El despido a finales del año pasado del abogado y responsable de Protección de Datos de Podemos, José Manuel Calvente, puede tener consecuencias graves para la organización que ahora forma parte del gobierno de coalición.

La causa del despido fue el supuesto acoso -laboral y sexual- a Marta Flor, abogada que formó parte del equipo legal de Podemos y que fue apartada del mismo en el verano de 2019.

La versión de Calvente es que la causa real de su despido fue que él y la responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, estaban investigando irregularidades en la organización y que el despido se produjo como respuesta disciplinaria. Es decir, porque estaban metiendo las narices en asuntos delicados.

En lo que aparenta ser la respuesta a un despido con causa fabricada lo que está en juego es si la dirección de Podemos ha estado inmersa en prácticas claramente corruptas. Como, por ejemplo, el cobro de sobresueldos; el fraccionamiento de contratos; posibles irregularidades fiscales; la utilización de información sobre consultas internas para llevar a cabo purgas entre los críticos, o la falsedad un despido para desprestigiar a un dirigente del partido. Y, también, como consecuencia de una imprudencia de la dirección de Podemos, que pueda verse afectada la investigación del caso Tandem (una pieza desgajada del caso Villarejo) al existir presuntamente una relación íntima entre Flor, como abogada de Podemos, y uno de los fiscales que investiga el caso que se instruye en la Audiencia Nacional por el juez Manuel García Castellón.

Cuando saltó el escándalo a la luz pública, a principios de diciembre de 2019, Pablo Iglesias, entonces en plena negociación para la formación del gobierno de coalición con el PSOE, retó a Calvente: «Si hay irregularidades, que nos lleve a los tribunales».

Pues bien, en eso está ahora Calvente, que, lejos de haber enterrado su causa contra la dirección de Podemos, la mantiene viva y desplegada en un amplio frente judicial.

El abogado despedido de Podemos por presunto acoso sexual prepara una batería de demandas contra el partido. «Es mi lucha contra la corrupción», sentencia

Por un lado, está la demanda laboral por despido improcedente. Por otra, Calvente está preparando una demanda civil por derecho al honor en la que se verían afectados Alberto Rodríguez (diputado y secretario de Organización de Podemos); Rocío Val (gerente de Podemos) o Ione Belarra (diputada y secretaria de Estado para la Agenda 2030). Además, en la vía administrativa tiene preparadas varias reclamaciones: protección de datos, irregularidades financieras y laborales.

No hay nada peor que meterse en pleitos con un abogado y Calvente tiene claro que quiere llegar hasta el final. «Yo no voy a enterrar este asunto porque la ley debe cumplirse sin excepciones», responde a preguntas de El Independiente.

Vayamos por partes ¿Qué fue lo que Calvente habría descubierto en el ejercicio de sus funciones?

-Que había dirigentes que cobraban en nómina un extra mensual de 600 euros que no se contemplaban en la tabla oficial de Podemos. Se llamaban «complementos de coordinación». Con dichos complementos, los que los cobraban superaban el límite de tres veces el salario mínimo interprofesional (SMI) que se han impuesto como tope los dirigentes de la organización.

-Que había dirigentes que cobraban, además, y de forma regular -no puntual- elevados gastos de viajes. Cada mes la misma cifra. Dichos ingresos no se hacían constar en nómina, por lo que se estaría ocultando un pago en especie.

-Que pueden haberse cometido irregularidades en las llamadas «donaciones de excedentes de salario» por parte de algunos diputados.

-Que se fraccionaron contratos con el objeto de beneficiar, entre otras, a una empresa controlada por Rafael Mayoral (diputado y responsable de Movimientos Sociales de Podemos).

-Que supuestamente se usaron datos de una consulta interna (la que se llevó a cabo en mayo de 2018 sobre el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar) para purgar a los críticos.

Calvente envió el 23 de octubre de 2019 un burofax al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, en el que le informaba de que Marta Flor podía poner en peligro la causa contra el ex comisario Villarejo, en la que Podemos está personado como acusación, al «anteponer sus relaciones íntimas» con uno de los fiscales que investigan la causa a las recomendaciones que se le hicieron desde la organización para que no la pusiera en riesgo.

En noviembre, al comprobar que Calvente no iba a cejar en su empeño de investigar hasta el fondo las irregularidades (que en el caso de los sobresueldos afectarían, por ejemplo, a la gerente Rocío Val y al tesorero, Daniel de Frutos), Podemos decidió despedirlo. Posteriormente, la responsable de Cumplimiento Normativo remitió una carta al Consejo Ciudadano en la que denunciaba que el despido de Calvente se había producido porque estaba investigando prácticas irregulares de posibles consecuencias penales.

El caso Calvente, al que desde Podemos se ha puesto sordina, cuestiona los principios éticos que estuvieron en la base del nacimiento del partido. Desde comportamientos ciertamente cutres, como el cobro de complementos difícilmente justificables, al pellizquito de los gastos de transporte. Eso sí, al mismo tiempo, se producían despidos con indemnizaciones de 20 días al aplicar lo establecido en una reforma laboral que se quiere abolir.

Más grave es, si es que Calvente tiene razón, el haber utilizado datos internos para hacer purgas políticas, lo que recuerda prácticas de los viejos partidos comunistas. O la frivolidad de algunos comportamientos poniendo en riesgo procesos judiciales en los que Podemos busca teóricamente desenmascarar a las «cloacas del Estado». No menos grave es que se haya simulado -según mantiene el acusado- un caso de acoso laboral y sexual para justificar un despido.

Las espadas están en alto. Calvente niega que haya habido algún acercamiento o intento de acuerdo por parte de la dirección de Podemos durante los últimos dos meses. «No se atreven a ofrecerme dinero. Yo no acepto ni chantajes ni sobornos», responde rotundo.

El enfrentamiento de este abogado con la organización a la que dedicó años y esfuerzo personal es total. Fue un hombre muy cercano a Iglesias, al que asesoró en algunos de los asuntos legales que le afectan personalmente. Su empeño, afirma, no es hacer daño a un partido con cuyos ideales se identifica. No es una venganza. «Es mi lucha contra la corrupción», sentencia.