España

España ha pagado 886 millones en ayudas e indemnizaciones a víctimas impuestas a terroristas

Entre 1999 y 2019 el Estado ha indemnizado a 10.414 víctimas de ETA, el yihadismo, el Grapo y grupos de extrema derecha. Más de la mitad de los pagos corresponden a las indemnizaciones impuestas por la Justicia a los autores de los atentados.

Pedro Sánchez charla con Fernando Grande-Marlaska.

Pedro Sánchez charla con Fernando Grande-Marlaska. EP

Es el lado más frío del drama. En ocasiones algo áspero, demasiado burocrático y siempre insuficiente para reparar una herida tan dolorosa. Pero es necesario, lo ha sido durante décadas. A la desolación por una pérdida desgarradora tras un atentado, una bomba o un secuestro, al vacío emocional le acompaña la ruptura familiar, la emocional e incluso la incertidumbre meramente económica. La escena se ha repetido demasiadas ocasiones en las últimas décadas en nuestro país: una mujer, viuda y con hijos a la que el atentado además de un marido y un padre le arrebata gran parte del sostén económico de la unidad familiar.

En la mayoría de los casos –a partir de los años 90- el Estado ha salido en apoyo de estas familias, en otras lo ha completado la Justicia. En este segundo caso quienes han tenido la fortuna de tener una sentencia firme que condena a los autores de la acción violenta además del resarcimiento de la justicia se le suma la de una indemnización dictada por un juez. En España hay reconocidas más de 10.000 víctimas provocadas por distintos grupos terroristas en el periodo que va desde 1979 a 2019. En esa lista fundamentalmente figuran víctimas provocadas por las acciones violentas de ETA, pero también del terrorismo islámico, del Grapo o de otros grupos de extrema derecha.

Los datos de la Dirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo revelan que de las 10.414 víctimas que han recibido algún tipo de indemnización en siete de cada diez casos sufrieron un atentado o acción de ETA, 7.316. Otro 19%, cerca de 2.000, son víctimas del atentado yihadista en los trenes de Atocha del 11 de marzo de 2004 en Madrid, a los que se suman otras 267 víctimas de otras acciones de carácter islamista radical. El resto de las víctimas corresponden a los Grapo (192) y a otros grupos violentos (640).

A todas ellas el Estado les ha abonado indemnizaciones y ayudas a lo largo de las cuatro últimas décadas. En total, entre las reconocidas por la ley y las fijadas por la Justicia –y adelanta el Estado por insolvencia de los autores- han supuesto un desembolso de 886,5 millones de euros por distintos conceptos. En este montante se suman tanto las indemnizaciones establecidas en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las víctimas del Terrorismo como las responsabilidad civil impuesta a los terroristas reconocida en sentencia firma y que también asume la Administración.

Hasta 750.000 euros

Las indemnizaciones por fallecimiento absorben cerca de la mitad de los pagos, así como las asumidas por resolución judicial. En los 40 años de violencia terrorista los sucesivos gobiernos llevaron a cabo el pago de 224 millones en indemnizaciones por fallecimiento y otros 254 millones en concepto de responsabilidad civil impuesta a los terroristas. La Ley establece un baremos de indemnizaciones por los daños sufridos por acciones terroristas y en caso de muerte la cuantía es de 250.000 euros. En caso de las sentencias dictadas por la Justicia, el máximo que el Estado asume se estableció en los 500.000 euros.

Sin duda los cientos de muertes han sido el precio más elevado de las de acciones terroristas cometidas por ETA y otros grupos en España en las últimas décadas, pero no el único. Los heridos provocados se cuentan por miles. Un estudio llevado a cabo por los investigadores María Jiménez Ramos y Javier Marrodán Ciordia, publicado en ‘Heridos y Olvidados’ (Ediciones La Esfera De Los Libros) llegó a cuantificar en alrededor de 5.000 los heridos provocados sólo por ETA. Se trata de un colectivo que en muchos casos cae en el olvido y al que la memoria que periódicamente recuerda a los fallecidos parece no guardarles grandes espacios.

En la ley, son los heridos los que mayores indemnizaciones tienen contempladas. Así, en casos de sufrir una gran invalidez a consecuencia de un atentado la indemnización a al que se tiene derecho es de 500.000 euros y que asciende hasta los 750.000 en caso de estar avalada por sentencia judicial.  Tras ella, las incapacidades por lesiones de distinto nivel, que generen una incapacidad permanente absoluta, total o parcial oscilan entre los 180.000 y los 75.000 euros.

Las indemnizaciones recibidas por las víctimas siempre han sido una cuestión delicada. No todas las familias a la que el terrorismo ha arrebatado un ser querido han recibido la misma indemnización. En aquellos casos en los que ha existido una sentencia judicial que fijara una indemnización superior a la prevista por ley la cuantía ha terminado siendo mayor a la de otros casos, con sentencias con indemnizaciones menores o con los casos en los que aún ni siquiera existe una sentencia.

Indemnizaciones dispares

La ley de Solidaridad con las Víctimas de 1999 fijo por primera vez un baremo de indemnizaciones para las víctimas: 23 millones de pesetas (138.000 euros) por fallecimiento, 65 millones de pesetas por gran invalidez (390.000 euros) y entre 6 y 16 millones de pesetas (entre 36.000 y 96.000 euros) por los distintos niveles de incapacidad temporal. Además, la ley establecía que el Estado se subrogaría a las indemnizaciones dictadas por ley.

Este escenario abrió años de discrepancias entre víctimas que vieron cómo las indemnizaciones variaban en función de las circunstancias de cada caso: “Hubo muchas diferencias en las sentencias que se dictaban, unas más altas y otras más bajas en función de cada caso. Desde un punto de vista jurídico se puede explicar por qué existen esas diferencias pero para una víctima es muy difícil comprender que la muerte de su marido pueda merecer una indemnización menor que la muerte de otro”, asegura Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT.

Señala que cada caso es distinto y la justicia fija las indemnizaciones en función de las circunstancias. “No es lo mismo el asesinato de una persona con 65 años que una de 25 con toda la vida por delante. Un ejemplo fue el atentado contra Eduardo Madina, una de las indemnizaciones más elevadas. El juez tuvo en cuenta que era deportista profesional, que su vida deportiva se vio truncada y que tenía toda la vida por delante. Son aspectos que se tienen muy en cuenta y que marcan esas diferencias en las indemnizaciones”.

Con la reforma de la ley en 2011, la nueva norma de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas se intentó mitigar esas diferencias. Así, se elevó hasta los 250.000 euros el importe máximo de la indemnización y se limitó a un máximo de 500.000 euros el total de la indemnización que asumiría el Estado de las sentencias judiciales que se dictasen. “De este modo si una sentencia establecía una indemnización mayor el Estado sólo asumiría un máximo de 500.000 euros”, señala Ladrón de Guevara.

Reclamar la diferencia

Con esta modificación se dio un plazo de un año a todas las víctimas que hubieran percibido una cuantía inferior a la mínima establecida para que reclamaran la diferencia. Esta compensación se abonó de modo mayoritario en 2014, cuando la partida de indemnizaciones y ayudas se incrementó desde los 18 y 19 millones de los dos años anteriores a los 74 millones de aquel ejercicio.

En 2018 se produjo otro repunte de la partida, fundamentalmente por el pago de indemnizaciones a consecuencia de los atentados yihadistas de Barcelona de agosto de 2017.

En la revisión de la ley 29/2011 que ahora está sobre la mesa muchas víctimas continúan reclamando a las asociaciones que planteen la necesidad de igualar las indemnizaciones. “Es un tema complicado y difícil, veremos qué se puede hacer. Luego están las ayudas que se conceden por otros conceptos como el apoyo psicológico, el sanitario o el de estudios donde sí creemos que se pueden flexibilizar ese limite de 3.000 euros que existe”.

Ladrón de Guevara apunta que tras el cese de atentados el pago de indemnizaciones ha caído y que diez años después desde el último atentado de ETA prácticamente todas las familias con víctimas mortales han recibido la indemnización mínima: “Ahora lo que hay suelen ser casos por revisión de secuelas agravadas o juicios que se celebran y establecen indemnizaciones más elevadas y que en muchos casos puedan alcanzar el tope de 500.000 euros que asume el Estado. Cuando hablamos de estas ayudas, del aspecto económico, lo que tenemos que tener claro es que los terroristas la deuda no la tienen con las víctimas sino con el Estado”.

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