Margarita Mariscal de Gante, ex ministra y hoy consejera del Tribunal de Cuentas.

Margarita Mariscal de Gante, ex ministra y hoy consejera del Tribunal de Cuentas. EFE

España

Mariscal de Gante, la ministra de Aznar que se cruza en el plan de Sánchez para Cataluña

El jefe del Ejecutivo ve un “anacronismo” que la antigua titular de Justicia con el PP sea quien dictamine ahora, como consejera del Tribunal de Cuentas, si ex altos cargos del 'Govern' tienen responsabilidad contable por el desvío de fondos al ‘procés’

En mayo de 1996, Margarita Mariscal de Gante se convirtió en la primera mujer que se ponía al frente del Ministerio de Justicia. Fue semanas después de que José María Aznar le ganara las elecciones a Felipe González y acabara con 14 años de gobiernos socialistas. En aquellas fechas, Pedro Sánchez estaba a punto de jurar bandera en Cáceres tras haberse licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Hacía tres años que se había afiliado al PSOE.

Un cuarto de siglo después, Mariscal de Gante se cruza en el plan de Sánchez para Cataluña tras la concesión de los indultos a los líderes del procés que fueron condenados a penas de cárcel por el Tribunal Supremo en el otoño de 2019. «Es un anacronismo que una ex ministra de Aznar sea quien vaya a decidir sobre los expedientes de los ex responsables políticos de la Generalitat», criticó esta semana el presidente del Gobierno en declaraciones a La Sexta.

Como consejera titular del Departamento Segundo del Tribunal de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante será la encargada de enjuiciar la eventual responsabilidad contable de 34 ex altos cargos del Govern por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) entre los años 2011 y 2017. De momento se ha fijado una fianza de más de 5,4 millones de euros, de la que tienen que responder -entre otros- Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell y Raül Romeva.

Alejada de la primera línea política desde hace 17 años, las declaraciones de Pedro Sánchez han devuelto al primer plano a Mariscal de Gante y han obligado al Tribunal de Cuentas -el supremo órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector público- a reivindicar su «plena independencia en el ejercicio de sus funciones» y a recordar que tan sólo está sometido «al ordenamiento jurídico».

La jurista madrileña fue designada consejera del Tribunal de Cuentas por el pleno del Senado el 18 de julio de 2012 al lograr el respaldo de más de tres quintos que exige la ley. En concreto, consiguió 222 votos, el 83,77 % de la representación de la Cámara Alta. En aquella sesión fueron elegidos cinco consejeros más: otros dos a propuesta del PP (Javier Medina Guijarro y Manuel Aznar López) y tres a instancias del PSOE (Lluís Armet i Coma, Felipe García Ortiz y María Dolores Genaro Moya). Los puestos tienen una duración de nueve años, por lo que toca renovar este mes. Debido a las mayorías cualificadas que se requieren, se necesita un acuerdo entre PSOE y PP.

Pedro Sánchez considera un «anacronismo» que la ex ministra del PP sea quien decida la responsabilidad contable de ex cargos del ‘Govern’

Compañera de promoción de la hoy ministra Margarita Robles, Mariscal de Gante ingresó en la carrera judicial en 1980, siendo su primer destino un juzgado de Aguilar de la Frontera (Córdoba). Posteriormente estuvo al frente de juzgados de distrito en Aranjuez y Madrid (el 22), antes de convertirse en 1990 -a propuesta del PP- en la primera mujer que ocupaba una vocalía en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Seis años después se convirtió en una de las cuatro ministras que integraron el primer gabinete de José María Aznar junto con Loyola de Palacio (Agricultura), Esperanza Aguirre (Educación y Cultura) e Isabel Tocino (Medio Ambiente). Ninguna era del gusto de Carles Puigdemont, como éste escribió en una columna titulada ‘Axiomas’ y publicada en el diario El Punt el 24 de noviembre de 1996: «La composición del actual Consejo de Ministros español demuestra de forma evidente que no siempre los partidos de derechas tienen a las tías que están más buenas».

Aznar y el «currículum»

«El cargo me llegó por sorpresa, no me había preparado mentalmente para esa posibilidad y apareció de sopetón», contó a la periodista Pilar Urbano. En su libro Yo fui ministra, Cristina Larraondo reproduce parte de esa entrevista para recordar cómo se fraguó el nombramiento de Mariscal de Gante como titular de Justicia: «El 1 de mayo me telefoneó Francisco Álvarez-Cascos, que ya era vicepresidente in pectore, y me citó en su despacho de la sede central del PP en Madrid. Dos días después se celebraba el debate de investidura, y yo ni siquiera conocía personalmente a Aznar. Cascos me dijo: ‘Creemos que tienes todos los requisitos, pero si no aceptas por no asumir un riesgo o porque no quieres desvincularte de tu carrera, lo comprendemos. Actúa con libertad’. Eso de no asumir un riesgo me removió, fue como una campanada. Y me lancé, a pesar de que no pertenecía al partido ni había hecho campaña electoral. Eso sí, compartía el proyecto político del PP. Yo creo que Aznar se fijó, sobre todo, en mi currículum».

Mariscal de Gante había sucedido al súperministro Juan Alberto Belloch, al que Felipe González había nombrado ministro de Justicia en 1993 y al que le confió también la responsabilidad de Interior tras la dimisión -un año después- de Antoni Asunción. El socialista valenciano -fallecido en marzo de 2016- renunció al cargo tras fugarse Luis Roldán cuando estaba al frente de la Dirección General de la Guardia Civil y la justicia lo cercaba por corrupción.

El Senado designó a Mariscal de Gante consejera del Tribunal de Cuentas tras lograr el respaldo de más de tres quintos de la Cámara que exige la ley

Cuando el subsecretario Ramón García Mena compareció ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el 15 de octubre de 1996 para informar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 1997, reveló que el nuevo equipo que se había hecho cargo del ministerio se había encontrado una deuda de «15.000 millones de pesetas» (equivalentes a 90 millones de euros), de los que 4.500 se debían a Telefónica. «¿Sabes lo que había en la caja fuerte de mi despacho? ¡Los collares que el Rey y el ministro llevan sobre la toga en la apertura del año judicial¡ ¡Ni un solo papel!», declaró la ex ministra tiempo después a Pilar Urbano.

Mariscal de Gante es la titular de Justicia a la que menos le ha durado un fiscal general del Estado. El 6 de septiembre de 1996, cuatro meses después de su llegada al cargo, designó al bilbaíno Juan Ortiz Úrculo en sustitución de Carlos Granados. En mayo de 1997 lo cesó -aquél volvió a su destino de fiscal ante el Tribunal Constitucional- y designó a Jesús Cardenal, quien permaneció en el cargo hasta que el socialista Rodríguez Zapatero ganó las elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004 y nombró a Cándido Conde-Pumpido.

De ministra a diputada por Albacete

La etapa de Margarita Mariscal de Gante como ministra duró un solo mandato. Cesó en abril de 2000, semanas después de obtener escaño por la circunscripción de Albacete en los comicios generales celebrados el 12 de marzo. Fue diputada esa legislatura (2000-2004), ocupando la mitad del periodo la Vicepresidencia Primera de la Mesa de la Cámara. 

Completado su periplo en la política, la magistrada madrileña reingresó al servicio activo en la carrera judicial el 2 de abril de 2004, quedando adscrita al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este destino duró tan sólo unos meses, ya que la comisión permanente del CGPJ acordó el 28 de septiembre de 2004 que pasara a desempeñar la plaza de magistrado en el Registro Civil Central de Madrid. Es el puesto que ocupaba cuando fue designada consejera del Tribunal de Cuentas, responsabilidad que le obligará ahora a determinar si ex altos cargos de la Generalitat tienen responsabilidad contable por el presunto desvío de fondos para financiar el procés.

Que una ex ministra de Aznar sea quien tenga que resolver los expedientes de antiguos responsables políticos del Gobierno catalán es un «anacronismo» para Pedro Sánchez, a quien no se le ha escuchado la menor objeción al hecho de que otra ex ministra -la socialista María Teresa Fernández de la Vega- presida el Consejo de Estado, el órgano consultivo al que el Gobierno pidió dictamen sobre el real decreto-ley de los fondos europeos.

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