Política

Cerco a Podemos: el juez y el Tribunal de Cuentas fuerzan a Iglesias a justificar gastos electorales

Un juzgado de Madrid imputa al partido como persona jurídica y a varios miembros de la cúpula por los pagos a la consultora de comunicación mexicana Neurona Consulting sobre la que también ha puesto la lupa el órgano fiscalizador

Pablo Iglesias en el acto 'Samuradipen' en reconocimiento a las víctimas del pueblo gitano.

Pablo Iglesias en el acto 'Samudaripen' en reconocimiento a las víctimas del pueblo gitano. EFE

Unidas Podemos, el partido del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se verá obligado a aportar información detallada sobre los gastos de su campaña electoral de abril de 2019 bajo la sospecha de irregularidades.

El juez de Madrid Juan José Escalonilla ha iniciado una investigación contra el partido, imputado como persona jurídica, y contra miembros de su cúpula tras dar veracidad y ver indicios de presunto delito en la presentación de una denuncia y la declaración en sede judicial como testigo del abogado expulsado de dicha formación en diciembre de 2019, José Manuel Calvente, quien sacó a la luz distintas supuestas irregularidades en el seno de la formación.

Entre éstas, Calvente se refirió durante su declaración en sede judicial a la sorpresa que generó en Unidas Podemos la contratación de los servicios de la consultora mexicana Neurona para asesorar en la campaña electoral de abril de 2019 cuando «había personas preparadas para ello en el partido de brazos cruzados».

Precisamente el Tribunal de Cuentas alertó en un informe del pasado 7 de agosto adelantado por El Mundo de facturas sin justificar e irregularidades de Unidas Podemos que no fueron debidamente explicadas por el partido a pesar de que el fiscalizador lo pidió. Entre ellas, ponía la lupa en el contrato con la consultora de comunicación mexicana Neurona Comunidad SL para la campaña electoral por un importe de 363.000 euros.

Según destacó el Tribunal en su informe, la empresa, asesora de gobiernos de izquierdas y chavistas en Latinoamérica, emitió una factura a Unidas Podemos con dicha cantidad 15 días después de que la compañía mexicana se inscribiera en el registro mercantil español. La firma del contrato por los servicios contratados se hizo en mayo, una vez había pasado la campaña. El fiscalizador indicó que en el contrato aportado por Podemos para justificar los servicios prestados por Neurona recogió «los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada», pero «sin valoración económica individualizada de lo contratado».

El juez Escalonilla, ante las sospechas de pagos irregulares en dicho contrato, ha pedido al partido que aporte «documentación acreditativa de los trabajos llevados a efecto» por Neurona Comunidad SL y por otra consultora portuguesa, ABD Europa Unipessoa LDA, que también realizó trabajos para la campaña electoral.

Otras irregularidades denunciadas por Calvente

Después de tomar declaración al abogado expulsado del partido en diciembre de 2019 durante más de tres horas, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 acordó citar como investigado para el próximo 20 de noviembre al responsable de las últimas campañas electorales de Unidas Podemos, Juan Manuel del Olmo, quien a su vez es el secretario de Comunicación del partido y director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno.

El instructor también ha imputado a la gerente de la formación, Rocío Esther Val; al tesorero, Daniel de Frutos y a una trabajadora, Andrea Deodato. El 15 de septiembre, el juez también tomará declaración como testigos a las abogadas y compañeras de Calvente en el equipo legal del partido, Gloria Elizo y Mónica Carmona.

Con esta última, que era la responsable de Cumplimiento Normativo, comenzó a investigar presuntas irregularidades en el partido, según asegura Calvente, motivo por el que considera que ambos fueron expulsados. Podemos presentó como motivo del despido de Calvente la presentación de una querella por presunto acoso laboral y sexual de la abogada de Iglesias y de Podemos, Marta Flor Nuñez, que ha sido archivada recientemente por la jueza de Madrid que investigaba el caso.

En su denuncia de 40 páginas, a partir de la que el juez ha acordado una batería de diligencias, Calvente apuntaba a distintas irregularidades que pudieron cometerse en el seno del partido, como el cobro de sobresueldos; el fraccionamiento de contratos; posibles irregularidades fiscales; la utilización de información sobre consultas internas para llevar a cabo purgas entre los críticos, o la falsedad un despido para desprestigiar a un dirigente del partido. También trasladaba sospechas sobre el contrato con la consultora mexicana Neurona y afirmaba que la licitación de la obra de la sede de Unidas Podemos por más de 640.000 euros que acabó adjudicándose por el doble, más de un millón de euros, pudo ser falsa.

En este sentido, el magistrado ha solicitado a Podemos las facturas emitidas a la empresa de arquitectura que llevó a cabo la reforma en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. También ha pedido al Registro Mercantil Central que informe sobre las sociedades en cuyos órganos de administración se encuentre el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, al que Calvente señala como comisionista del contrato con la empresa Neurona.

Igualmente, Escalonilla solicita al partido que presente la normativa interna relativa a los sueldos de los empleados y reclama examinar la cuenta adscrita a la Caja de Solidaridad de Podemos comprobando si se llegaron a pagar 50.000 euros a la persona física o jurídica que se encontrara detrás del usuario #404 Comunicación Popular, pues el denunciante trasladó que esta Caja de Solidaridad sirvió como ‘caja B’ para costear gastos injustificados de altos cargos de la formación y apuntó a un asesor del partido en Bruselas como receptor de dicha cantidad.

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