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El Govern completa la desarticulación de la "guardia pretoriana" de Torra

La dirección de la policía autonómica recupera el control sobre todos los agentes, también los escoltas del President, ero lo pierde sobre los abogados que deben defender a los agentes ante los tribunales

Quim Torra ante la guardia del Parlament, tras ser investido presidente Parlament

Pere Aragonès y su consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, se irán este viernes de vacaciones habiendo completado el desmantelamiento de la «guardia pretoriana» de Quim Torra. Es decir, el cuerpo de escoltas creado por el anterior inquilino del Palau de la Generalitat para garantizar la seguridad de los presidentes y expresidentes catalanes.

Su peculiaridad: Torra quiso que este grupo de escoltas no dependiera orgánicamente de Interior ni del jefe de los Mossos, sino del propio departamento de Presidencia. La nueva unidad, creada por el entonces consejero Miquel Buch, sirvió, entre otras cosas, para facilitar turnos y relevos a los agentes que pasaron a formar parte de manera extraoficial de la escolta de Carles Puigdemont en Bélgica.

En la última reunión del curso político y antes de cumplirse los 100 dias del nuevo Govern el Consell Executiu aprobó este martes el decreto de reestructuración del Departamento de Interior. Una reestructuración con dos decisiones de peso. Por un lado, la desaparición del área de escoltas de Presidencia. Por otro, la derivación de la defensa penal de los mossos al departamento de Presidencia.

En otras palabras, la dirección de la policía autonómica recupera el control sobre todos los agentes, también los escoltas del president. Pero lo pierde sobre los abogados que deben defender a los agentes ante los tribunales. También cuando se trate de acusar a manifestantes que incurran en delitos de lesiones o atentado a la autoridad. Eso será ahora decisión del Departamento de Presidencia.

Dos áreas de escoltas

La nueva estructura supone la creación de una nueva División de Escoltas en los Mossos. Esta unidad, que dependerá de la Dirección General de Policía del Departamento de Interior -no del Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero– se divide en dos áreas. La primera, centrada en el presidente y ex presidentes y la seguridad del Palau de la Generalitat, además de «los edificios que determine la Secretaría General de Presidencia».

La segunda área, de Seguridad de Autoridades, dará cobertura al todo el resto de autoridades en Cataluña, desde los consejeros del gobierno a altos cargos o responsables de otras instituciones. Esta nueva estructura, aseguran desde Interior, «facilitará la coordinación operativa y permitirá una mejor gestión de los recursos».

Respecto a los cambios en el departamento jurídico de Interior, Elena anunció esa reestructuración en el Parlament y lo atribuyó a un modo de optimizar recursos y garantizar más medios para la defensa legal de los agentes. Pero lo hizo en plena polémica por la condena a un militante de ERC, Pol Serena, por enfrentarse a los Mossos en una de las protestas tras la sentencia del procés. Un juicio en el que la Generalitat se personó como acusación en defensa de los mossos agredidos, mientras en la puerta se manifestaba Oriol Junqueras en favor del acusado.

Ahora, la defensa de los mossos, o la posibilidad de presentar denuncias contra presuntos agresores, no dependerá de Interior sino del Gabinete Jurídico de la Generalitat, que depende de Presidencia. Los agentes deberán recurrir a la Direcció General de Asuntos Contenciosos, lo que a jucio del Govern «permitirá una mayor coherencia en la defensa de los servidores públicos».

La CUP recibió el anuncio como una buena noticia, convencidos de que esto evitará que el Govern actúe como acusación contra militantes independentistas en caso de enfrentamientos con los mossos. Y los sindicatos policiales recelan de la medida.

Desde el Govern, sin embargo, la portavoz, Patricia Plaja, asegura que no habrá criterios políticos en la defensa de los mossos. «Todos los servidores públicos recibirán la misma asistencia letrada, los servicios jurídicos pasan a depender del gabinete jurídico central por criterios estrictamente técnicos».

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