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El TSJ de Cataluña ordena que los exámenes de Selectividad se ofrezcan también en castellano

Un grupo de alumnos rellena un examen en un aula.

Un grupo de alumnos rellena un examen en un aula. Europa Press

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado que los exámenes de selectividad que arrancan mañana en esta comunidad se ofrezcan en catalán, castellano y aranés para que cada alumno tenga la opción individual de escoger el idioma que prefiera.

Así lo ha ordenado la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC en un auto en que, a instancias de la Asamblea por una escuela bilingüe de Cataluña, suspende de forma cautelar el artículo de las instrucciones del Consejo Interuniversitario que establecía que los exámenes de selectividad se repartirían primero en catalán y «solo si algún alumno lo pide» se le entregaría la versión en castellano.

El TSJC ha anulado este artículo porque cree que la elección de la lengua de los enunciados de examen de la selectividad «no puede venir determinada por la administración», por lo que ha acordado que las pruebas estén disponibles en los tres idiomas cooficiales en la comunidad -catalán, castellano y aranés- y se ofrezca de forma individual a cada alumno la opción de escogerlos en el que prefiera.

En sus instrucciones sobre las pruebas de acceso a la universidad (PAU), la Generalitat acordó en el apartado 1.2.2. que se repartieran los exámenes «primero» en catalán y, «solo si algún alumno lo pide», que se le entregara la versión en castellano, se recuperara la de catalán y que, a efectos estadísticos, se hiciera constar en el informe cuántos se repartían en castellano, sin identificar a los estudiantes.

La Asamblea por una escuela bilingüe de Cataluña recurrió esta reglamentación ante el TSJC y solicitó como medida cautelar urgente que se suspendiera este artículo y se acordara el reparto de los exámenes en catalán o en castellano o en aranés, según la elección del alumno.

Según la Asamblea, los alumnos que prefiriesen el examen en castellano, además de «significarse» para solicitar los enunciados en este idioma, dispondrían de menos tiempo para la realización de los ejercicios, lo que considera que vulnera el principio de igualdad de oportunidades.

El TSJC ha dado un trámite urgente a este proceso porque las pruebas de selectividad en Cataluña arrancan mañana, 8 de junio, y se prolongarán durante cuatro días, hasta el 11 de este mes, y posteriormente los días 7, 8 y 9 de septiembre.

Sin entrar en el fondo del asunto, el alto tribunal recuerda que el Tribunal Constitucional determinó que la definición del catalán como lengua propia de Cataluña, recogida en el Estatut, «no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las administraciones públicas».

En su auto, el TSJC resalta que la Generalitat, «olvidando incluso el aranés», se separa de la doctrina constitucional con el artículo que establecía que se repartirían las pruebas en catalán y solo se darían en castellano si el alumno lo pedía.

«La lengua oficial está configurada como un derecho subjetivo: El derecho de los ciudadanos a utilizar el idioma de su elección, y a relacionarse con los poderes públicos y la Administración imponiendo su opción, y no a la inversa», subraya el TSJC.

Por este motivo, el alto tribunal catalán estima la petición de la Asamblea y suspende el artículo recurrido con el objetivo de «mantener el derecho de elección, que corresponde al alumno», excluyendo los enunciados de Lengua y literatura catalana, Lengua y literatura castellana, inglés, francés, alemán o italiano, «que serán entregados en la lengua del ejercicio».

El alto tribunal catalán ha acordado notificar esta resolución al presidente y al secretario del Consejo Interuniversitario de Cataluña para que «dispongan lo necesario» para la ejecución de lo acordado en los exámenes, que empiezan mañana.

Además, da tres días a la Generalitat y a la Fiscalía para que puedan efectuar alegaciones sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar adoptada.

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