La Generalitat ha recibido los indultos acordados hoy por el Gobierno como la prueba de que la sentencia del Tribunal Supremo fue injusta. Así lo ha asegurado el presidente catalán, en una declaración institucional rodeado por el conjunto del Govern, después de el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara este martes los indultos a los nueve condenados a penas de cárcel por su responsabilidad en la declaración unilateral de independencia.

«Es la hora de un referéndum pactado» ha asegurado Aragonès tras dejar claro que los indultos son solo el punto de partida que, a juicio de los independentistas, «hace más creíble» la negociación con el Gobierno.

«La decisión del Gobierno es el reconocimiento de que las condenas fueron injustas, por eso nos satisface que recuperen la libertad», ha asegurado Aragonès, para quien esta decisión abre la puerta ahora a negociar la celebración de un referéndum pactado. Esta es la propuesta que los independentistas llevarán a la mesa de diálogo con el Gobierno, ha recordado el presidente catalán, quien ha insistido también en amnistía. Una amnistía que los independentistas ven avalada ahora por el Consejo de Europa.

Salen con la cabeza bien alta y la voluntad reforzada» avisa Aragonès

El paso de hoy «ayuda a la credibilidad en el camino de la negociación y el acuerdo» ha asegurado el presidente catalán. Por eso, ha añadido, «desde el Govern destinaremos todos nuestros esfuerzos a hacer posible esta nueva etapa en la que la negociación y la política deben ser el espacio para resolver un conflicto que lleva demasiado tiempo enquistado».

El presidente catalán ha dejado claro además que los indultados entraron en prisión «con la convicción de no haber cometido ningún delito» y saldrán de ella «con la cabeza bien alta y la voluntad reforzada de construir una república catalana libre y justa».

Consejo de Europa

Aragonès ha «exigido» además al Gobierno que «atienda el llamamiento del Consejo de Europa de poner fin a la represión, retirar demandas extradición y poner fin a la persecución de representantes políticos y servidores públicos». Exige además «al Estado» buscar una «salida acordada al conflicto» que respete «los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos, como el Consejo de Europa reconoce que hicimos en octubre de 2017».

Ha insistido en la tesis de que las medidas de gracia acordadas por el Gobierno «aligeran el sufrimiento de una amplia mayoría de la ciudadanía de Cataluña que exigía» su libertad «pero no acaban con la represión contra quienes queremos decidir si Cataluña tiene que ser una república con todos los derechos y las libertades. No acaban, ha añadido, «con la inhabilitación que sigue limitando los derechos políticos» de los líderes independentistas.