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Tebas pide al juez del 'caso Villar' que eche de acusación a la RFEF por "entorpecer" la investigación

LaLiga sostiene que la Federación Española de Fútbol entrega con retraso la documentación que le pide el juzgado, responde de forma incompleta y actúa “en connivencia” con algunos de los investigados en lugar de defender los intereses de la entidad

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, saluda al máximo responsable de LaLiga, Javier Tebas.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, saluda al máximo responsable de LaLiga, Javier Tebas. EP

LaLiga ha pedido al juez que investiga el caso Villar que expulse a la Federación Española de Fútbol (RFEF) como acusación particular en este procedimiento por «entorpecer» la investigación y estar actuando «en connivencia» con algunos de los imputados en lugar de defender sus intereses para resarcirse del perjuicio que presuntamente ha sufrido. Es el último capítulo en la guerra que libran Javier Tebas y Luis Rubiales.

La patronal del fútbol plantea esta petición en un escrito presentado el pasado 10 de noviembre al titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. De no ser atendida, solicita subsidiarimente al magistrado que acuerde la agrupación de las acusaciones particulares que ejercen LaLiga y la RFEF bajo la dirección letrada de la primera.

LaLiga defiende que se despoje a la Federación de la condición procesal que tiene en la actualidad y vuelva a ejercer como actor civil, como al inicio de la instrucción. Y ello no sólo porque «no ha justificado documentalmente» los motivos por los que pidió ejercer la acusación sino porque ha demostrado una «completa carencia de interés» en el esclarecimiento de los hechos que se investigan en esta causa, especialmente los relativos a la gestión de presidentes territoriales imputados y que Rubiales mantiene en su junta directiva.

La patronal recuerda que, durante los más de tres años que dura ya la instrucción, la actuación procesal de la RFEF ha consistido en «oponerse reiteradamente» a la personación de LaLiga como acusación particular y a la práctica de diligencias solicitadas por esta parte, así como a «instigar» la declaración como investigado del candidato que se enfrentó a Rubiales en las elecciones celebradas en mayo de 2018 y ex tesorero con Ángel María Villar durante 30 años: Juan Luis Larrea. El instructor lo ha denegado.

A los ojos de la institución que preside Javier Tebas, existe una «absoluta orfandad» en la defensa de los intereses de las instituciones que integran la Federación Española de Fútbol por la «utilización desviada» que esta parte está haciendo de su posición como acusación particular y por su «completo y deliberado desentendimiento» de las obligaciones que conllevan esta condición procesal.

LaLiga dice que la RFEF entrega con retraso los papeles que pide el juzgado, responde de forma incompleta y actúa «en connivencia» con algunos investigados

LaLiga censura que la RFEF sostenga las «tesis defensivas» de los presidentes territoriales imputados y no haya solicitado «una sola diligencia de investigación» para aclarar la responsabilidad de los directivos -éstos apoyaron a Rubiales en el proceso electoral del que salió presidente hace dos años y medio tras la detención y posteriormente inhabilitación de Villar– en los hechos por los que han sido llamados al procedimiento. Ello contrasta -dice- con los indicios de criminalidad que han reunido los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La patronal pone especialmente el foco sobre dos de los directivos imputados. Uno es Antonio Suárez Santana, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) y al que el juez investiga como posible autor de un delito de estafa por el desvío de 232.558 euros de una ayuda finalista que el Consejo Superior de Deportes (CSD) concedió en 2011 para sufragar las obras de sustitución del césped sintético del campo de fútbol del Colegio Heidelberg (Las Palmas). Luis Rubiales lo mantiene como vicepresidente en su junta directiva.

En un escrito presentado el 12 de noviembre de 2019, la Federación Española se opuso de forma expresa a que se citara como imputado al federativo canario al entender que de la instrucción no se desprendía la existencia de indicios. «No es que la RFEF impulsara la investigación de los hechos imputados al Sr. Suárez Santana, quien ha sido declarado en las presentes diligencias con el visto bueno del Ministerio Público, sino que trató de detenerla», enfatiza.

Desvío de subvenciones del CSD

El otro es José Ángel Peláez, al frente de la Federación Cántabra de Fútbol desde julio de 2012. La instrucción trata de determinar si desvió de forma irregular una subvención de 210.000 euros concedida por el CSD para financiar los trabajos de remodelación ejecutados en los campos municipales de Tanos (Torrelavega). Vocal de la RFEF en su calidad de presidente de la comisión de Segunda División ‘B’ y Tercera División, Peláez agradeció el pasado viernes la confianza depositada en él por Rubiales al nombrarlo miembro de la comisiones delegada y económica, y presidente de las comisiones estratégica y de subvenciones.

Junto a Suárez Santana y José Ángel Peláez, existen otros cinco dirigentes que figuran como imputados en esta causa judicial -conocida como Soule- y que continúan al frente de sus federaciones regionales. Se trata de Juan Antonio Padrón (Tinerfeña), Antonio García Gaona (Ceutí), Jacinto Andrés Alonso Marañón (Riojana), Diego Martínez Gómez (Melillense) y José Miguel Monje (Murciana).

«La RFEF no sólo no ha procedido a impulsar y colaborar con las investigaciones dirigidas a esclarecer la actuación de los distintos presidentes territoriales investigados, sino que ha entorpecido la investigación oponiéndose a la práctica de diligencias solicitadas por LaLiga y la Fiscalía, dilatando el suministro de información y respondiendo de forma incompleta a los requerimientos judiciales, en perjuicio de los propios intereses federativos», sostiene.

«Fraude procesal»

Como ejemplo de la tardanza en entregar al juzgado documentos que le fueron requeridos por el instructor, LaLiga cita los más de ocho meses que han transcurrido ya desde que solicitó a la RFEF que certificara si en la devolución de 680.000 euros que le hizo la Federación Cántabra de Fútbol se incluían los 210.000 euros de la ayuda del CSD para el pago al Ayuntamiento de Torrelavega por la remodelación de los campos de fútbol de Tanos.

«Es decir, la RFEF ha evitado actuar, judicialmente hablando, frente a aquellos investigados que habrían favorecido a su presidente en un procedimiento electoral, o bien, que lo apoyaron en el pasado. Por el contrario, ha actuado judicialmente (más bien lo ha intentado) frente a aquellos otros que ha considerado como opositores», razona.

La acusación que ejerce Tebas en el caso mantiene que la actuación de la entidad que preside Rubiales en este procedimiento penal es «contraria a la buena fe», se desarrolla «en claro abuso de derecho y fraude procesal» y es connivente con algunos de los imputados a fin de «impedir el ejercicio de la acción de la Justicia» frente a aquéllos por el hecho de formar parte de la «cúpula de decisión» de la Federación Española, caso de Suárez Santana.

Por todo ello, la patronal pide al juez Santiago Pedraz que aparte a la RFEF como acusación particular y le restituya su condición de actor civil, como figuró al inicio de la instrucción. O, al menos, que ordene agrupar ambas acusaciones particulares bajo la dirección letrada de la patronal del fútbol. De momento, el juzgado no se ha pronunciado.

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