El juez Juan José Escalonilla Morales, que ha abierto una investigación al partido Unidas Podemos como persona jurídica y a varios miembros de su cúpula para ver si incurrieron en los presuntos delitos de malversación y administración desleal, acumula más de 20 años de experiencia en la carrera judicial.

El magistrado, al que el coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Rafael Mayoral, acusó esta semana de hacer «cosas extrañas», huye de la exposición mediática, según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente. Sin embargo, a lo largo de su carrera se ha ocupado de algunas investigaciones de relevancia pública.

En mayo del año pasado, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 procesó a Rodrigo de Santos, exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por siete presuntos delitos de violación y otros dos de agresión sexual contra al menos dos presos en situación de semilibertad de la ONG Horizontes Abiertos en la que trabajaba.

Escalonilla, al que abogados que han llevado casos instruidos por él consultados por este diario definen como «exquisito y profesional», «serio y competente» o «de lo mejor que hay en Plaza de Castilla» (en referencia a la sede de los juzgados de instrucción de Madrid), comenzó su carrera como instructor en Manzanares (Ciudad Real), en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de dicho municipio. De allí fue promovido a categoría de magistrado y destinado a otro juzgado de primera instancia de Avilés (Asturias), de donde pasó en 2002 al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alcalá de Henares (Madrid) para cubrir a su titular, en situación administrativa de servicios especiales. En 2004, fue destinado a un juzgado de Collado Villaba (Madrid), de donde pasó al Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid y, finalmente, en 2015, al número 42 donde continúa.

Marina Castaño o el candidato presidencial de Perú

En 2010, al frente del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, Escalonilla obligó a Marina Castaño, viuda del Nobel Camilo José Cela, a repartir 5,2 millones con el hijo de éste, Camilo José Cela Conde, quien le llevó a los tribunales.

Sostuvo que Castaño y Cela crearon un entramado legal de empresas «pantalla» para burlar el pago de la legítima en concepto de derechos de autor, algo que más tarde ratificó el Tribunal Supremo.

Abrió una investigación por plagio de su tesis en la Complutense al excandidato presidencial de Perú, César Acuña

El juez que ahora investiga a Podemos también abrió, en 2017, una investigación por plagio de su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid al excandidato presidencial a Perú y líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta.

Otro de los casos mediáticos de los que tuvo que ocuparse fue el del chat policial contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en 2018. Con la opinión favorable de la Fiscalía, archivó la investigación a los policías locales que llamaron «vejestorio despreciable» o desearon «que se muera la vieja ya» a la exregidora. Rechazó que hubieran incurrido en un delito de injurias hacia la autoridad por la falta de publicidad de sus mensajes.

Otros casos mediáticos de los que tuvo que ocuparse, como repasó en un artículo reciente Vozpópuli, fueron el procedimiento contra el Grupo Zeta por la publicación de una fotografía de la actriz Elsa Pataky en topless que acabó con una condena para el grupo periodístico o el procesamiento de miembros de una organización de crimen organizado de latin kings.

El instructor fue uno de los 700 jueces que firmaron, en 2013, un Manifiesto por la independencia judicial promovido por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En éste se consideraba que su propuesta «rompe el equilibrio propio de la división de poderes» y «supone una subordinación del Poder Judicial al poder político».

Podemos le acusa de «utilización política»

Tras recibir por reparto la denuncia sobre irregularidades en Podemos del abogado expulsado de dicho partido, José Manuel Calvente, y un informe de la Guardia Civil interesando que se investigara a la formación de Pablo Iglesias por presuntos delitos de malversación y administración desleal, el magistrado citó a declarar como testigo a Calvente.

Después de escucharle, acordó una serie de diligencias, entre ellas reclamar documentación al partido que justifique los trabajos realizados por la consultora de comunicación mexicana Neurona Consulting, contratada para la campaña electoral de abril de 2019 por un valor de 363.000 euros, contrato bajo la lupa tanto del instructor como del Tribunal de Cuentas por si el partido le hizo pagos irregulares.

También ha citado a declarar como investigados el próximo noviembre al director de Estrategia y Comunicación de Vicepresidencia del Gobierno, Juan Manuel del Olmo, también secretario de Comunicación y responsable de las dos últimas campañas electorales de Unidas Podemos; a la gerente del partido, Rocío Esther Val; al responsable de finanzas y transparencia y al tesorero, Daniel de Frutos.

Tras estas imputaciones, el secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, hizo una declaración pública en la que acusó al juez de hacer «cosas extrañas» y achacó una «utilización política» en la investigación. Pablo Iglesias, en un mensaje público de su perfil de Twitter este viernes, también afirmó que «la financiación de Podemos ha sido investigada repetidamente y jamás se ha hallado un indicio de delito».