En ausencia de Pedro Sánchez, de viaje a Andorra para participar en la XXVII Cumbre Iberoamericana, ha sido la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la que ha abierto el turno de preguntas al Gobierno de todos los miércoles. Y lo más llamativo ha sido el enfrentamiento con el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, a raíz de los ataques que esta formación política dirige contra los menores no acompañados y la polémica campaña electoral donde se asegura que "cuestan" a la administración pública algo más de 4.700 euros al mes.

Espinosa de los Monteros ha insistido en que el Gobierno da dinero "para mantener a los Menas y a los inmigrantes ilegales. mientras los españoles y los emigrantes legales en las colas del hambre". Asegura que los cálculos que hacen sobre el coste del mantenimiento de los menores no acompañados se sostiene en "datos objetivos", a lo que Calvo ha replicado que "lo suyo es el odio, literalmente el odio".

"Lo que han hecho con esos carteles con menores en situaciones terribles, habiendo sido objeto de delitos, se llama inhumanidad, odio", ha dicho al vicepresidenta para agregar que "los derechos de esos niños no tienen discurso económico sino del dolor y del desamparo". Hay que tener capacidad "de atender los problemas humanos y les debería dar mucha vergüenza de lo que están instalado en la política de nuestro país".

"Repugnancia y vergüenza"

De hecho, la vicepresidenta telefoneó a medidodía del martes a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para que actuara contra los carteles en las estaciones de metro y de Cercanías "porque hay provocaciones a las que hay que entrar". A la ministra de Educación, Isabel Celáa, la campaña de Vox le produce "repugnancia y vergüenza". Además de que "todo es mentira" y se da una imagen del menor no acompañado "como si fuera alguien que te va a atracar" ha apelado a que "tenemos la obligación de protegerlos y educarlos".

Por su parte, la portavoz popular, Cuca Gamara, le ha preguntado a la vicepresidenta primera sobre los motivos por los cuales el Gobierno "ignora" al Consejo de Estado, órgano consultivo al que tiene que llevar buena parte de sus iniciativas legislativas pero cuyos dictámenes no son vinculantes. Por lo general, sin embargo, se siguen sus observaciones, algo que el Gobierno ha obviado en el escenario post 9-M, puesto que recomendó al Ejecutivo que acometiera una reforma legislativa que diera a las Comunidades autónomas instrumentos para suplir el fin del estado de alarma.

Por ejemplo, este órgano aconsejó que se endureciera el control y la fiscalización de los proyectos contenidos en el Plan de Recuperación y de Resiliencia una vez que se "flexibilizaron" las leyes de contratos del sector público y la subvenciones, entre otras, para evitar "cuellos de botella" administrativos. Pero una vez más, el Ejecutivo no tuvo en cuenta estas consideraciones. "Denunciaba la falta de controles y arbitrariedad con la que Moncloa repartirá cientos de millones de euros", le ha afeado la portavoz popular.

Calvo ha negado la mayor y ha contraatacado al PP por su negativa a negociar la renovación del CGPJ. Ha alegado que el Consejo de Estado "es el órgano al que este gobierno consulta cuando es preceptivo y cuando no es. Asumimos su recomendaciones. Tienen una idea del Estado por la cual creen que hay órganos que pueden suplantar la legitimidad y competencias del Gobierno que sale de las urnas", les ha reprochado.