.

Pablo Iglesias, en el Congreso.

La investigación en un juzgado de Madrid que mantiene a Podemos investigado como persona jurídica por presunta financiación ilegal en su campaña electoral de abril de 2019 y administración desleal lejos de adelgazar, como esperaban sus líderes, se amplía.

La Audiencia de Madrid ordenó esta semana al juez Juan José Escalonilla investigar el destino de los fondos de la Caja de Solidaridad de la formación de Pablo Iglesias en los que ni él ni la Fiscalía vieron indicios de delito y el Ministerio Público también insta a que se investiguen irregularidades internas denunciadas por la ex responsable de Cumplimiento Normativo despedida del partido, Mónica Carmona. Las diligencias se unen a los últimos coletazos del caso Dina que el juez Manuel García-Castellón vuelve a tener en la Audiencia Nacional para ver si el vicepresidente segundo del Gobierno pudo cometer delito en el manejo del volcado del móvil de su ex asesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham. Éstas son las líneas de investigación que, en este momento, acechan a la formación.

Destino del fondo de solidaridad

La Audiencia de Madrid ha ordenado investigar a dónde fueron a parar 30.000 euros que el partido morado entregó a la asociación #404 Comunicación Popular, en la que figuran miembros de Podemos, en tres transferencias de 10.000 euros cada una.

Ese dinero salió de la Caja de Solidaridad de la formación, un fondo nutrido con parte del sueldo de sus cargos electos por normativa interna para proyectos sociales. El abogado expulsado de Podemos por investigar supuestas irregularidades internas, José Manuel Calvente, denunció que en realidad el dinero se entregó a dicha asociación porque en ella estaba un trabajador vinculado al diputado Rafael Mayoral, por lo que el dinero habría servido para sufragar gastos personales suyos. El partido no ha explicado al juez por qué concedió una subvención a la asociación #404 Comunicación Popular. Los magistrados de la Audiencia Provincial ven que la investigación «ha venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito» y ordenan al juez investigar si hubo administración desleal. Además, también le instan a admitir como perjudicada en la causa a otra abogada y ex senadora del partido, Celia Cánovas, que denunció que no sabía a dónde iban a parar sus donaciones a dicha Caja de Solidaridad.

Los trabajos de Neurona

La investigación sobre el destino de los fondos electorales en la campaña de 2019 es la que peor pinta para el partido de Iglesias. Tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía y el instructor Escalonilla sospechan que el partido simuló haber encargado trabajos a una consultora mexicana, Neurona, para la campaña y haberle pagado más de 400.000 euros que en realidad tuvieron otro destino. Reprochan al partido que a día de hoy no ha conseguido demostrar dichos trabajos. De ahí que el juez mantenga investigados, además de a Podemos como persona jurídica, a su responsable de campañas electorales y ahora jefe de Estrategia de la vicepresidencia de Iglesias, Juan Manuel del Olmo; a la gerente de la formación, Esther Val y al tesorero, Daniel de Frutos.

Neurona constituyó una filial en Carmona (Sevilla) ad hoc para cobrar los servicios, subcontratados a su vez a otra consultora mexicana. Unos meses antes de la campaña, Neurona giró un pago de 26.000 euros al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, al que el denunciante Calvente apuntó como comisionista del contrato con la empresa de la órbita chavista porque era amigo de su propietario, César Hernández. El juez también ha citado a declarar a Monedero como investigado por presunta malversación de fondos públicos.

Dina trata de salvar a Iglesias

Mientras avanza la investigación en el Juzgado de Instrucción número 42, el juez Manuel García-Castellón de la Audiencia Nacional practica las últimas diligencias para ver si puede volver a pedir al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por acceder a contenido íntimo del móvil de su ex asesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, y guardar una copia del volcado del dispositivo durante meses sin devolvérselo.

Esta vía de investigación parece abocada al archivo, al menos en el Juzgado Central de Instrucción 6, porque Bousselham perdona a su jefe y dice que acepta que accediera al contenido personal de su dispositivo. También entiende que si no se lo devolvió antes fue por sus «ocupaciones». El perdón de la víctima en el caso de los supuestos delitos que están sobre la mesa en este caso impiden que se investiguen. En todo caso, el juez solicitó a la Policía que hiciera un informe pericial sobre el estado de la tarjeta del móvil después de estar en manos de Iglesias y queda por saber si volverá a citar a Bousselham a declarar independientemente de su último escrito.

La niñera y 300.000 euros a la escuela de Mayoral

La Fiscalía pidió esta semana que, además de las líneas de investigación ya abiertas al partido de Iglesias, se abran nuevas. Concretamente que se averigüe la contratación de una trabajadora del partido, Teresa Arévalo, por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para el cuidado de sus hijos y los del líder de la formación. Arévalo fue diputada del partido y cuando perdió su escaño fue contratada por Montero como niñera para después incorporarla a su equipo en el Ministerio de Igualdad como asesora, con cargo funcionarial de nivel 30. Según denunció la abogada de Podemos, Mónica Carmona, ambas viajaron juntas a actos de partido girando al menos dos facturas a la formación.

La denuncia de la ex responsable de Cumplimiento Normativo también apuntó hacia otras supuestas irregularidades internas que el Ministerio Público pide investigar al juez en una pieza separada del caso Neurona. Entre ellas, que la escuela de formación política Paulo Freire, de cuya dirección se encargaba el Secretario de Sociedad Civil y diputado Rafael Mayoral recibiera 300.000 euros del partido y el Grupo Unidas Podemos en el Congreso sin exponer con «transparencia» para qué proyectos. Carmona explicó en un escrito presentado en febrero al juez que se disponía a investigar las vinculaciones de la escuela y los fondos destinados a ésta con otros proyectos como el de la asociación #404 Comunicación Popular al que se destinaron hasta 30.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido cuando fue despedida. La Fiscalía insta al juez a averiguar si hubo administración desleal de los fondos del partido en estas operaciones.

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