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La Fiscalía catalana investiga los avales de la Generalitat para las fianzas del Tribunal de Cuentas

Investiga la legalidad de la decisión del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de cubrir las fianzas reclamadas a los líderes independentistas por promover el 'procés' en el exterior pero la archiva para los miembros del 'Govern' porque son aforados

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en un encuentro reciente en Waterloo (Bélgica).

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en un encuentro reciente en Waterloo (Bélgica). EP

La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto, a raíz de una denuncia por presunta malversación de Cs, una investigación sobre la legalidad de la actuación del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en la emisión de avales para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos independentistas, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas por el presunto desvío de fondos públicos en la promoción exterior del procés.

En el decreto de incoación de diligencias, consultado por Europa Press, el fiscal superior de Cataluña ordena enviar el caso a la Fiscalía de Barcelona para que lo investigue.

El viernes, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, presentó a Fiscalía una denuncia contra la Junta de Gobierno del ICF y contra el Govern -al que tacha de cooperador necesario- por los avales a los investigados en el Tribunal de Cuentas, que considera una «absoluta ilegalidad».

La denuncia se centra en la decisión de la Junta del ICF que aprobó avalar las fianzas de los investigados, que pudo hacerse a raíz de un decreto que el Govern aprobó unos días antes creando un Fondo Complementario de Riesgos de 10 millones de euros.

Según Cs, este decreto fue «el presupuesto habilitante para la realización de una operación fraudulenta» para avalar las fianzas y evitar que los investigados fueran embargados.

Por la aprobación de este decreto, Cs también dirige la denuncia contra el Govern, aunque en el mismo decreto el fiscal ordena archivar la denuncia por el aforamiento de quienes fueron o son miembros de la Generalitat.

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