La investigación judicial abierta contra el partido político Podemos por presunta malversación y administración desleal afecta a los máximos responsables de la formación a nivel administrativo: la gerente, Rocío Esther Val, y el tesorero, Daniel de Frutos. También al jefe de las dos últimas campañas electorales, Juan Manuel del Olmo, a su vez director de Comunicación y Estrategia de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno al frente de la que se encuentra Pablo Iglesias. Del Olmo está citado a declarar como investigado ante el juez de Madrid, Juan José Escalonilla, el próximo 20 de noviembre.
El líder de Podemos mantiene en su puesto a Del Olmo a pesar de su imputación y públicamente se ha mostrado seguro de que la investigación acabará archivada. La pasada semana lanzó la advertencia, como también hizo la ministra de Igualdad, Irene Montero, de que en Podemos "tenemos memoria", dijo. "Como siempre, Podemos está a disposición de las autoridades judiciales para que nos requieran toda la documentación e información que consideren. La financiación de Podemos ha sido investigada repetidamente y jamás se ha hallado un indicio de delito. Pero tenemos memoria. En estos años, han sido muchas las ocasiones en las que se nos ha acusado de delitos graves. Informe PISA, montaje a Vicky Rosell, documentos falsos sobre cuentas en paraísos fiscales... Una lista interminable. El final de todas estas acusaciones es conocido", afirmó Pablo Iglesias en su cuenta de Twitter.
Era la reacción pública ante la apertura de una investigación judicial que ahonda en distintos frentes: una presunta financiación irregular de los gastos de la campaña de abril de 2019 por medio de la contratación de una consultora de comunicación mexicana; supuestas ilegalidades en la reforma de la sede central del partido o presuntos sobresueldos por medio de la 'Caja de Solidaridad' de la formación. Todas, denunciadas por el abogado expulsado de la formación, José Manuel Calvente, cuya declaración provocó que el juez dictara una batería de declaraciones y solicitara al partido político numerosa documentación.
La contratación de la mexicana Neurona
En esta tesitura, el líder de Podemos blinda a su círculo de confianza, su equipo más cercano que está bajo la lupa de la investigación del juez Escalonilla y que le ha acompañado desde el nacimiento de Podemos.
Del Olmo, que controla la agenda pública del vicepresidente Iglesias, fue el artífice de las dos últimas campañas del partido. El denunciante Calvente afirma que él "ordenó" contratar los servicios de Neurona Consulting, la consultora mexicana de comunicación que facturó 363.000 euros por trabajos electorales al partido. Unos trabajos que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas cree que pudieron ser simulados para constituir un vehículo de financiación electoral al margen de la ley. De ahí que considere que la justicia ordinaria debe investigar dicha contratación porque aprecia dos tipos de delito: fraude electoral y falsedad en documento mercantil, según la documentación que le ha aportado el partido.
Del Olmo continúa como responsable de Estrategia y Comunicación de la vicepresidencia segunda y también en la Secretaría de Comunicación de Podemos. A su vez, el político, que fue diputado por Valladolid en 2015, es pareja de la portavoz del partido, Isabel Serra, condenada recientemente por la Audiencia de Madrid por delitos contra la autoridad y lesiones leves por su participación en una protesta contra un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés en 2014.
Con el Poder Judicial enfrente
Iglesias y Montero defendieron esta semana la "honradez" de los miembros del partido investigados por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, aunque poniendo por delante que las investigaciones judiciales contra el partido siempre han "acabado en nada" y afirmando que Podemos "está a disposición de las autoridades judiciales". Sin embargo, otro de los miembros del partido más cercano a Iglesias, el portavoz y secretario de Sociedad Civil, Rafael Mayoral, acusó al juez de hacer "cosas extrañas" en su instrucción.
Una declaración pública que cayó como un jarro de agua fría en el Poder Judicial. El órgano de Gobierno de los jueces decidió emitir un comunicado en el que se quejó, por tercera vez, de lo que consideran una intromisión de miembros de Podemos, quienes consideran que no respetan su independencia.
Mayoral es otra de las personas sobre las que el denunciante Calvente apuntó en cuanto a posibles irregularidades dentro de Podemos. Según el abogado, el partido habría hecho contratos a dedo con importes superiores a los permitidos por la ley de contratos del sector público sin publicidad y transparencia con la cooperativa Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña, fundada por Mayoral. Calvente sostiene que la ‘Caja de Solidaridad’ de Podemos es más bien una ‘caja B’ utilizada por Mayoral para financiar pagos a entidades opacas sin identificar, algo que el aludido negó en una declaración pública.
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