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La devolución de la inmunidad a Puigdemont complica aún más su entrega a España para ser juzgado

La decisión del Tribunal General bloquea la posibilidad de que el instructor del Tribunal Supremo pueda emitir euroórdenes contra el expresidente catalán y los exconsejeros y eurodiputados también fugados Antoni Comín y Clara Ponsatí

El eurodiputado de JxCat y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El eurodiputado de JxCat y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE

La decisión del Tribunal General de la Unión Europea de devolver la inmunidad parlamentaria de manera provisional a Carles Puigdemont aleja la posibilidad de que sea entregado a España para que el Tribunal Supremo le juzgue por su participación en el proceso independentista de Cataluña.

El instructor del procés, Pablo Llarena, no podrá emitir -al menos de momento- nuevas órdenes europeas de detención contra Puigdemont, procesado por los delitos de sedición y malversación en situación de rebeldía, y contra los exconsejeros también fugados Antoni Comín y Clara Ponsatí, el primero reclamado por la Justicia española por los mismos delitos que el expresident y la segunda por sedición.

Los tres interpusieron el pasado 9 de marzo un recurso de anulación contra la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad en respuesta al suplicatorio del juez Llarena con el que buscaba que se les pudiera detener en territorio europeo por la colaboración entre países miembros. En el recurso, los tres argumentaron que el Parlamento no les garantizaba «la posibilidad de ejercer, en su calidad de diputados, sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos de la Unión y que vulneraba los derechos que les confieren varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

Para evitar su detención el lunes en Francia

El Parlamento reanudará sus sesiones el próximo lunes, 7 de junio, en la sede de Estrasburgo (Francia). Con la inmunidad suspendida, los diputados temieron que el juez Llarena reactivara las órdenes de detención contra ellos, la Policía francesa les interceptara y la justicia francesa sí accediera a entregarles a España a diferencia de la belga, que rechazó hacerlo con Lluis Puig alegando que el Supremo no era competente para juzgarle, sino que debía haber sido juzgado en Cataluña.

Ante este «riesgo real e inminente de poder ser detenidos y encarcelados», las defensas de Puigdemont, Ponsatí y Comín presentaron el pasado 26 de mayo una demanda de medidas provisionales ante el Tribunal General en la que pidieron que se suspendiera de manera cautelar la decisión de retirarles la inmunidad. Es decir, pidieron recuperar la inmunidad parlamentaria para estar protegidos de manera temporal.

Alegaron que dicha detención y encarcelamiento podría ser posible por las «decisiones del Parlamento Europeo, lo que les impediría representar a los ciudadanos de la Unión durante el resto de su mandato». Entendieron, y así lo trasladaron, que la decisión de retirarles la inmunidad «permite a cualquier Estado miembro y al Reino Unido ejecutar las órdenes de detención europeas emitidas contra ellos» y que esta situación «podría causarles un perjuicio grave e irreparable y que su probable detención o la limitación de su libertad de circulación vulneraría su derecho a desempeñar sus funciones de diputados europeos».

El auto definitivo podría tardar meses

Este miércoles, 2 de junio, la vicepresidencia del Tribunal General estimó la petición de los diputados y acordó devolverles la inmunidad (dejar sin efecto la decisión del Parlamento de retirársela) hasta que haya un auto definitivo sobre las medidas provisionales. Es decir, acuerda una especie de decisión cautelarísima para evitar vulnerar sus derechos por un peligro inminente hasta que se pronuncie en un auto definitivo sobre la demanda de medidas provisionales. Este auto, que no resolverá tampoco el fondo del asunto -si Puigdemont y sus exconsejeros deben mantener o no su inmunidad de manera definitiva- puede tardar unos meses, según trasladan fuentes del Tribunal de Luxemburgo.

Tanto la decisión intermedia sobre la demanda de medidas provisionales como la definitiva sobre el fondo del asunto pueden ser recurridas por los europarlamentarios ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El juez también espera la garantía del TJUE

Precisamente para cuando se espera el próximo pronunciamiento del vicepresidente del Tribunal General sobre las medidas provisionales también habrá una resolución del TJUE relativo a Puigdemont.

El día que el Parlamento Europeo retiró la inmunidad al expresidente catalán, el instructor del procés dio el primer paso para conseguir que Bélgica (país en el que reside) le entregara, a diferencia de lo que hizo con Puig.

El juez pidió al TJUE por medio de una cuestión prejudicial que se pronuncie sobre si puede emitir o no una nueva Orden de Detención Europea (ODE) contra Puigdemont y los otros tres ex consejeros catalanes fugados con él Lluis Puig, Antonio Comín y Clara Ponsatí residentes en Bélgica y Reino Unido, en caso de la última. Con el movimiento, Llarena busca una garantía de que la decisión que tome esté respaldada por la Justicia europea.

En la cuestión prejudicial planteó sus dudas acerca de la negativa de Bélgica para entregar a Puigd. Considera que puede ser incompatible con el Derecho de la Unión. Por eso pidió al TJUE que se manifieste sobre si el órgano de ejecución belga tiene capacidad de decidir sobre la competencia del órgano español, el Tribunal Supremo, que emite las órdenes de detención.

El instructor del procés consideró que si el Estado que tiene que entregar al reclamado -en este caso Bélgica- decide sobre la competencia de los tribunales españoles, «la consecuencia es perniciosa» porque llevará a un «principio de desconfianza» entre los países de la Unión y el reconocimiento de sus resoluciones.

Ahora, el juez se encuentra con dos diques para reclamar de nuevo la entrega de Puigdemont. Por un lado, la decisión del Tribunal General de la Unión Europea sobre si debe mantener o no su inmunidad parlamentaria ante el riesgo de ser detenido y no poder ejercer su derecho de representación, según alega, y por otro la del TJUE sobre cómo debe entenderse la cooperación entre la Justicia de los países de la Unión en el caso de la entrega de reclamados para ser juzgados.

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