El tiempo y el silencio los mató por segunda vez. Transcurrió inexorable junto al duelo. Lo hizo despacio, sin noticias ni certezas y, lo que es peor, entre sospechas de desidia y abandono. La mayoría aún continúa esperando esa llamada con información relevante, con un nombre, un sospechoso, una pista… Es lo que les queda, seguir aferrados a la esperanza de un giro inesperado lustros después de que todo cambiara. Otros se han cansado de hacerlo y han arrojado la toalla. Se han resignado a no conocer jamás qué ocurrió y quién fue el autor. Hace casi una década que ETA ya no mata y seis meses desde que anunció su disolución. Para entonces la paciencia de cientos de sus víctimas ya había empezado a agotarse, no en vano, más de un tercio de los 853 asesinatos de la banda siguen sin respuestas, sin autores conocidos o condenados. La AVT los cifraba en 307 esta misma semana.

En este contexto, la ‘rebelión de las víctimas’ ha comenzado. Víctimas ejerciendo de investigadores, de una suerte de instructores domésticos del caso olvidado en alguna estantería judicial del asesinato de su ser querido. Los casos de familias que han dejado de confiar en la Justicia o en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado resuelvan su caso han dejado de ser una anécdota. Y no sólo eso, el tabú para denunciarlo en público se ha comenzado a romper. Los primeros que han alzado la voz son aquellos que por su condición, su profesión, han podido descubrir con sus propios ojos el abandono en el que las instituciones judiciales, policiales y el Estado en su conjunto habían sumido los expedientes de sus padres asesinados.

El último caso lo hemos conocido esta misma semana. El relato emocionado, algo enrabietado, de Iñigo Lidón, hijo del magistrado José María Lidón asesinado por ETA en 2001, narrando el tortuoso camino que su familia ha tenido que seguir para que no se olvidarán de ellos ha provocado un revuelo amargo en la judicatura vasca. Su testimonio ante la cúpula de la justicia del País Vasco que había acudido a honrar la memoria de su padre no dejó lugar a dudas. Durante el acto de homenaje que cada 7 de noviembre celebra el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Lidón Galarraga arremetió con contundencia contra la Audiencia Nacional. Le reprochó la desidia con la que ha actuado en los 17 años transcurridos desde que dos pistoleros de ETA asesinaron ante él y su madre, al primer juez en Euskadi: “El juicio nunca hubiese llegado si lo hubiésemos dejado en manos de la Justicia”, sentenció.

Los reproches de familias de víctimas al papel de la Justicia han dejado de ser aislados

Reconoció que ellos lo han tenido más fácil, han tenido a mano más puertas que tocar y más favores que pedir. La mayoría de las víctimas jamás podría llegar tan lejos. Pero no siquiera ser hijo de un juez asesinado les ha librado del abandono en la Justicia. En su caso, además del olvido durante años, la gota que colmó el vaso fue el “extravío” de la petición de extradición para el presunto autor del asesinato, Garikoitz Azpiazu, ‘Txeroki’.

Documentos inexistentes

En el caso de Pablo Romero, otro huérfano de ETA, la desidia de la Justicia hizo que la investigación permaneciera paralizada durante años, con documentos desaparecidos y ausencia de instrucción.

El relato de José Miguel Cedillo guarda muchas similitudes. También en la historia de este huérfano que provocó la banda terrorista se incluye una deficiente e insuficiente investigación que hizo prescribir el caso. El asesinato de su padre carece de certificado de la autopsia y la documentación sobre lo sucedido apenas existe.

En todos ellos fue el empeño de las familias la que ha logrado impedir su prescripción a punto de producirse. O la que ha logrado localizar a los posibles autores que la Policía les aseguró que era imposible encontrar. A ellos les ha bastado una simple búsqueda a través de las redes. Víctimas del terrorismo asumiendo la tarea que no les correspondía pero que gracias a su constancia han logrado no sólo reavivar sus expedientes, sino calmar su alma.

El hijo del juez Lidón recurrió a contactos para evitar por su cuenta el caso de su padre prescribiera

No todas han tenido la fuerza, los medios o la posibilidad de llegar tan lejos. La labor de documentación, de no dejar morir en el olvido asesinatos sin resolver, en gran medida la han ejercido las asociaciones de víctimas del terrorismo. El último informe presentado por la AVT concluye que aún quedan 307 asesinatos de ETA sin respuesta. De ellos o no se conoce nada o sólo una parte de la autoría o participación. En el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) también se está realizando una labor de investigación para determinar qué casos se cerraron en falso o sin que las sentencias que se dictaron en su momento permitieran aclarar toda la verdad de lo sucedido.

La ‘rebelión’ de las víctimas ha permitido que la Judicatura reaccione y asuma, junto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un compromiso por arrojar luz en la historia oscura de ETA. No es la única. También la relativa al Grapo (37 casos víctimas con autoría sin resolver) y al yihadismo (34) o incluso del terrorismo de Estado, que también se engloba dentro de la función de la Fiscalía especial creada en la Audiencia Nacional y que ha asumido Marcelo de Azcárraga.

Cinco años de ‘investigación doméstica’

Las esperanzas de que se puedan resolver muchos de los casos son pocas, casi nulas. La documentación entregada recientemente por Francia contribuirá a dar alguna pista que quizá pueda evitar alguna prescripción o incluso fijar una acusación en firme, pero en la mayoría de los casos no aportarán nada relevante.

El caso más sorprendente es el protagonizado por el periodista Pablo Romero, quien ha dedicado cinco años de su vida a investigar el asesinato de su padre, el teniente coronel del Ejército del Aire, Juan Romero Álvarez. La bomba que acabó con su vida y la de otros seis compañeros ETA la hizo estallar al paso de la furgoneta que les llevaba al trabajo la mañana del 21 de junio de 1993, en la glorieta de López de Hoyos de Madrid.

Cuando el olvido de la Justicia estaba a sólo a unos días de dejar prescribir el caso, Romero decidió hacer él el trabajo que otros tenían pendiente. Fue la particular investigación para paralizar lo que denominó la segunda muerte de su padre, la del olvido y que confía que no termine en una tercera, un juicio sin justicia. Acababa de emprender un camino que no sólo le desgastaría física y personalmente, sino que le abrió los ojos del lamentable estado en el que se encontraban los expedientes de muchos de los atentados cometidos por ETA. Habló con jueces, policías, políticos, posibles testigos del atentado, viajó por toda España en busca de pruebas y se bajó a “las cloacas” del Estado en busca de luz. “Nunca pensé que escucharía a ‘los buenos’ amenazarme por investigar la muerte de mi padre”, declaró a El Independiente.

Pablo Romero: “Nunca imaginé que ‘los buenos’ me amenazarían por investigar”

Una investigación que le llevó a identificar a varios de los miembros del comando que colocó la bomba que acabó con la vida de su padre y que puede terminar por sentarles en el banquillo. Romero tiene claro que aún existe en España “un miedo permanente” a reconocer todas las cosas “que se hicieron mal en la lucha contra ETA”. Una ineficiente investigación de la Justicia y las FCSE que en muchos casos se explican por la falta de medios y ciento desbordamiento que provocaron los años más crueles de ETA, con atentados semanales.

José Miguel Cedillo también se ha dejado la salud para lograr que no se olvide a su padre. No entiende cómo 36 años después de que el 14 de septiembre de 1982 un comando preparara una emboscada a Antonio Cedillo Toscano y sus compañeros, a los que mató en el Alto de Perurena (Rentería), los avances sobre los culpables sigan siendo una gran incógnita. Recuerda que ha tenido que tocar a muchas puertas no sólo para ser escuchado sino incluso para recabar información sobre lo que ocurrió con su padre.

Un huido localizado por Internet

Después de leer “Vidas rotas”, la obra de Florencio Domínguez, Marcos García Rey y Rogelio Alonso, es cuando decidió investigar por su cuenta. Lo que descubrió no le gustó. De aquel atentado apenas se guardaba ya información. De la autopsia de su padre, ni rastro. De los culpables, sólo una parte fueron condenados. Josu Zabarte, el ‘carnicero de Mondragón’, participó en el comando que no dudó en rematar a su padre, tras descubrir que un camionero le llevaba malherido al hospital. Le pararon para rematar a Cedillo. De los otros tres miembros del comando, dos murieron en un tiroteo –José Antonio Oyarbide y Manuel Urionabarrenetxea- y el tercero, Félix Manzano, la policía lo daba por desaparecido. Hasta que José Miguel lo encontró con una sencilla búsqueda a través de las redes sociales. “Mi madre preguntó por él en 2003. Nos dijeron que no sabían dónde estaba y yo, con una búsqueda por Internet lo localicé en Cabo Verde. Ahora sé que está en Portugal”. El hijo de Antonio sigue batallando para buscar elementos que le permitan reabrir el caso. Por el momento, al menos, ha logrado regresar al lugar del atentado, plantar un olivo del pueblo de su padre y fundirse en un abrazo reparador con el alcalde de Bildu de Rentería.

Las búsquedas de familiares a través de las redes han permitido reabrir casos y localizar a posibles culpables

También Internet fue el inicio de la rebelión ante la falta de noticias en casa de los Lidón Galarraga. Iñigo, el hijo del juez asesinado por ETA en 2001, detalló cómo en apenas una hora de búsqueda logró desmontar la teoría que hasta ahora la Justicia y la Policía daban por buena sobre los autores del atentado de su padre. Los etarras que un año después del asesinato murieron al estallarles la bomba que manipulaban no eran los integrantes del ‘comando Vizcaya’ como durante años les hicieron creer como autores. Las evidencias que encontró y trasladó a la Justicia le permitieron reavivar el caso, muerto en despachos y estanterías de la Audiencia Nacional. Los integrantes del comando etarra eran otros y él lo había descubierto.

Entre ellos figuraba ‘Txeroki’, preso en Francia. También la familia tuvo que hacer la labor de la Justicia para solicitar su extradición. El documento con el que se reclamaba a la Justicia francesa a España para ser interrogado sobre el asesinado del juez Lidón nunca llegó al país galo, se “extravió” le dijeron. Una desidia que dos años después volvió a encender la voz de alarma y precipitar una segunda reclamación, ahora en marcha.

Son apenas una muestra del camino por recorrer que aún queda en el final del terrorismo de ETA en España. La ‘rebelión’ de las víctimas en busca de respuestas ha comenzado y el listado de preguntas se antoja voluminoso.