Pedro Sánchez y Pere Aragonès han acordado este martes reunir de nuevo la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat la tercera semana de septiembre. Una mesa que partirá, como había reclamado Aragonès, de la Declaración de Pedralbes, en la que se reconocía la "existencia de un conflicto político". El presidente catalán, el primero en comparecer tras un encuentro de más de dos horas, ha explicado además que ha reiterado a Pedro Sánchez que "la solución pasa por la amnistía y la autodeterminación".
"La primera reunión" con Pedro Sánchez ha servido "para constatar las posiciones muy alejadas entre el Gobierno y la Generalitat" ha reconocido el catalán. "Hay diferencias evidentes sobre cómo resolver el conflicto" ha añadido, insistiendo en que su gobierno "no renunciará a independencia, tampoco al diálogo y la negociación". Una negociación que ha reconocido "muy compleja porque va de soberanía y la comunidad que decide el futuro, nosotros defendemos que sea Cataluña".
Sánchez no habla de amnistía
"No me extraña que Aragonés ponga el acento en las materias que considera importantes" ha respondido la portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, quien ha asegurado, sin embargo, que Sánchez no ha entrado en estas cuestiones. El presidente del Gobierno, ha afirmado, "no habla de esas cuestiones, de amnistía, exiliados y autodeterminación".
La portavoz se ha mostrado convencida además de que el presidente catalán probablemente "no esperaba" que Pedro Sánchez entrara en ese debate porque "ambos componentes de este diálogo somos conscientes de sus limitaciones". Aragonés "expresa lo que considera y Sánchez intenta que la reunión sea útil, cordial, dentro del protocolo" de reuniones con presidentes autonómicos.
En este contexto, Montero ha destacado que lo importante son "los acuerdos en materia de normalidad institucional", es decir, los acuerdos para reunir la Comisión Bilateral, la mesa de diálogo y el seguimiento de las inversiones contempladas en los Presupuestos. Sánchez ha reclamado además a Aragonès que asista a la Conferencia de Presidentes autonómicos que reunirá a final de julio. Una petición que se ha quedado sin respuesta, ha reconocido Montero.
El presidente del Gobierno tampoco ha obtenido respuesta a una de las reivindicaciones más persistentes del PSC: el diálogo de Cataluña hacia dentro. Esto es, la convocatoria de una mesa de partidos catalanes que permita a las formaciones no independentistas hacer sus aportaciones a la mesa de diálogo.
Comisión Bilateral
Aragonès ha querido distinguir entre dos ámbitos de trabajo. Por un lado, el conflicto de fondo; por otro, "las cuestiones sectoriales que se tratarán en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat". Una comisión de rango estatutario que se reunirá en julio para abrir el seguimiento de las inversiones y traspasos a Cataluña.
A la Declaración de Pedralbes se ha referido el presidente catalán cuando ha asegurado que el encuentro de hoy ha servido para "reafirmar la existencia de un conflicto entre el Estado y Cataluña y que se tiene que resolver a través del dialogo, la negociación y la voluntad de acuerdo". Acuerdo que "tendrá que contar con el aval de la ciudadanía de Cataluña con el voto".
El primer encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès llega precedido por la aprobación de los indultos a los nueve condenados por la declaración unilateral de independencia, hace una semana, y el dictamen del Tribunal de Cuentas, que hoy ha notificado la fianza de 5,4 millones de euros por la promoción exterior del procés. Responsabilidad contable que pesa sobre una cuarentena de ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Artur Mas que para el independentismo pone en cuestión la voluntad de "concordia" expresada por Sánchez.
En este contexto, Aragonès llegaba a la Moncloa con la voluntad de hacer valer el dictamen del Consejo de Europa para exigir al Gobierno que la mesa de diálogo verse sobre la amnistía y un referéndum de independencia pactado. Aspiraciones a las que el Gobierno ya se ha negado, insistiendo en que cualquier solución al "conflicto catalán" debe caber en el marco constitucional.
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