El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) considera que la información que ofrece la Fiscalía General del Estado en su portal de transparencia cubre tan sólo la mitad de lo que le obliga la ley, omitiendo datos relevantes como las indemnizaciones que abona por cese en el puesto o las autorizaciones de compatibilidad que concede a su personal.

El CTBG ha publicado este jueves en su web los informes de evaluación sobre las grandes instituciones estatales para calibrar el grado de cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Junto al Ministerio Público, el resto de entidades son la Casa del Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social (CES).

En el caso de la Fiscalía General del Estado, la autoridad independiente valora «positivamente» el esfuerzo que ha venido realizando para hacer más transparente su gestión, si bien considera que aún tiene trabajo por delante: el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de transparencia se sitúa en el «53,6 %», muy lejos del 87,4 % del Tribunal de Cuentas y del 86,8 % del Senado.

Transparencia insta a la Fiscalía a publicar los datos sobre indemnizaciones y autorizaciones de compatibilidad

El Consejo de Transparencia reconoce que la institución que dirige la ex ministra socialista Dolores Delgado difunde ya en su portal «información muy relevante», pero sigue constatando «carencias» significativas. En materia de información económica, presupuestaria y estadística, la Fiscalía debe publicar los datos correspondientes a las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo y las autorizaciones de compatibilidad, tanto las relativas a actividades privadas tras el cese de altos cargos como las otorgadas al personal en activo.

De otro lado, el CTBG recomienda que especifique la última fecha en la que se actualizó la información que se ofrece en el portal de transparencia para que el ciudadano conozca si «está vigente», que los datos que se publiquen estén en formatos reutilizables y que se revisen los enlaces, toda vez que algunos redirigen «a otra información no concordante». De la misma manera, debe publicar el Registro de Actividades de Tratamiento con todos los contenidos que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos.

La Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado son las dos únicas instituciones de las diez evaluadas que no se han dignado en contestar al CTBG. Las ocho restantes sí han remitido observaciones al organismo evaluador ofreciendo información adicional sobre algunos de los puntos sobre los que se le ha llamado la atención o planteando sugerencias.

El ejemplo del Tribunal Constitucional

De las instituciones evaluadas, tan sólo el Consejo Económico y Social -con un 45,4 %- arroja un porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia más bajo que el de la Fiscalía General del Estado. El reverso de la moneda lo representa el Tribunal Constitucional, con un 78 %. Con todo, el CTBG le recomienda -entre otras medidas- ofrecer los datos relativos a autorizaciones de compatibilidad de altos cargos y mejorar la publicación de la información sobre ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que estuviese más actualizada.

Al Tribunal de Cuentas (87,4 %) le siguen el Senado (86,8 %), el Consejo General del Poder Judicial (86,1 %), el Tribunal Constitucional (85,2 %), el Congreso (82 %), el Defensor del Pueblo (77,2 %), el Consejo de Estado (60 %) y el CES (45,4 %).

«Con esta publicación periódica perseguimos dotar de mayor inmediatez a los resultados de la actuación del Consejo y conferir más valor a la información generada, contribuyendo a hacer posible que la ciudadanía, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y los propios sujetos obligados, dispongan de los elementos necesarios para conocer y valorar el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y el funcionamiento efectivo del derecho de acceso a la información pública. Confiamos en que de ello se derive también una mejora para todo el sistema institucional en ambas esferas», ha justificado el presidente del CTBG, José Luis Rodríguez.