España

El Tribunal de Cuentas baraja aceptar la póliza del 'Govern' como fianza de los independentistas

PP y Ciudadanos avanzan que denunciarán a la Generalitat por avalar con fondos públicos el dinero reclamado a ex altos cargos por mal uso de las arcas catalanas | Las entidades personadas en el Tribunal de Cuentas estudian cómo hacerlo

Margarita Mariscal de Gante.

Margarita Mariscal de Gante. EFE

El Tribunal de Cuentas, que fijó en 5,4 millones de euros la fianza a exigir a más de una treintena de ex altos cargos catalanes por destinar fondos públicos a la promoción de la región como un estado independiente, aceptaría el fondo que la Generalitat ha anunciado que creará para cubrirla.

Fuentes próximas al órgano fiscalizador trasladaron a El Independiente que ven difícil rechazar por no cumplir con los requisitos exigidos la póliza creada por el Govern por medio de decreto ley para cubrir la cantidad reclamada a los funcionarios y altos cargos de la Generalitat que no se encuentren cubiertos por otras pólizas de seguros ya contratados por la administración catalana.

Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana (SCC) que ejercen la acción pública en el procedimiento abierto por el órgano fiscalizador por los gastos del Diplocat y las embajadas catalanas entre 2011 y 2017 tienen puesta su confianza en que el Tribunal de Cuentas rechace el aval al entender que no cumple con los requisitos puesto que, a fin de cuentas, consideran, la Generalitat estaría haciendo uso de dinero público aunque haya entidades de crédito intermediando. Sin embargo, fuentes próximas al tribunal no ven posibilidades de que la instructora del procedimiento rechace la cobertura de las fianzas.

Fernando Sánchez Costa, presidente de SCC, traslada que revisarán el decreto cuando se publique en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La entidad ha sido muy crítica con el desvío de dinero público para sustentar el procés, pero advierten de que la aprobación de un decreto con rango de ley para amparar a todos los servidores públicos no es fácilmente recurrible.

En este contexto, SCC estudiará dos posibles vías. Por un lado, la impugnación del propio decreto ley en el que se crea este nuevo fondo de 10 millones para amparar responsabilidades contables de los funcionarios de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y el ex vicepresidente Oriol Junqueras. Por otro, la posibilidad de impugnar el contrato de concesión del contra aval de la administración que servirá para facilitar que una entidad financiera garantice a los investigados. En ambos casos, se trataría de abrir una nueva vía judicial en el Contencioso-Administrativo, al margen de la investigación del Tribunal de Cuentas.

Los socialistas catalanes, por su parte, llaman a la prudencia. «Esperaremos a ver el texto del decreto» apunta su portavoz en el Parlament, Alicia Romero. La diputada recuerda, sin embargo, que ya advirtieron al Govern contra maniobras que pudieran vulnerar la legalidad.

Partido Popular y Ciudadanos anunciaron este martes que presentarán denuncias contra la Generalitat por presuntos delitos de malversación y prevaricación si avala con fondos públicos la reclamación del Tribunal de Cuentas. El presidente del PP, Pablo Casado, responsabilizó a Sánchez de permitir el desvío de fondos catalanes: «Sánchez tiene que decir inmediatamente si va a permitir esto, que es una malversación de otra malversación que ya se hizo y además sería una prevaricación», afirmó durante los cursos de veranos del PP en El Escorial (Madrid).

Precisamente las fuentes próximas del Tribunal de Cuentas consultadas reparan en que el Gobierno decidió no presentar denuncia en el Tribunal de Cuentas por el presunto desvío de fondos a través del Diplocat por medio de la Abogacía del Estado, por lo que difícilmente ven posible que los servicios jurídicos del Estado le informen ahora sobre los avances de la instrucción y el detalle del aval presentado para solicitar su impugnación.

Presiones a Aragonés

El decreto ley aprobado este martes por el Govern catalán es en buena parte fruto de la presión de JxCat y la CUP para que el ejecutivo de Pere Aragonès asumiera desde primera línea la defensa de los 34 investigados por el Tribunal de Cuentas. Solo 24 horas antes, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, aludía a la ‘caja de solidaridad’ para hacer frente a la fianza millonaria que debe consignarse antes del 21 de julio. Mientras, los portavoces de Junts y la CUP exigían que fuera el Govern el que asumiera el pago de los avales apelando a la defensa de las competencias de la Generalitat.

La intrincada maniobra jurídica orquestada por el Departamento de Economía para asumir el aval de forma indirecta ha permitido a Aragonès conseguir el aplauso unánime, por primera vez, de sus socios de legislatura. Aunque ha comportado también la amenaza de recurso tanto del PP como de Cs, a la espera de que el decreto pase el filtro del propio Tribunal de Cuentas.

Si la maniobra se materializa finalmente -falta cerrar el acuerdo con alguna entidad financiera que acepte asumir el aval a los investigados- la delegada instructora del proceso que entregó en Acta de Liquidación Provisional, Esperanza García, será la responsable de revisar ese aval. Una revisión que a buen seguro incluirá el contra aval de la Generalitat, la administración perjudicada por la supuesta malversación por la que son investigados los altos cargos de los gobiernos de Mas y Puigdemont.

Aplausos de Borràs y la CUP

En el extremo contrario se enmarcan los socios de Aragonès. «El Govern ha hecho lo que tenía que hacer, proteger a los servidores públicos que han hecho su trabajo de acuerdo con el mandato democrático», ha asegurado la presidenta del Parlament. Laura Borràs, representante del ala dura de JxCat, ha añadido que el hecho de que el Parlament tenga que ratificar la medida «reforzará la voluntad de caminar conjuntamente el ejecutivo y el legislativo».

«La Generalitat siempre tiene que estar al lado de todos los represaliados para defender los derechos de nuestro pueblo» ha argumentado la portavoz de la CUP, Laia Estrada, para aplaudir la decisión del Govern. Para la CUP toda medida «que vaya en esta dirección» es «correcta».

Eso sí, los antisistema han alertado al ejecutivo catalán que debe evitar que haya «represaliados de primera y de segunda» y ha exigido al Govern que «no haga distinciones».

Te puede interesar

Comentar ()