Decidieron denunciar y que se investigara si su hijo de cinco años sufrió abuso sexual. El camino que han atravesado desde entonces ha sido el más duro de sus vidas. Ahora, además del niño toda la familia recibe terapia psicológica. Aún así, y a pesar de que la Justicia ha archivado -en realidad ni siquiera se ha dirigido contra nadie en concreto- la investigación, no se arrepienten.

Todos los años 38.000 menores sufren violencia en España, según los datos manejados por los ministerios de Derechos Sociales e Interior. Sin embargo, sólo uno de cada cinco casos se denuncia. El silencio es una constante en las situaciones de violencia y abuso sexual en la infancia. En muchas ocasiones los menores no verbalizan el infierno que atraviesan. Como los pedófilos suelen estar en su entorno más próximo, no saltan las alarmas. En los casos que llegan a judicializarse, la posibilidad de que acaben con condenados es muy complicada puesto que normalmente el único elemento indiciario es el testimonio del menor.

Esta semana, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia con un amplio respaldo (248 votos) de todos los partidos excepto Vox y PNV, que votaron en contra. El segundo, al considerar que la ley provoca invasión de competencias. Bildu, JxCat, PdeCat y Navarra Suma también se abstuvieron en la votación de esta norma con la que se pretende dar mayor protección a los menores frente a situaciones de violencia y abordar la problemática de una manera integral. Alarga las fechas de prescripción para que las víctimas puedan denunciar hasta que tengan 35 años en lugar de 18, como ahora. Blinda el derecho de los menores a ser escuchados durante el procedimiento, dando el máximo valor a su primer testimonio y prevé la especialización en los equipos de los juzgados, así como protocolos de protección específicos en centros educativos o donde los niños realicen actividades deportivas. Todo lo que no encontraron los padres que, según han contado a El Independiente, vivieron como el ascenso de una "montaña con espinas" el proceso desde que denunciaron abusos sexuales a su hijo en su colegio de Majadahonda (Madrid).

El día decisivo

Las alertas saltaron el verano de 2018, cuando el niño tenía cinco años. Los padres se preocuparon porque estaba muy nervioso, sentía asco hacia la comida, vomitaba, tenía un comportamiento excesivamente sexualizado, tocaba los genitales a maniquíes en tiendas y los mostraba en público. Hizo dibujos de figuras masculinas con falos enormes. Le llevaron a la consulta de una psicóloga, ésta le propuso jugar a pelear con unas espadas de goma y expresar el enfado que decía sentir hacia un niño del colegio mayor que él al que llamaba 'chupa' y las frases que salieron por su boca fueron sorprendentes: "Chupa cola"; "te vas a caer en un pozo lleno de colas chupadoras" o "déjame en paz, vete con las colas chupadoras", según se recoge en el informe psicológico inicial al que ha tenido acceso este diario. La profesional que lo redactó, también consultada, considera que el cuadro del niño se corresponde con el de un menor que ha sufrido abuso sexual "reincidente, no puntual, con síntomas físicos, psíquicos-emocionales y somáticos". Recomendó protegerle y consideró que tanto el menor como los padres necesitaban asistencia psicológica.

Uno de los dibujos del menor

Para entonces, el niño ya había empezado a contar algo a su madre. Relató que en su colegio concertado religioso tanto él como otros dos menores iban a un lugar "seguro" entre la zona de infantil y primaria y hacían "cosas feas". Fue muy complicado que aportara más y más información y desvelara que también había adultos implicados. Un proceso doloroso tanto para él como para sus padres.

"Justo el día previo había dibujado un pene gigante dentro de la figura del esquema corporal de un hombre, y dije ya está bien. Le dije o sí o sí me vas a contar lo que está pasando. Hacía calor y estábamos en el coche. Subimos a casa y le pregunté: '¡¿Quién te enseña eso?!'. Y me lo contó".

Adultos implicados

Buscaron asesoramiento de expertos, consultaron con asociaciones infantiles como ANAR o Save the Children y presentaron una denuncia en la Fiscalía de Menores porque en principio en su relato sólo había menores, pero sólo dos meses más tarde acabó contando que también había "profes".

Decía que le daba mucho asco besarse con los malos y, a día de hoy, nuestro hijo no soporta ver a una pareja, ni siquiera en la tele, ni siquiera a nosotros, darse un beso

"Súper tarde, los dos sentados en el suelo de la cocina, me contó que también había adultos de por medio, profes que se los llevaban a un lugar seguro a donde venían otros malos de fuera. Mi hijo siempre dio los mismos tres nombres, y siempre describió que uno de ellos hacía guardia para avisar si venía alguien. Decía que allí les ponían unos caramelitos blancos transparentes de gas en la lengua, que le sentaban muy mal a la tripa y que tenía que escupirlos. Decía que uno de los malos era amigo de los otros, que le daba mucho asco besarse con ellos y, a día de hoy, nuestro hijo no soporta ver a una pareja, ni siquiera en la tele, ni siquiera a nosotros, darse un beso".

La psicóloga que comenzó a atenderle considera que "es prácticamente imposible que un abuso sexual únicamente entre menores provocara las reacciones que tenía el niño". Después de desvelar los hechos a la madre, la profesional fue preguntando al niño que, poco a poco, y sufriendo en cada relato los síntomas físicos tan intensos (nerviosismo, comportamientos sexualizados, problemas estomacales, pesadillas que se prolongaron más allá de un año) de la retraumatización, contó lo ocurrido.

Denuncia ante la Guardia Civil

El 8 de septiembre de 2018, una vez el niño había relatado que había adultos implicados, la familia puso una denuncia en la Guardia Civil que se trasladó al Juzgado de Guardia de Majadahonda. El Juzgado al que correspondió la investigación encargó a los agentes "gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos y los datos de los presuntos autores" de los abusos sexuales.

Durante la instrucción ningún adulto fue interrogado como presunto abusador, aunque el niño identificó a tres personas, dando siempre los tres mismos nombres. El auto de octubre de 2019, con el que la instructora sobreseyó provisionalmente al considerar que "no parece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa", se basó principalmente en el informe psicosocial que se hizo al niño. Una entrevista de entre 15 y 20 minutos, según denuncian los padres, en una sala del Juzgado sin juguetes ni dibujos un año después de que ocurrieran los hechos. El profesional, se quejan los progenitores, llegó a referirse al niño en femenino.

Archivo en base al informe forense

El forense concluyó después de hablar con el menor y explorarle, según los documentos de la investigación consultados, que "no se aprecian desajustes psicológicos que se puedan relacionar con abusos" y lanzó la sospecha de que la madre podía estar creando "falsas memorias" al menor.

No he sido valiente, no he contado lo que pasó

Al salir de aquella entrevista el niño, que durante un tiempo se decía a sí mismo que había hecho "cosas malas", culpándose por ello, dijo a su psicóloga: "No he sido valiente, no le he contado lo que pasó", según ésta. El menor arrastra todavía culpa, vergüenza y asco por las prácticas sexuales a las que fue sometido que la psicóloga describe detalladamente en sus informes, basándose en el relato del menor.

"Volvemos al camino judicial o nos cuidamos como familia"

La familia recurrió la decisión judicial en apelación, aunque fue advertida por su abogado de que había pocas probabilidades de que la Audiencia Provincial ordenara reabrir la investigación. El 30 de marzo de 2020 la Sección Cuarta del tribunal madrileño ratificó el archivo. Se basó en la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para ello. "El juez, cuando aprecie de forma evidente que los hechos denunciados carezcan de relevancia penal debe realizar, con la mayor premura, las actuaciones necesarias para el inmediato archivo de la causa", recogieron los magistrados remitiéndose a una resolución del TC.

También se refirieron a una sentencia de 2016 del Supremo en la que se expone que abrir una investigación sin apreciar "elemento o principio de prueba que avale razonablemente la realidad" denunciada supondría que "cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia".

Así, considerando que "no se han obtenido indicios de la participación de ninguna de las personas que aparecen en el relato de los hechos" y dado que el forense contraindicaba nuevas exploraciones al niño, los magistrados decidieron archivar definitivamente. Descartaron, como solicitó la familia, consultar si los profesores a los que se apuntó tenían antecedentes penales. Tampoco tomaron declaración como testigo a la psicóloga que le trató ni a los profesoras del nuevo colegio del menor.

"La Justicia no está protegiendo a los niños, sino a los pederastas", dice la madre con evidente desengaño. Han sentido la desesperación al ver que no se practicaba ninguna de las diligencias que solicitaron y al pensar que los profesores a los que se refirió su hijo, "uno de ellos con tres décadas de antigüedad en el centro", pueden hacer daño a otros menores. También han sufrido una "doble victimización" al sentirse cuestionados por las personas a las que acudieron pensando que les ayudarían. Especialmente chocante para la madre fue el informe del forense en el que se sintió atacada. "¿Qué ganamos con denunciar algo así? ¿Qué ganamos con tener que sacar a mi hijo de un colegio? ¿Con llevar tres años desperdiciando tiempo, energía, dinero? ¿El nuevo colegio también miente, y la psicóloga, y otros expertos a los que hemos consultado? ¿Se va a inventar un niño de cinco años todas esas cosas y va a fingir sentimientos tan claros? Si a tu hijo no le ha pasado nada, un buen profesional te daría el alta y a nosotros no nos atendería, no haría falta", afirma.

Esta semana, tras dar el Congreso el primer paso para sacar adelante una ley de la Infancia integral, que de prevalencia al menor frente a sus agresores, las asociaciones infantiles insisten en los fallos del sistema. En el informe Ojos que no quieren ver, de Save the Children, se incide en la falta de especialización de la Justicia como uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las familias para denunciar abusos sexuales a sus hijos e identificar a sus autores, lo que consiguen hacer una mínima parte de las víctimas.

Precisamente hace dos semanas se celebró en Madrid el I Congreso de la Infancia y la Adolescencia y los jueces, fiscales, abogados y servicios de apoyo presentes, que fueron consultados por este diario, reclamaron 243 Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad en toda España, con un fiscal y un equipo técnico adscrito, con acceso a mediadores, médicos forenses, y demás profesionales especializados que consideran imprescindibles para reducir la espera en la resolución de asuntos y garantizar la igualdad de acceso a la jurisdicción de todo ciudadano español (reconocida en el artículo 14 de la Constitución Española). Pero, sobre todo, para que los niños dejen de ser los más vulnerables en los procesos judiciales.

"Ha llegado un punto que tenemos que elegir entre volver al camino judicial, intentar reabrir la causa con nuevas pruebas, o cuidarnos como familia, porque esto provoca un desgaste brutal. Económico y psicológico", reflexiona el padre, que repite: "Desde el principio hemos subido una montaña y parecía que nunca llegaríamos a la cima. Una montaña con pinchos, llena de espinas".