España 'CASO VILLAR'

El juez investiga si directivos de la RFEF cobraban sobresueldos bajo apariencia de gastos de viaje

La documentación aportada por la Federación revela que los directivos cobraban una cantidad fija por asistencia a las reuniones en lugar de una indemnización por el gasto real que les ocasionaba cada desplazamiento, como establece la normativa

Ángel María Villare, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en una comparecencia.

Ángel María Villare, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en una comparecencia. EP

El juez del caso Villar investiga si directivos de la Federación Española de Fútbol (RFEF) cobraban sobresueldos bajo la apariencia de gastos de desplazamiento por asistencia a reuniones, al constatar que se trataba de cantidades fijas en el tiempo en lugar de importes variables en función del coste real del pasaje o billete reservado para cada viaje.

En una providencia fechada este lunes, a la que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado Santiago Pedraz accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y requiere a la RFEF la entrega de documentación adicional para intentar esclarecer las presuntas irregularidades que la instrucción de la causa ha venido poniendo de manifiesto en relación con el procedimiento de abono de este tipo de gastos.

En concreto, el juez pide a la Federación que certifique la «normativa, acuerdo o resolución» que ampare este desembolso a los miembros de la junta directiva, qué criterios siguió y por qué procedimiento se guió, cuáles eran los requisitos para su percepción, por qué las cantidades se mantuvieron fijas durante dos años y eran diferentes en función del beneficiario, y si era una contraprestación por «gastos realmente realizados».

Asimismo, el instructor reclama a la RFEF las actas de las reuniones de la junta directiva y de las comisiones celebradas entre el 10 de marzo de 2014 y finales de 2016 para comprobar quiénes participaron, al tiempo que acuerda ampliar la pericial ya encargada a técnicos de la Agencia Tributaria a fin de que analicen el «concepto, la cuantía, la regularidad y la declaración tributaria de los fondos federativos percibidos en concepto de desplazamiento».

«Las diligencias hasta el momento practicadas confirmarían de modo indiciario irregularidades en el procedimiento de abono de gastos derivados de la asistencia a reuniones de la junta directiva y a otras comisiones y/o eventos, de aquellos miembros respecto de los que se ha solicitado información, siendo preciso ahondar a en la investigación por si tales abonos, en la forma en que se llevaron a cabo, suponen un desvío y posible apropiación de fondos procedentes de la RFEF», sostiene Anticorrupción.

«Documentos originales»

Tras analizar la documentación aportada hasta ahora por la Federación sobre los pagos realizados a una docena de directivos (Juan Antonio Padrón Morales, José María Castillón, Vicente Temprado García, Juan Espino Navia, Vicente Muñoz Castelló, Antonio García Gaona, Jacinto Andrés Alonso Marañón, Diego Martínez Gómez, José Miguel Monje Carrillo, José Ángel Peláez, Antonio Suárez Santana y Andreu Subies Forcada), la acusación particular que ejerce LaLiga concluye que la práctica de abonar y percibir una cantidad fija en concepto de desplazamiento vulnera tanto las Guías de presupuestación y justificación del Consejo Superior de Deportes (CSD) como el real decreto sobre indemnizaciones por razón del servicio, que circunscriben el pago al «importe del billete o pasaje utilizado» y previa justificación del gasto con los «documentos originales» (facturas o billetes de transporte).

Escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que hace referencia a las presuntas irregularidades en el pago de estos gastos.

En este contexto, la patronal del fútbol llama la atención sobre el carácter variable de la cuantía que se abonaba en función del directivo de que se tratara. Así, el presidente de la Federación Murciana, José Miguel Monje Carrillo, percibía 598,16 euros, mientras que el ex vicepresidente de la RFEF Juan Padrón cobraba una indemnización de 591 euros y al mandamás del fútbol cántabro, José Ángel Peláez, se le abonaba 536,16 euros.

72 euros de taxi por viaje

LaLiga, igualmente, considera que la decisión de pagar un importe fijo de 72 euros por viaje en concepto de taxi «conculca» también el citado real decreto, por cuanto «no se justificaría documentalmente la realización de los desplazamientos percibidos».

La institución que preside Javier Tebas no pasa por alto el hecho de que, en siete de los nueve ejercicios analizados (2009-2017), la cuenta a la que la RFEF imputó los gastos arrojó una desviación negativa respecto a lo presupuestado inicialmente de entre el 3,83 % (2016) y el 94,44 % (2010). El importe ejecutado en dicho periodo osciló entre los 2.879.067,49 euros (2015) y los 6.259.573,53 euros (2020).

De otro lado, el juez Santiago Pedraz ha ordenado que se dé traslado a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que prestan auxilio judicial de la documentación aportada por la RFEF a fin de que puedan analizar el destino dado por la Federación a los cuantiosos fondos percibidos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Entre 2008 y 2017, la cantidad transferida ascendió a 344.130.682,92 euros, de los que 51.841.632,16 euros tenían como origen la recaudación de las apuestas deportivas del Estado.

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