Francia podría ejecutar la orden europea de detención contra Carles Puigdemont cursada por el instructor del procés en el Tribunal Supremo Pablo Llarena una vez que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) le ha retirado la inmunidad parlamentaria, trasladan fuentes del Alto Tribunal a El Independiente.

A diferencia de la interpretación que hace la defensa del expresidente catalán sobre la resolución del tribunal europeo –que ha rechazado mantener la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí como medida cautelar– las fuentes consultadas por este diario consideran que el documento no dice en ningún momento que la euroorden esté suspendida.

Las citadas fuentes reconocen que ven difícil que los países miembros de la Unión Europea decidan entregar a España para ser juzgado por impulsar el procés al expresidente fugado de la Justicia hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva la cuestión prejudicial que planteó Llarena sobre la posibilidad de seguir reclamando a los exconsejeros fugados una vez que Bélgica decidió no entregar a Lluis Puig.

Pero, que los países vecinos vayan a ser prudentes «no quiere decir que no puedan hacerlo si quisieran», trasladan las fuentes consultadas haciendo alusión específicamente a Francia, donde Puigdemont ha estado esta misma mañana. El expresidente catalán tenía un acto del Consell per la República en el Palacio de los Reyes de Mallorca de Perpignan.

El Tribunal no ve el riesgo que alegan

En la resolución de este viernes, el Tribunal General de la Unión Europea decide retirar la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, Comín y Ponsatí. En sentido estricto, no mantiene dicha inmunidad solicitada como medida cautelar ante el riesgo manifestado por los tres de poder ser detenidos y perder sus derechos políticos.

En marzo de 2021, el Parlamento Europeo decidió levantar la inmunidad parlamentaria a los tres en respuesta al suplicatorio remitido a la Cámara por el Tribunal Supremo para poder reclamar la entrega del expresidente catalán y sus consejeros y juzgarles por el procés.

Pero, tras alegar éstos que podrían ser detenidos en Estrasburgo (Francia) al ir a la sesión constitutiva del Parlamento por tener retirada su inmunidad, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) decidió devolvérsela de manera provisional, lo que complicó que el juez Llarena pudiera reclamarles nuevamente.

La defensa de los tres europarlamentarios presentó una demanda de medidas cautelares a finales de mayo solicitando que se les mantuviera dicha inmunidad más tiempo. Pero, ahora, el TGUE ha rechazado dicha pretensión porque no aprecia el riesgo de ser detenidos de manera inminente que éstos alegan. Considera que no han demostrado que «su entrega a las autoridades españolas y su posterior puesta en situación de detención provisional fueran previsibles con un grado de probabilidad suficiente, en particular respecto al Estado en el que residen, en Bélgica», dicta la resolución consultada por El Independiente.

En cuanto a los desplazamientos a la sede francesa del Parlamento Europeo, el tribunal traslada que pueden desplazarse a las reuniones allí porque «la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de éste permanece jurídicamente intacta» de acuerdo con el artículo 9 del protocolo número 7 de los privilegios e inmunidades de la Unión Europea (Article 9 of Protocol No 7 on the Privileges and Immunities of the European Union).

Supedita a la resolución de la cuestión prejudicial

En este sentido, recuerda la reciente decisión de Bélgica de no entregar a Lluis Puig y la respuesta a la cuestión prejudicial de Llarena que queda pendiente, considerando poco probable que los países de la Unión Europea decidan entregar al expresidente catalán a España para ser juzgado.

«En estas circunstancias, se debe concluir que mientras el Tribunal de Justicia no se pronuncie en el asunto prejudicial Puig y otros, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas», exponen desde el TGUE.